El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, advirtió que el proyecto de ley que modifica la Ley 16-92, que establece el Código de Trabajo, presenta algunos avances, pero todavía no representa una transformación suficiente para favorecer el empleo formal y la productividad.
Collado Di Franco planteó que, si no se introducen cambios importantes al proyecto que volvió al Congreso Nacional, las regulaciones laborales continuarán dificultando los acuerdos entre empleados y empleadores y manteniendo elevados los costos laborales no salariales.
A su juicio, el debate sobre la reforma debe considerar no solo los beneficios para los trabajadores, sino también cuánto cuesta contratar formalmente y cómo las regulaciones inciden en las decisiones de los empleadores.
Crees cuestiona impacto de las regulaciones laborales
El economista sostuvo que la discusión pública suele concentrarse en las ventajas que las modificaciones pueden representar para los trabajadores, mientras queda en segundo plano el costo que enfrentan los emprendedores para contratar y cumplir con las disposiciones laborales.
Según Collado Di Franco, esto también afecta a quienes buscan empleo, debido a que una contratación formal más costosa y restrictiva puede reducir las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo dentro de la legalidad.
Por ello, consideró que el análisis del proyecto debe partir de una pregunta central: si las disposiciones propuestas contribuyen a crear más empleos formales o si, por el contrario, mantienen los incentivos que explican los elevados niveles de informalidad laboral del país.
También planteó evaluar si cada disposición encarece la contratación, aumenta los costos de cumplimiento y los pasivos de las empresas, limita la inversión en capital para elevar la productividad o dificulta los acuerdos voluntarios entre trabajadores y empleadores.
Cuestiona el esquema de salarios mínimos
Collado Di Franco también criticó el esquema mediante el cual el Consejo Nacional de Salarios (CNS) establece los salarios mínimos.
Sostuvo que los controles de precios, tanto mediante topes como mediante pisos, pueden generar distorsiones en la economía.
En el caso de los salarios mínimos, afirmó que establecer un precio mínimo para la contratación puede dejar fuera del mercado formal a personas que buscan empleo y aumentar los costos de producción.
En lugar de utilizar los salarios mínimos como mecanismo para enfrentar problemas de ingresos, consideró que las políticas públicas deberían enfocarse en factores que permitan elevar la productividad y reducir los costos de la economía.
Plantea modificar el sistema de cesantía
Uno de los principales puntos señalados por el vicepresidente ejecutivo del Crees fue el régimen de cesantía.
Collado Di Franco sostuvo que este sistema constituye una distorsión que dificulta la contratación formal y genera un pasivo contingente para las empresas.
Recordó que la Ley 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, contemplan un mecanismo alternativo para la cesantía, sin afectar los derechos adquiridos de quienes ya forman parte del mercado laboral.
En ese sentido, consideró que la reforma del Código de Trabajo representa una oportunidad para modificar el esquema actual y planteó tomar como referencia modelos utilizados en países como Austria, Chile, Ecuador y Panamá.
Entre esas experiencias, señaló el modelo chileno como una posible referencia, aunque con las modificaciones necesarias para adaptarlo a las condiciones de República Dominicana.
Reforma laboral vuelve al Congreso
El proyecto de modificación del Código de Trabajo regresó al Congreso Nacional para continuar su proceso de discusión.
Para Collado Di Franco, la revisión del Código representa una oportunidad para reducir las distorsiones que afectan la contratación formal y mejorar las condiciones para la creación de empleos.
El vicepresidente ejecutivo del Crees sostuvo que una reforma laboral debe evaluar el impacto de las regulaciones tanto sobre trabajadores como sobre empleadores, con el objetivo de facilitar la contratación formal y elevar la productividad.
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