El Centro Dominicano de Estudios sobre China (Cendoesch) cuestionó las recientes intervenciones y cierres de establecimientos comerciales vinculados a la comunidad china en República Dominicana y consideró que estas actuaciones deben ser examinadas también desde una perspectiva económica y social.
La entidad sostuvo que reducir el debate a una cuestión administrativa impediría analizar, entre otros aspectos, el impacto de esos operativos sobre la competencia comercial, los consumidores y las relaciones económicas con China.
En su planteamiento, Cendoesch también recoge señalamientos de Rosa NG, quien ha cuestionado la forma en que se han desarrollado algunas de estas actuaciones y ha planteado que podrían existir dinámicas que exceden la fiscalización ordinaria.
El precio como factor de competencia
Uno de los argumentos centrales de Cendoesch es que la expansión de comercios vinculados a empresarios chinos ha permitido ofrecer productos a precios más accesibles.
La entidad atribuye esa capacidad a la integración de cadenas internacionales de suministro y a estructuras de costos que, según su valoración, permiten ampliar la oferta de bienes para sectores de menores ingresos.
Desde esa perspectiva, sostiene que la discusión no debería concentrarse únicamente en el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos, sino también en garantizar que las reglas de fiscalización se apliquen de manera uniforme a todos los actores del mercado.
Competencia y regulación
Cendoesch advierte que las diferencias de precios y modelos comerciales pueden generar presión sobre negocios establecidos, pero considera que esa situación no debería resolverse mediante mecanismos estatales dirigidos contra determinados competidores.
La entidad califica como un riesgo de «proteccionismo corporativo» cualquier eventual utilización de las instituciones públicas para limitar la competencia en beneficio de empresas o sectores que no logren adaptarse a nuevas condiciones del mercado.
Ese planteamiento, sin embargo, constituye la posición de Cendoesch y requeriría contrastarse con las razones concretas de cada intervención, las infracciones detectadas y las actuaciones de las autoridades responsables de la fiscalización.
Cendoesch alerta sobre la estigmatización
Otro de los puntos señalados por el centro de estudios es el riesgo de asociar la nacionalidad de los propietarios o inversionistas con prácticas comerciales consideradas desleales.
Cendoesch sostiene que la regulación debe aplicarse con criterios técnicos y generales, independientemente del origen de los empresarios, y advierte que una fiscalización percibida como selectiva podría alimentar prejuicios contra la comunidad china.
Para la entidad, una eventual estigmatización también tendría consecuencias sobre la confianza de los inversionistas y sobre las relaciones económicas entre República Dominicana y China.
El consumidor queda en el centro del debate
El pronunciamiento coloca además al consumidor como uno de los principales afectados por cualquier distorsión de la competencia.
Según Cendoesch, reducir la oferta de establecimientos que compiten mediante precios bajos puede terminar limitando las alternativas disponibles para las familias, particularmente para aquellas con menor capacidad adquisitiva.
La discusión plantea así un dilema que va más allá del origen de los comerciantes: cómo garantizar el cumplimiento de las normas sin que la fiscalización se convierta en una barrera para la competencia ni permita ventajas indebidas a determinados actores económicos.
Contexto de conflicto
La posición de Cendoesch se produce en medio del debate sobre la expansión de establecimientos comerciales vinculados a ciudadanos e inversionistas chinos y sobre la actuación de las autoridades frente a posibles incumplimientos de las normas comerciales, tributarias, laborales o de seguridad.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), advirtió este jueves que los comercios dominicanos podrían cerrar sus puertas durante 48 horas, como respuesta a lo que califica de competencia desleal de comerciantes de origen chino que operan -aseguró- sin los controles que sí se aplican al sector nacional.
Para evaluar las denuncias de «persecución selectiva» o «proteccionismo», sería necesario contrastarlas con los expedientes de cada establecimiento intervenido, las infracciones identificadas y los procedimientos aplicados por las instituciones competentes.
Al mismo tiempo, la existencia de precios más bajos o de nuevos modelos de distribución no exime a ningún comercio del cumplimiento de las leyes dominicanas. El desafío institucional consiste en que esas reglas sean aplicadas de manera uniforme y verificable.
El fortalecimiento de la competencia requiere, por tanto, combinar fiscalización efectiva, igualdad ante la ley y protección de los consumidores, sin convertir el origen nacional de los empresarios en un criterio de actuación estatal.
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