Mientras el gobierno dominicano anuncia la construcción de un puerto espacial comercial en Oviedo, Pedernales, con una inversión estimada de US$ 600 a US$ 800 millones y un primer lanzamiento previsto antes de mayo de 2028, una sentencia judicial emitida meses antes ya había abierto la puerta a recortar los límites del Parque Nacional Jaragua, la zona protegida que rodea precisamente el área donde se desarrollarán estos proyectos.
La sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en noviembre de 2025, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas para excluir cuatro parcelas que suman 12,577,191.82 metros cuadrados (más de 1,257 hectáreas) ubicadas en Oviedo, Pedernales.
La beneficiaria es Inversiones del Sur, S.R.L., representada por Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser.
¿Qué dice la sentencia?
El fallo se apoya en la Ley 266-04, que en 2004 creó el Polo Turístico de la Región Suroeste y, según la interpretación del tribunal, modificó los límites de las áreas protegidas en las provincias Barahona, Independencia y Pedernales para permitir inversión privada.
El argumento central: Mimarena llevaba más de 21 años sin actualizar sus mapas para reflejar esa supuesta exclusión. Esa omisión, según el TSA, violaba el derecho de propiedad de la empresa reclamante al impedirle disponer de los terrenos.
El tribunal dio a Mimarena un plazo de 30 días para actualizar el catastro, con una multa (astreinte) de RD$ 500 diarios por cada día de incumplimiento.
Las cuatro parcelas excluidas están todas ubicadas en Oviedo, Pedernales:
| Parcela | Superficie (m²) | Matrícula |
|---|---|---|
| 294575093454 | 3,143,122.69 | 0600004901 |
| 294564071862 | 3,143,121.87 | 0600004902 |
| 294553332606 | 3,144,381.38 | 0600004903 |
| 294541589603 | 3,146,565.88 | 0600004904 |
El debate constitucional
La decisión generó un choque frontal entre dos visiones jurídicas.
El TSA argumenta que la Ley 266-04 ya modificó los límites del parque hace dos décadas y que solo faltaba registrar ese cambio en los mapas oficiales. No se trata de crear una modificación nueva, sino de reconocer una que el Congreso ya aprobó.
Ambientalistas y juristas responden que la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04) y la propia Constitución exigen una mayoría de tres cuartas partes del Congreso para modificar los límites de un área protegida, un blindaje similar al que tiene la Carta Magna. La Ley 266-04, aprobada como ley ordinaria, no cumpliría ese requisito.
El viceministro de Áreas Protegidas y Diversidad, Carlos Batista, ha sostenido que la Ley 266-04 crea una zona de desarrollo turístico, pero no ordena reducir áreas protegidas, y que si lo hiciera, sería inconstitucional.
La reacción en cadena
Desde que la sentencia se conoció públicamente en febrero de 2026, la respuesta ha sido contundente:
- La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, el Grupo Jaragua y la Fundación para el Derecho, Defensa y Educación Ambiental acudieron a la Procuraduría General denunciando la decisión como "inconstitucional y atentatoria contra el patrimonio natural".
- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) calificó la sentencia como "una estafa al Estado".
- La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal sobre la emisión de títulos en áreas protegidas.
- La Red de Abogados reclamó protección a los límites del parque.
- La Global Forest Coalition, organización internacional, pidió al sistema judicial dominicano revertir el fallo.
- El 10 de marzo de 2026, apenas cuatro días antes de esta publicación, varias instituciones ecologistas reiteraron el pedido de rechazar la sentencia.
El Parque Nacional Jaragua
El Parque Nacional Jaragua, creado en 1983, tiene una extensión de 1,374 km² (incluyendo 905 km² de superficie marina). Es una de las áreas protegidas más importantes del Caribe insular y desde 2002 forma parte de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, reconocida por la Unesco.
Alberga ecosistemas de bosque seco, humedales costeros, manglares y la Laguna de Oviedo (25-28 km²), un cuerpo de agua hipersalino que es hábitat de flamencos, iguanas rinoceronte, manatíes y múltiples especies endémicas. Es también sitio de anidación de tortugas carey y laúd.
Las 1,257 hectáreas que la sentencia ordena excluir representan aproximadamente el 2.7 % de la superficie terrestre del parque.
La convergencia en Pedernales
Lo que hace singular este momento es la acumulación de megaproyectos sobre el mismo territorio de un ecosistema protegido:
- Puerto espacial (Launch On Demand): 2.2 millones de m² de terrenos del Estado en "La Hoja de Oviedo", a kilómetros de la Laguna de Oviedo y el Parque Jaragua.
- Sentencia del TSA: 12.5 millones de m² excluidos del parque, también en Oviedo.
- Aeropuerto internacional: en construcción en el paraje Tres Charcos, a 5 km de Oviedo.
- Polo turístico de Cabo Rojo: primer hotel en fase final, con ocho más proyectados.
En total, son casi 15 millones de metros cuadrados entre la sentencia y el puerto espacial que se sustraen o se someten a presión directa sobre el ecosistema protegido. Y ninguno de estos proyectos cuenta, hasta la fecha, con un estudio de impacto ambiental acumulativo que evalúe el efecto combinado de todos ellos sobre la Reserva de la Biosfera.
La bióloga Ángela Guerrero ha alertado que una plataforma de lanzamiento de cohetes cerca de la Laguna de Oviedo "afectaría con toda seguridad ese ecosistema". La experiencia internacional, particularmente los impactos documentados en Boca Chica, Texas, donde opera SpaceX, muestra que los lanzamientos generan ondas de choque, dispersión de partículas y perturbación de fauna en un radio de varios kilómetros.
El Parque Nacional Jaragua enfrenta, en 2026, la mayor presión sobre sus límites desde su creación hace 43 años.
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