Diversas organizaciones sindicales, populares y profesionales advirtieron sobre los posibles efectos de la crisis internacional en la economía dominicana y plantearon un conjunto de medidas estructurales orientadas a proteger el poder adquisitivo de la población.
En una declaración conjunta, los gremios expresaron su preocupación por las implicaciones económicas derivadas del conflicto en el Medio Oriente, al señalar que podría traducirse en mayores presiones inflacionarias, alza de los combustibles y un deterioro de los ingresos reales de los trabajadores.
Las entidades firmantes consideraron insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno y cuestionaron la ausencia de un enfoque de largo plazo que garantice estabilidad económica con equidad social. En ese sentido, propusieron cinco acciones prioritarias.
Entre sus recomendaciones figura la indexación de los salarios al costo de vida, con el objetivo de que los ingresos se ajusten al ritmo de la inflación y se preserve la capacidad de consumo de los hogares.
También plantearon revisar las exenciones fiscales en sectores como el turismo y las zonas francas. A su juicio, una racionalización de esos incentivos permitiría ampliar el espacio fiscal sin trasladar la carga a los sectores más vulnerables.
Otro punto central es la renegociación del contrato del Estado con la empresa minera Barrick Gold, para asegurar una mayor participación pública en los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales.
Asimismo, propusieron una reducción temporal del ITBIS en productos de primera necesidad como medida de alivio inmediato ante el aumento de precios, junto con la racionalización del gasto público no prioritario, incluida la publicidad gubernamental.
En su pronunciamiento, llamaron a la unidad del movimiento sindical y popular para impulsar medidas que mejoren las condiciones de vida de la población y preserven los derechos democráticos.
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