Nueva ley de contrataciones permitirá cancelar procesos irregulares y fortalecer compras locales, afirma Juan Figueroa

La nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado dominicano gestiona sus compras, al otorgar mayores facultades al órgano rector para cancelar procesos irregulares, impulsar la contratación local y reforzar la transparencia, afirmó Juan Figueroa, economista de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Durante una entrevista en el programa Consumo e Inversión, Figueroa explicó que la normativa actualiza un marco legal que ya no respondía a la realidad institucional ni al mercado, tras casi dos décadas de vigencia de la Ley 340-06. “La contratación pública no es solo comprar; es inversión, desarrollo y servicios para el ciudadano”, sostuvo.

Uno de los cambios más relevantes de la Ley 47-25 es que la DGCP ahora puede suspender o cancelar procesos de contratación en cualquier etapa, incluso con contratos en ejecución, cuando se detecten irregularidades. Antes, esa decisión recaía exclusivamente en las unidades de compra. Según Figueroa, esta medida fortalece la protección del interés público y reduce los márgenes para prácticas indebidas.

El economista subrayó que la contratación pública representa entre el 28 % y el 35 % del presupuesto del Estado, y entre el 6 % y el 12 % del PIB, por lo que su impacto económico es determinante. En ese contexto, la nueva ley introduce el principio de “valor por dinero”, orientado a evitar compras baratas pero ineficientes que terminan generando mayor gasto público.

La normativa amplía además los principios rectores de la contratación, que pasan de nueve a 21, incorporando criterios como sostenibilidad, eficiencia, fomento de la producción nacional y contratación local. Figueroa señaló que ahora las instituciones con presencia territorial están llamadas a comprar en sus propias comunidades, lo que dinamiza las economías locales y corrige distorsiones históricas.
Otro elemento es la modernización digital del sistema, con modalidades como los convenios marco y la tienda virtual de compras públicas, una plataforma que permite adquisiciones ágiles y transparentes, siempre que existan los recursos disponibles.

En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, Figueroa destacó el uso combinado de monitoreo humano e inteligencia artificial, que activa “banderas rojas” para prevenir irregularidades, así como un régimen de sanciones tanto para las instituciones como para los proveedores. También resaltó que cualquier ciudadano puede acceder al sistema electrónico de contrataciones y dar seguimiento en tiempo real a los procesos.

La Ley 47-25 también amplía las oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La cuota mínima de participación aumenta hasta un 20 % y puede llegar al 30 % cuando se trata de empresas lideradas por mujeres, además de simplificar trámites y facilitar el registro como proveedor del Estado.

Figueroa llamó finalmente a empresarios y ciudadanos a informarse sobre la nueva normativa y a participar en los procesos de capacitación y veeduría que impulsa la DGCP. “La transparencia no depende solo del Estado; también requiere una ciudadanía activa y vigilante”, concluyó.

Consumo e Inversión es conducido por Alexis Cruz Rodríguez y Raúl Hernández Báez, y se transmite todos los domingos a las 7:00 p. m. por Acento TV, canal 38 de Claro TV y canal 39 de Altice.