El acceso al crédito es un pilar fundamental para el desarrollo financiero de los individuos y las empresas. Sin embargo, en la República Dominicana, muchos clientes que han tenido créditos castigados en el sistema bancario se encuentran con la imposibilidad de volver a acceder a financiamiento, incluso cuando su historial en los burós de crédito comerciales aparece limpio. Esta situación genera una brecha importante en el sistema financiero, pues, aunque las personas hayan regularizado su situación, siguen siendo penalizadas por un período de hasta más de diez años en la Central de Información Crediticia de la Superintendencia de Bancos.
El problema radica en la diferencia de los períodos de reporte de las entidades de información crediticia. Por un lado, la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 establece que la Superintendencia de Bancos debe mantener un registro de hasta diez años de los créditos castigados o vencidos. Por otro lado, la Ley de Protección de Datos Personales No. 172-13 y la Circular SB 202300014 establecen que los burós de crédito comerciales pueden procesar información de historial crediticio por un período máximo de cuatro años.
Esto crea una disparidad significativa. Un cliente puede verificar su historial en un buró comercial, y ver un expediente limpio después de cuatro años, y en la mayoría de los casos hasta haber pagado el crédito castigado a las abusivas y chivos sin ley de las famosas empresas de cobros compulsivos que suelen comprar estas deudas a precios de vacas muertas.
Pero el cliente, al intentar solicitar un nuevo préstamo en una entidad bancaria, su historial sigue reflejando la deuda castigada en la Central de información Crediticia de la Superintendencia de Bancos, independientemente este la haya saldado o no, a estas empresas de cobros compulsivos. Esta inconsistencia pone en desventaja a los clientes que buscan reintegrarse al sistema financiero y limita la equidad en la evaluación crediticia.
El mantenimiento prolongado de la información de créditos castigados tiene diversas repercusiones negativas:
Dificultad para acceder a nuevos créditos: A pesar de haber regularizado su situación, los clientes continúan siendo penalizados, lo que dificulta su reinserción en el sistema financiero formal.
Desigualdad en la evaluación crediticia: Mientras que los burós comerciales consideran que la deuda ya no es un factor de riesgo después de cuatro años, la Superintendencia de Bancos sigue reflejándola por diez años y hasta más, lo que genera criterios dispares para la aprobación de financiamiento.
Fomento de la informalidad financiera: Ante la imposibilidad de acceder a crédito bancario, muchas personas recurren a prestamistas informales con condiciones menos favorables y tasas de interés elevadas.
Desactualización de la Ley Monetaria y Financiera: La legislación vigente, aprobada en 2002, no ha sido adaptada a los cambios del mercado financiero ni a las nuevas disposiciones de la Constitución Dominicana de 2010 ni de la Ley de Protección de Datos Personales de 2013, en lo concerniente al derecho al olvido, que exigió la SB implementar a las Sociedades de Información Crediticia, pero que no se aplica en el propio Órgano Supervisor.
¿Hasta cuándo debe permanecer esta información en la Central de Información Crediticia?
La permanencia de las informaciones castigadas en la Central de Información Crediticia de la Superintendencia de Bancos debe ser revisada con base en principios de equidad, transparencia y acceso justo al crédito. La actual legislación impone un período de diez años, lo que contrasta con el estándar internacional de muchos países, donde este tipo de registros se eliminan después de cuatro a cinco años tras la regularización del crédito.
Para garantizar un sistema financiero más justo y funcional, es recomendable establecer un plazo de permanencia uniforme entre la Superintendencia de Bancos y los burós comerciales, lo que permitiría a los clientes recuperarse financieramente sin ser penalizados de manera desproporcionada.
Recomendaciones para la Superintendencia de Bancos y el Regulador
Para abordar esta problemática, se deben tomar medidas que equilibren la protección del sistema financiero con la necesidad de permitir a los clientes rehabilitarse económicamente. Algunas recomendaciones clave incluyen:
La normativa debe ser actualizada para reflejar los estándares modernos de acceso al crédito y protección de datos personales. Se debería considerar reducir el período de permanencia de los créditos castigados en la Superintendencia de Bancos de diez a cuatro años, alineándose con la Ley de Protección de Datos Personales.
La información que se presenta en la Superintendencia de Bancos debe estar alineada con la que manejan los burós comerciales, garantizando así una evaluación crediticia coherente y justa.
A través de normativas más claras, se debe garantizar que aquellos clientes que han cumplido con sus obligaciones crediticias no sean penalizados indefinidamente.
Informar a los ciudadanos sobre la importancia del historial crediticio y los mecanismos para limpiar su récord es crucial para fomentar una cultura de responsabilidad financiera.
La disparidad en los tiempos de reporte de los burós de crédito comerciales y la Superintendencia de Bancos afecta negativamente a cientos de miles de clientes en la República Dominicana. Mientras que la información en los burós comerciales se elimina tras cuatro años, la Superintendencia de Bancos la mantiene por diez años, impidiendo que los clientes puedan acceder nuevamente a financiamiento.
Para solucionar esta situación, es fundamental que el regulador tome medidas para actualizar la Ley Monetaria y Financiera, estandarizar los plazos de reporte de crédito y garantizar que los clientes que han regularizado su situación puedan reinsertarse en el sistema financiero. Un sistema de crédito justo y equitativo beneficiará no solo a los clientes, sino también a las propias entidades bancarias, que podrán ampliar su base de clientes y fomentar un mercado financiero más dinámico y sostenible.
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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.
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