El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su preocupación por el procedimiento utilizado para aprobar la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa fue tramitada con escasos espacios para el análisis y la discusión técnica.

En un comunicado, la organización afirmó que, aunque respalda el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión de los residuos sólidos y reconoce la necesidad de revisar periódicamente el marco legal, una reforma de ese alcance requiere un proceso más amplio de consultas y deliberación.

El gremio sostuvo que la declaratoria de urgencia es una facultad prevista en la Constitución para atender circunstancias excepcionales, pero entiende que debe utilizarse con prudencia cuando implica cambios sustanciales en las obligaciones económicas y en las reglas que afectan la actividad productiva.

A su juicio, la calidad y legitimidad de las leyes dependen de que exista tiempo suficiente para estudiar las propuestas, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados.

Cuestiona nuevas cargas

El Conep también manifestó preocupación porque el proyecto concentra una parte importante de las nuevas contribuciones sobre las empresas que, según indicó, recientemente asumieron un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y representan una porción significativa de las recaudaciones fiscales del país.

Añadió que esas empresas ya asumen los costos de la disposición final de los residuos que generan, por lo que considera necesario evaluar el efecto acumulado de las obligaciones tributarias y regulatorias.

"La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las cargas, evitando que su concentración sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar", señaló.

La entidad enfatizó que el debate no debe plantearse como una diferencia entre grandes, medianas o pequeñas empresas, sino como una discusión sobre el impacto de las políticas públicas en todo el aparato productivo.

Pide revisar la gobernanza

El Conep también señaló que la reforma mantiene aspectos pendientes de corrección, entre ellos la gobernanza del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Según la organización, el proyecto incorpora como tomadores de decisiones a beneficiarios del propio fideicomiso, lo que, a su juicio, genera un desequilibrio en el esquema de administración.

Finalmente, el gremio reiteró que las reformas de amplio impacto deben construirse mediante procesos participativos, sustentados en evidencia técnica y con suficiente deliberación.

En ese sentido, llamó al Congreso Nacional a privilegiar el diálogo y el consenso, al considerar que las mejores leyes no son las que se aprueban con mayor rapidez, sino las que fortalecen la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza institucional y el clima de inversión.

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