El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, advirtió que la nueva Ley de Contrataciones Públicas presenta desafíos para el sector industrial, al exigir mayores capacidades técnicas, administrativas y de cumplimiento por parte de las empresas que participan en los procesos de compras del Estado.
Señaló que la ampliación de los criterios de evaluación, las exigencias en materia de sostenibilidad, el fortalecimiento de los regímenes de control y las inhabilitaciones éticas más rigurosas obligan a las empresas a elevar sus estándares de gestión y cumplimiento.
Consideró que la entrada en vigor de la ley esté acompañada de procesos de formación, orientación y diálogo permanente entre la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el sector productivo, a fin de garantizar una aplicación efectiva y equilibrada de la normativa.
No obstante, el dirigente empresarial reconoció que la nueva Ley de Contrataciones Públicas representa un hito en la modernización del Estado dominicano, al redefinir la relación entre el sector público y sus proveedores bajo “principios de transparencia, eficiencia y creación de valor para la sociedad”.
Desde la óptica del sector industrial, destacó la incorporación del criterio de “valor por dinero”, que permite evaluar el precio, la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental de las ofertas a contratar por el Estado dominicano.
“Estos ejes abre oportunidades para una industria formal, innovadora y responsable”, resaltó el ejecutivo.
Brache también resaltó la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Contrataciones.
Agregó que estos elementos “aportan mayor previsibilidad, trazabilidad y seguridad jurídica a los procesos”, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la confianza empresarial.
Asimismo, valoró la normativa en la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (mioymes), los productores locales y la simplificación de procedimientos en determinados niveles de gobierno.
”Estas disposiciones pueden fortalecer los encadenamientos productivos y la diversificación de la base industrial del país”, dijo.
Además, el presidente de la AIRD reiteró la disposición del gremio de colaborar en la elaboración de reglamentos y normas complementarias, y expresó su confianza en que la nueva ley contribuya a convertir las compras públicas en un catalizador de competitividad, innovación y desarrollo sostenible para República Dominicana.
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