¿IA es el nuevo fracking?

¿Se están convirtiendo los centros de datos en el nuevo fracking? Es una pregunta que vi planteada por primera vez en un informe de investigación de Strategas el pasado mes de febrero. Desde entonces, la creciente reacción en contra de la inteligencia artificial (IA) me hace pensar que la respuesta es sí. Aunque se espera que Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft y otras empresas gasten alrededor de US$ 700 mil millones en la construcción de centros de datos de IA en América del Norte este año, estos gigantes corporativos totalmente integrados están empezando a enfrentar una reacción negativa por las implicaciones de la tecnología. Las consecuencias económicas y para el mercado podrían ser significativas.

Según el proyecto Data Center Watch, el año pasado se detuvieron o paralizaron proyectos de centros de datos de IA por un valor de US$ 156 mil millones debido a preocupaciones que abarcaban desde el aumento de los precios de la electricidad (los centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad) hasta la escasez de agua (un centro de datos puede necesitar entre 1 y 5 millones de galones diarios) y la pérdida de empleos relacionados con la tecnología. Así como la oposición al fracking, o fracturación hidráulica, generó preocupaciones "no en mi patio trasero" (NIMBY, por sus siglas en inglés) sobre las implicaciones ambientales y de salud de la tecnología, paralizando las perforaciones, las preocupaciones sobre la IA ahora están frenando el despliegue de centros de datos.

Un informe de Jefferies señala que 47 estados estadounidenses habían considerado nuevas legislaciones para regular la tecnología a mediados de 2025, y más de 30 habían promulgado nuevas leyes que abarcaban desde la protección de los denunciantes hasta requisitos sobre el uso de energía y la seguridad.

Es revelador que, tras el fracaso de la moratoria federal de la administración Trump sobre la regulación estatal de la IA el año pasado, la Casa Blanca esté ahora intentando ponerse en sintonía con la opinión pública. Según Pew, los estadounidenses tienen una opinión más negativa sobre la IA que los ciudadanos de cualquier otro país encuestado, por lo que la administración ahora les exige a las grandes compañías tecnológicas que firmen un "compromiso de protección al consumidor" que, en teoría, mantendría bajo control las facturas de electricidad y otros servicios públicos, que han aumentado en muchos lugares debido al crecimiento de los centros de datos.

El compromiso es voluntario. Por el momento, no existen normas vinculantes que obliguen a las grandes compañías tecnológicas a compensar al público por el aumento de los precios, la presión sobre una red eléctrica ya antigua y sobrecargada, o cualquier otra externalidad negativa derivada de la operación de los centros de datos, como mayores niveles de ruido o la disminución de la calidad del aire.

Pero a medida que las compañías no tecnológicas se unen al público para expresar sus preocupaciones, eso podría cambiar. El Louisiana Energy Users Group — que incluye a ExxonMobil, Chevron y los principales fabricantes de productos químicos — se ha opuesto a lo que consideran un trato preferencial para los nuevos centros de datos construidos por compañías como Meta. Algunas grandes corporaciones (como Diamondback y Devon Energy) incluso han comenzado a construir su propia infraestructura de energía y servicios públicos como protección contra el consumo excesivo de energía de la IA, algo que sin duda alimentará las preocupaciones del público sobre una carrera armamentista en el sector eléctrico impulsada por la IA.

No es de extrañar que los demócratas estén convirtiendo la oposición a la IA en un tema central de campaña de cara a las elecciones de mitad de período. Populistas como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez han pedido una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos. E incluso demócratas favorables a las empresas, como el senador Mark Warner, han señalado que la IA es más impopular entre los estadounidenses que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Warner, junto con el senador republicano populista de derecha Josh Hawley, ha presentado un proyecto de ley bipartidista que obligaría a las grandes compañías y a las agencias federales a informar al Departamento de Trabajo sobre los despidos y los cambios laborales relacionados con la IA. Si los demócratas toman el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato, como indican algunos datos de las encuestas, no me sorprendería ver una reacción populista más seria en torno a esta tecnología.

Esto, por supuesto, acorralaría a los republicanos convencionales y al presidente. Siempre ha habido grandes tensiones entre los intereses creados de Silicon Valley (representados por la presencia destacada de los titanes tecnológicos en la segunda toma de posesión de Trump) y la base de partidarios de Trump en el movimiento MAGA, que sufriría pérdidas de empleo e inflación en los servicios públicos. También podría hacer que los mercados meditaran más sobre si los gigantes corporativos totalmente integrados pueden justificar el precio de sus acciones. A pesar de la enorme expectación que genera la oferta pública inicial de OpenAI, es revelador que las entidades crediticias que buscan respaldar la construcción de nuevos centros de datos estén teniendo dificultades para conseguir seguros para estos proyectos de gran envergadura.

Las compañías tecnológicas que buscan tranquilizar al público y a los inversionistas sobre sus perspectivas podrían seguir el ejemplo del fracking y hacer un mejor trabajo a la hora de promover las ventajas de los centros de datos. Hace unos quince años, las compañías energéticas que buscaban tranquilizar al público sobre el fracking lanzaron campañas de relaciones públicas en las que promovían los beneficios de los precios más bajos del gas, los empleos bien remunerados en la industria petrolera y las ventajas de la seguridad energética nacional para la política exterior. Si esos esfuerzos no hubieran tenido éxito, "la producción petrolera de EEUU sería un tercio de lo que es ahora", según Strategas.

Convencer a los estadounidenses de los beneficios de la IA será cada vez más importante, dado que al menos algunos centros nuevos, para evitar la latencia de datos — el lapso de tiempo entre una solicitud de datos y la respuesta — tendrán que construirse cerca de las grandes ciudades, que suelen tener más normas y regulaciones en materia de construcción. Convendría que las grandes compañías tecnológicas dejaran de lado su habitual desprecio libertario por el gobierno y encontraran formas de difundir los beneficios potenciales de la IA entre el público. A corto plazo, esto podría incluir inversiones en mejoras de la red eléctrica, recapacitación profesional de la fuerza laboral y acuerdos de beneficios para la comunidad en los lugares donde se construyan los centros de datos.

A más largo plazo, quizás necesitemos un dividendo de datos para el público que refleje la riqueza soberana generada por los ingresos de los combustibles fósiles. Si EEUU quiere ganar la carrera de la IA, el público tendrá que ver cómo se puede beneficiar.