La transición energética ya no es opcional para RD: Max Puig advierte sobre los riesgos de la dependencia de combustibles fósiles

La crisis climática global y las tensiones geopolíticas por el control de los recursos energéticos han colocado a la República Dominicana ante una disyuntiva que, según Max Puig, ya no admite dilaciones: acelerar la transición hacia las energías renovables o seguir atada a una matriz basada en combustibles importados cuyo precio y disponibilidad dependen de factores que el país no controla.

"El actual escenario económico y geopolítico que vive el mundo nos deja una lección clara, y es que la transición energética no es opcional para la República Dominicana, es obligatoria y es imprescindible si queremos alcanzar las metas socioeconómicas y de desarrollo que nos hemos planteado como país", afirmó Puig en declaraciones ofrecidas en un programa de alcance nacional de la televisión dominicana.

Un problema de soberanía, no solo de clima

Para Puig, el debate sobre las energías renovables ha sido enmarcado de manera equivocada. La discusión no debería girar únicamente en torno a la reducción de emisiones de carbono —un objetivo en el que la incidencia dominicana es, por su tamaño, limitada—, sino en torno a la independencia energética como condición de desarrollo.

"El uso de las energías renovables no debe mirarse solo con la óptica de la reducción de emisiones, sino que es una cuestión de adaptación básica, porque se trata de reducir la dependencia de recursos importados como el gas, el petróleo y el carbón, y sustituirlos, en la medida de lo posible, por energía fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, de biomasa, geotérmica y mareomotriz, porque ninguna de esas fuentes de energía tiene que atravesar el estrecho de Ormuz", sostuvo el funcionario.

El argumento es contundente: mientras el país siga dependiendo de combustibles fósiles importados, su economía quedará expuesta a los vaivenes de los mercados internacionales, los conflictos armados y las decisiones de potencias extranjeras sobre las rutas de suministro.

El modelo fósil, en la raíz del problema

Puig fue explícito al señalar que el modelo económico basado en combustibles fósiles no es solo ambientalmente insostenible, sino estructuralmente injusto: son los países en desarrollo —que menos han contribuido al problema— quienes cargan con el mayor peso de sus consecuencias. "Los países en desarrollo enfrentan el reto de adaptarse a un fenómeno que no generaron", subrayó.

2,000 millones de dólares en juego

Más allá del discurso, Puig citó cifras concretas. Estudios realizados en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que una transición acelerada hacia las energías renovables podría generar ahorros superiores a los 2,000 millones de dólares para el país hacia el año 2050.

El dato cobra mayor relevancia en el contexto actual: según datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), el sector eléctrico dominicano captó US$ 1,198 millones en inversión extranjera directa en 2025, y se proyectan otros US$ 705 millones para 2026, con las energías limpias como protagonistas de esa expansión.

Los intereses que frenan el cambio

Sin embargo, Puig no eludió la parte incómoda del diagnóstico. Reconoció abiertamente que la transición enfrenta resistencias vinculadas a intereses económicos instalados en el actual modelo energético.

"Sabemos lo que hay que hacer, pero también existen intereses que frenan que esas medidas se ejecuten, y es natural que así sea, por lo que es necesario armonizar los intereses y las necesidades del país para apuntalar el desarrollo nacional", advirtió.

La declaración, aunque cuidadosa en sus formas, apunta a un problema estructural que distintos actores del sector han señalado en los últimos meses: la expansión de las renovables en el país avanza, pero choca con cuellos de botella regulatorios, de infraestructura y de almacenamiento que no son ajenos a las presiones de los operadores del sistema térmico tradicional.

Para Puig, superar esas resistencias no es solo una cuestión técnica: requiere decisión política y visión estratégica de largo plazo.

Clima extremo y fragilidad institucional

El funcionario también alertó sobre otra dimensión del problema: los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, más intensos y menos previsibles, lo que exige mejorar los sistemas de alerta temprana y fortalecer la infraestructura institucional del país. En ese sentido, identificó como una debilidad crítica la falta de formación especializada en meteorología, una carencia que limita la capacidad de respuesta ante fenómenos que, en un país caribeño como la República Dominicana, pueden tener consecuencias devastadoras.

Las advertencias de Puig se producen en un momento en que el país avanza en la construcción de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) y en que el debate sobre la regulación del almacenamiento en baterías —clave para estabilizar una matriz con alta penetración solar— está sobre la mesa del regulador eléctrico.