Liberar RD$ 18,000 millones mediante el ajuste salarial no sería pérdida para el fisco, sino una inversión que regresaría multiplicada

En un momento en que la economía dominicana enfrenta el doble desafío de preservar el poder adquisitivo de los hogares y mantener el crecimiento interno en medio de un entorno global incierto, la discusión sobre actualizar los tramos salariales del impuesto sobre la renta adquiere renovada relevancia. Una liberación estimada de RD$ 18,000 millones por esa vía no solo aliviaría la carga de miles de trabajadores, sino que podría convertirse en un motor multiplicador de consumo, crédito y crecimiento fiscalmente sostenible. En esencia, se trata de una política de justicia económica y eficiencia macroeconómica: devolver poder adquisitivo a quienes sostienen el consumo formal y la estabilidad tributaria del país.

El sistema actual grava a las personas físicas con tasas de 0 % hasta RD$ 416,220, 15 % entre RD$ 416,220 y RD$ 624,329, 20 % entre RD$ 624,329 y RD$ 867,123 y 25 % a partir de ese nivel. El congelamiento prolongado de estos tramos ha convertido la inflación y los modestos aumentos salariales en un castigo silencioso que empuja a los trabajadores hacia niveles impositivos más altos sin un aumento real en su poder adquisitivo. Ajustar los tramos o ampliar la base exenta liberaría RD$ 18,000 millones anuales que hoy se diluyen en impuestos pagados por asalariados medios y medio-bajos, los cuales destinan la mayor parte de su ingreso al consumo de bienes y servicios locales.

Bajo un supuesto conservador de que el 80 % de ese ingreso liberado se orientaría al consumo interno, el gasto adicional rondaría los RD$ 14,400 millones. En una economía con un PIB nominal cercano a los USD$ 125 mil millones de dólares, este estímulo equivale a un aumento inmediato de entre 0.10 % y 0.15 % del producto, sin considerar los efectos de arrastre sobre empleo, producción y crédito.

Pero más importante aún es que una parte significativa de ese dinero retornaría al Estado por la vía de los impuestos indirectos: solo el ITBIS del 18 % podría recuperar entre RD$ 2,600 y 3,000 millones, a los que se sumarían alrededor de RD$ 1,200 millones por impuestos selectivos y gravámenes sobre transacciones e importaciones. En total, casi un tercio de la liberación fiscal regresaría automáticamente al fisco, reduciendo el costo neto real de la medida a unos RD$ 12,000-13,000 millones (alrededor de 0.1 % del PIB).

El universo beneficiado rondaría los 764,592 empleados públicos y privados, es decir, el núcleo de la clase media formal dominicana: maestros, técnicos, personal de salud, empleados bancarios, administrativos, ingenieros, servidores públicos y profesionales de empresas medianas y grandes. Este segmento es el principal soporte del consumo formal y de la recaudación indirecta, por lo que aliviar su carga tributaria no es un gasto fiscal, sino una inyección de poder de compra al corazón de la economía formal.

Los efectos multiplicadores van más allá del consumo. Al aumentar el ingreso disponible, mejora la capacidad de pago y la confianza de los hogares, lo que a su vez refuerza la intermediación bancaria. Una parte del dinero liberado se utilizaría para amortizar deudas de consumo, fortalecer el ahorro o acceder a nuevos créditos hipotecarios y productivos. Ello podría generar un aumento de entre 1.5 % y 2 % anual en el flujo de préstamos del sistema financiero (equivalente a RD$ 25,000-30,000 millones), alimentando un círculo virtuoso entre consumo, crédito y crecimiento.

Contrario a la percepción de que una liberación fiscal erosiona la recaudación, esta medida ampliaría la base imponible futura. Al dinamizar el consumo y la producción local, el Estado recauda más por ITBIS, ISC y contribuciones empresariales. En un país con una presión tributaria de apenas 13.9 % del PIB, una de las más bajas de América Latina, liberar impuestos para fortalecer la demanda interna puede ser una palanca inteligente de crecimiento inclusivo. Si cada año el estímulo genera un aumento adicional de 0.1 % del PIB, en tres a cinco años el impacto acumulado podría rondar 0.3-0.5 %, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Además, ajustar los tramos salariales sería un incentivo al trabajo formal y a la eficiencia del sistema tributario, al reducir la evasión y estimular la formalización. La medida también debe acompañarse de una gestión fiscal responsable: fortalecimiento institucional, control del gasto, y mejora en la administración tributaria para que el impacto sea sostenible y equitativo.

En última instancia, el ajuste de los tramos impositivos no constituye un privilegio, sino una corrección necesaria. Es devolver justicia a quienes han visto mermar su ingreso real sin que el Estado lo reconozca. Es, también, una forma de política contracíclica moderada que impulsa la economía desde el bolsillo de los trabajadores.

Liberar RD$ 18,000 millones mediante el ajuste salarial no sería una pérdida para el fisco, sino una inversión que regresaría multiplicada: en mayor consumo, en crédito más dinámico, en empleo formal y en una base tributaria más sólida. Cuando los asalariados tienen más dinero en el bolsillo, la economía se mueve, el crédito fluye y el Estado termina recuperando por la vía del crecimiento lo que cedió por justicia.

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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram