Organizaciones sociales manifestaron este martes que se debe realizar un debate público con la finalidad de analizar el Presupuesto 2026, el cual fue aprobado por el Gobierno y remitido al Congreso Nacional.
Durante el seminario “Debate fiscal para garantizar derechos”, las organizaciones indicaron que la discusión del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2026, es una oportunidad para repensar como hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
En ese orden, el director de Ciudad Alternativa, Ricardo González calificó de “inaceptable” que el Congreso Nacional aún no haya abierto un espacio de deliberación pública sobre el Presupuesto 2026.
“No se han convocado vistas públicas ni se ha respondido a la solicitud formal de reunión con la Comisión Bicameral que estudia el proyecto. Exigimos transparencia y un proceso participativo a la altura de las decisiones que están en juego para el país”, expresó.
Además, González subrayó que el país atraviesa una “profunda” crisis fiscal, lo que, a su entender, urge un pacto fiscal que convierta el presupuesto en una herramienta de justicia y democracia.
Asimismo, la economista Rosa Cañete coincidió con González al indicar que el país necesita con urgencia un pacto fiscal y social amplio para definir prioridades, aumentar ingresos y reformar la estructura del gasto público.
Cañete subrayó que el Presupuesto de 2026 por sí solo no puede corregir los problemas estructurales acumulados durante décadas, al tiempo que dijo un pacto fiscal debe partir de la discusión sobre prioridades nacionales, como garantizar acceso universal a agua, salud, cuidados, educación y vivienda digna.
Durante la presentación del análisis “Un presupuesto sin pacto”, Cañete explicó que las limitaciones del actual modelo fiscal impiden que el Estado atienda las necesidades esenciales de la población sin recurrir continuamente al endeudamiento.
Señaló que el país está atrapado en un bucle fiscal en el que el gasto supera los ingresos, se incrementa la deuda y los intereses consumen cada vez más recursos, los cuales dijo deberían destinarse a políticas sociales.
Las organizaciones de la sociedad civil reiteraron la necesidad de cumplir con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y convocar un pacto fiscal, en el cual el cambio fiscal se construya de manera” transparente, participativa e inclusiva”, así como la inclusión de criterios de equidad y justicia tributaria que permitan reducir desigualdades y recuperar la legitimidad del Estado.
Brechas en salud, género y vivienda
Durante el seminario “Debate fiscal para garantizar derechos”, los especialistas presentaron un análisis en materia de salud, género y vivienda, los cuales consideraron figuran con debilidades en el Presupuesto 2026.
Sobre salud, la economista Rosa Cañete destacó que la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) indica que en el Presupuesto 2026 se mantiene una baja prioridad del primer nivel de atención, destinando solo un 12 % de los recursos del Servicio Nacional de Salud (SNS) a atención primaria.
En cuanto a género, los datos presentados destacaron que el Presupuesto 2026 identifica RD$ 13,177 millones como gastos para reducir brecha de género, sin embargo, los expertos consideraron que la inversión sigue siendo insuficiente frente a necesidades como: el sistema de cuidados, autonomía económica de las mujeres, la prevención de violencia, entre otros.
Asimismo, sobre las viviendas, la experta indicó que solo el 7 % del presupuesto del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) beneficia directamente a las familias sin acceso a crédito, mientras que los fideicomisos inmobiliarios y los esquemas de precios de subsidiados concentran la mayor parte del apoyo estatal.
A continuación, análisis "Un presupuesto sin pacto”, autoría de la economista Rosa Cañete:
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}