La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) declaró que ha recibido informaciones sobre la posibilidad de que el Estado Dominicano otorgue la prestación del servicio de pago de impuestos mediante tarjetas de crédito en un contrato exclusivo, y que le preocupa que pueda afectar la libre competencia en el mercado.
Agregó que una medida de esta naturaleza genera legítimas dudas respecto a su alcance, fundamentos y eventuales implicaciones para la libre competencia y sobre la neutralidad del marco regulatorio.
Agrega FINJUS que, siempre de acuerdo con la información que ha recibido, esa exclusividad sería concedida a una entidad financiera de propiedad estatal.
(Nota de la redacción de Acento.com.do: La única entidad financiera comercial del Estado es el Banco de Reservas, aunque FINJUS no lo menciona con su nombre)
En la declaración, firmada por el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS, se afirma que "este hecho" viene a profundizar las inquietudes sobre la igualdad de condiciones entre los distintos actores del sistema financiero y la coherencia con los principios constitucionales que garantizan la libre empresa, la leal competencia, la protección de la iniciativa privada y la paridad de trato (artículos 50, 219 y 220 de la Constitución).
Agrega que el marco regulatorio financiero y de competencia en la República Dominicana se ha edificado sobre valores de pluralidad, apertura y neutralidad, buscando un balance entre la estabilidad del sistema y la igualdad de participación de los agentes públicos y privados.
"Por ello, cualquier decisión que altere estos equilibrios debe ser examinada con extrema cautela, a fin de salvaguardar la confianza en las reglas del mercado y en la imparcialidad de las instituciones", argumenta FINJUS.
Afirma que resulta esencial que este proceso sea aclarado a la mayor brevedad, evitando interpretaciones que puedan generar incertidumbre en el sector privado o erosionar la confianza en la neutralidad del Estado en materia económica.
La entidad reitera que es necesario preservar un entorno regulatorio predecible, abierto y equitativo, donde todas las entidades, públicas y privadas, participen en condiciones de igualdad y aporten al fortalecimiento del sistema financiero y de la confianza ciudadana.
"El futuro económico de la República Dominicana exige instituciones sólidas, mercados diversos y un Estado neutral. Solo de esa manera será posible sostener el desarrollo sobre bases firmes de equidad, pluralidad y confianza", concluye FINJUS.
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