La Superintendencia de Bancos publicó el 4 de noviembre de 2026 el informe de su Encuesta de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales 2026, respondida por las 45 entidades de intermediación financiera del sistema. El resultado tiene dos caras. En 39 entidades (86.67 %), que concentran el 98.51 % de la cartera de crédito, el consejo de administración ya reconoce que los asuntos ambientales y climáticos tienen un impacto financiero material. Al mismo tiempo, 40 entidades (88.89 %) declaran que ese reconocimiento no ha cambiado la calificación crediticia de sus deudores. La banca dominicana ya cree que el clima le costará dinero; lo que todavía no sabe es cuánto, ni a quién.
Hace dos meses analizamos en esta columna la Guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos ambientales y sociales, puesta a disposición del sector mediante la Carta Circular CCI-REG-2026000010 del 10 de agosto de 2026, de carácter orientador y no vinculante. La encuesta es la primera fotografía del sector tras esa guía, comparable con la línea base de febrero de 2024, cuando respondieron 43 entidades. El Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) lo tienen operando 11 entidades (24.44 %), las mismas 11 de hace dos años; las que lo estudian pasaron de 18.60 % a 28.89 %, y las que no lo contemplan bajaron de 55.81 % a 46.67 %. Las políticas aprobadas alcanzan 28.89 %, pero las que están en desarrollo formal saltaron de 6.98 % a 48.89 %. Es un sector en tránsito: pocas llegadas, muchas salidas.
El dato que más debería inquietar es de gobierno corporativo. En 17 entidades (37.78 %) el tema no se discute en ningún comité formal. Donde sí se discute, lo lleva el Comité de Gestión Integral de Riesgos (44.44 %) o la alta gerencia (40.00 %), y solo una entidad (2.22 %) lo ha llevado al Comité de Auditoría. Las 16 entidades con un responsable formal le dedican una mediana de dos personas. Un riesgo que no pasa por el comité de auditoría es un riesgo que nadie verifica.
La segunda brecha es de datos. Apenas seis entidades (13.33 %) documentan las pérdidas causadas por eventos ambientales o climáticos, y solo una lo hace con cuantificación financiera por sector. El 64.44 % no etiqueta sus créditos verdes en el core bancario, el 37.78 % no consulta fuentes externas de información climática de manera estructurada y solo el 11.11 % tiene metas ambientales aprobadas. Sin registro de pérdidas no hay frecuencia ni severidad; sin ellas no hay provisión posible, y el riesgo queda, por defecto, a cargo del capital.
La propia encuesta señala dónde duele: el 66.67 % de las entidades identifica a la agropecuaria y a la construcción como los sectores más vulnerables al cambio climático. La cartera agropecuaria cerró 2025 en RD$ 132,415 millones, cerca del 10 % del crédito comercial, con una morosidad de 0.8 % en la banca múltiple, según el informe de evolución de la cartera agropecuaria de la Superintendencia de Bancos a diciembre de 2025. Esa morosidad mide el pasado; no mide la sequía ni el huracán que aún no han ocurrido. Además, de las 11 entidades con SARAS, siete aplican umbrales de activación entre RD$ 15 y RD$ 88 millones, de modo que el productor mediano y la mipyme de la costa, los deudores más expuestos, quedan por debajo del radar.
Hay señales alentadoras. El 68.89 % de las entidades planea alinearse con la Taxonomía Verde Nacional por iniciativa propia, el 80.00 % la valora como herramienta de gestión de riesgos y el 62.22 % identifica la capacitación del personal de negocios y riesgos como el ajuste prioritario. Las entidades piden al supervisor gradualidad y proporcionalidad antes que cargos de capital. Quienes seguimos la banca dominicana por dentro compartimos ese enfoque, con una advertencia: proporcionalidad no significa aplazamiento.
De ahí cuatro recomendaciones. Primero, a los consejos: incorporar el riesgo ambiental y climático al plan anual del Comité de Gestión Integral de Riesgos y del Comité de Auditoría, con una revisión formal de la exposición sectorial y territorial de la cartera. Segundo, a las entidades: abrir desde ya un registro de pérdidas por eventos climáticos y georreferenciar las garantías, porque el Reglamento de Evaluación de Activos ya exige medir la capacidad de pago y el valor de las garantías, y un terreno inundable vale menos aunque la tasación lo calle. Tercero, a la Superintendencia de Bancos: publicar, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, la Onamet y el Banco Central, la información sectorial y territorial de referencia que las entidades dicen no tener, con un calendario de expectativas supervisoras que culmine en una prueba de tensión climática piloto con la banca múltiple. Cuarto, a todos: sustituir los umbrales en pesos por listas de verificación simplificadas para el crédito agropecuario y mipyme, para que el deudor pequeño y expuesto no quede fuera del análisis por el tamaño del préstamo.
La estabilidad financiera descansa en que el capital y las provisiones cubran los riesgos que existen, no solo los que ya se materializaron. Los consejos dieron el paso más difícil, admitir el problema; falta el que protege el balance. Reconocer el riesgo es el primer paso; medirlo es el único que cuida el capital.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
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