Desde que la administración del presidente Donald Trump impuso un arancel general del 10 % a las exportaciones dominicanas en abril de 2025, la respuesta del Gobierno ha sido mantener un diálogo permanente con las autoridades de Estados Unidos para intentar revertir la medida.
Sin embargo, esas gestiones no impidieron que, más de un año después, Washington aplicara un segundo gravamen de 12.5 % relacionado con las investigaciones sobre trabajo forzoso.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que las conversaciones continúan con el objetivo de preservar el acceso preferencial de República Dominicana al mercado estadounidense y evitar una pérdida de competitividad frente a otros países.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Marranzini, sostuvo que el impacto de los aranceles todavía no se refleja plenamente en el corto plazo, aunque advirtió que podría afectar la capacidad exportadora del país en los próximos años.
Las declaraciones reafirman la estrategia que el Gobierno ha mantenido desde que Washington anunció los primeros gravámenes: privilegiar la negociación diplomática y técnica con las autoridades estadounidenses.
El diálogo ha sido constante, pero no evitó dos medidas arancelarias
Desde que Estados Unidos anunció el arancel general del 10 % el 2 de abril de 2025, las autoridades dominicanas insistieron en que la respuesta sería el diálogo.
Durante ese período se conformó una comisión gubernamental, se iniciaron contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y, posteriormente, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que había sostenido 22 reuniones con funcionarios estadounidenses para intentar revertir la medida.
Pese a esas gestiones, la política comercial estadounidense continuó endureciéndose. En mayo de 2026, la USTR concluyó que República Dominicana no aplicaba de manera efectiva la prohibición sobre bienes producidos mediante trabajo forzoso y abrió el camino para nuevos gravámenes.
Un mes después, Washington confirmó un arancel adicional de 12.5 % para decenas de socios comerciales, incluida República Dominicana.
Ese mismo día, el MICM aseguró que mantendría las negociaciones para lograr una reclasificación del país y reducir la carga arancelaria, mientras el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, atendiendo precisamente uno de los cuestionamientos planteados por Estados Unidos.
Estados Unidos ha recaudado más de US$ 440 millones mientras República Dominicana busca preservar su competitividad
A un año de la entrada en vigor del arancel del 10 %, Estados Unidos había recaudado US$ 440.4 millones por las importaciones procedentes de República Dominicana.
De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), esos pagos han sido realizados por los importadores registrados en territorio estadounidense, aunque el costo termina repercutiendo sobre la competitividad de las exportaciones dominicanas al reducir márgenes comerciales, presionar los precios o disminuir la participación en el mercado.
Pese a los gravámenes, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de República Dominicana.
En 2025, las exportaciones dominicanas hacia ese mercado alcanzaron US$ 7,124 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 11,853 millones, manteniendo un superávit comercial favorable para la economía estadounidense, uno de los argumentos que el Gobierno dominicano ha utilizado durante las negociaciones para cuestionar la aplicación de los aranceles.
El Gobierno busca eliminar los aranceles y evitar nuevas medidas comerciales
El MICM explicó a Acento que las conversaciones con las autoridades estadounidenses están dirigidas a evitar que República Dominicana pierda competitividad frente a otros países exportadores y, de ser posible, conseguir la eliminación de los aranceles que afectan productos estratégicos de la economía nacional.
La institución también indicó que las negociaciones buscan fortalecer la relación comercial bilateral para reducir el riesgo de futuras medidas unilaterales y ofrecer mayor estabilidad a los sectores productivos que dependen del mercado estadounidense.
Como parte de las acciones adoptadas tras el arancel del 12.5 % por las investigaciones sobre trabajo forzoso, el Gobierno emitió el Decreto 502-26, que establece un procedimiento para impedir la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
La normativa dispone que, cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará una evaluación técnica al Ministerio de Trabajo, institución que contará con un plazo de 60 días laborables, prorrogable por otros 30 días en casos complejos, para investigar y emitir un informe motivado.
Ese documento deberá detallar la metodología utilizada, las pruebas analizadas y las conclusiones sobre la posible existencia de trabajo forzoso.
La evaluación tendrá carácter técnico y servirá como uno de los principales insumos para que Aduanas adopte una decisión definitiva sobre cada caso.
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