Qué tanto avanzará la gestión de residuos con el proyecto de modificación

Las modificaciones a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No.225-20, no solucionan el daño ambiental que ha causado el manejo irresponsable de los desechos, pero constituye un avance en la sostenibilidad económica para la prestación del servicio.

Así lo cree el experto municipalista Waldys Taveras, quien dijo que, a pesar del avances en este aspecto, una gran parte seguirá siendo "letra muerta" como lo ha sido la ley vigente.

"Las modificaciones a la Ley 225-20 aprobadas en la Cámara de Diputados, si bien no es la ley que llena las expectativas para remediar el daño ambiental que ha representado el manejo irresponsable de los residuos sólidos, constituyen un avance en la sostenibilidad económica para la prestación del servicio, aunque una gran parte seguirá siento letra muerta como lo fue en la ley vigente".

El municipalista indicó que la ley no enfrenta con la rigidez requerida el manejo del plástico de un solo uso y el foam, y vuelve a establecer plazos para el cierre de los vertederos a cielo abierto, pero no deja claro y de manera expresa la entidad responsable de esos cierres o clausuras, ni establece los plazos en que deben contestar las entidades públicas responsables de la emisión de los permisos para la instalación de plantas de valorización y rellenos sanitarios que le sean solicitados.

Asimismo, dijo que aunque establece un pago de RD$ 20.00 mensuales por habitantes como transferencia a los ayuntamientos y juntas de distrito municipales como aporte para el pago de la recolección, no dispuso un eficiente y seguro instrumento de cobro por el servicio.

Lo que hace es que, explicó, establece ese cobro por cuenta propia de los ayuntamientos o por las entidades que prestan el servicio de agua potable, las cuales consideró son deficitaria en la cobranza.

"En esta modificación de nuevo establecen plazos como lo de eliminar el uso de fundas plásticas, plazo establecido en la ley vigente que no se ha cumplido, el cierre de vertedero a cielo abierto sin establecer los lugares donde se establecerán las plantas de valorización y los rellenos sanitarios; no aborda el manejo de las aguas servidas especialmente las generadas en la limpieza de pozos sépticos", indicó

Los cambios en la pieza

El pasado 16 de julio la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura una versión revisada del proyecto que modifica la Ley 225‑20. Entre las principales modificaciones están:

–Un solo vertedero por provincia y una planta procesadora por cada 10 regiones, con excepción especial para la región Ozama.

–Biodegradabilidad para foam y fundas plásticas del 20 % en el primer año y 90 % en cinco años, siendo auditadas regularmente.

-Obliga a las cementeras al uso de combustibles derivados de residuos sólidos en sus calderas.

–Contribución especial por ingresos que va desde los  RD$ 3,000 para ingresos de RD$ 1 millón, hasta los RD$ 675,000 para ingresos hasta RD$ 100 millones.

Rechazo

Aunque con el proyecto de ley se ha afirmado que se busca una "gestión más eficiente y sostenible de los desechos", ha encontrado rechazo en algunas de sus disposiciones, sobre todo por supuestamente no contar con un estudio técnico que valide los cambios y por la falta de consulta pública, de acuerdo con los disidentes.

El rechazo al proyecto de la ley aprobado el 30 de septiembre de 2020, no es a toda la pieza, según algunos sectores productivos, sino a algunos puntos que entienden les afecta directamente.

• La Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi) dijo que las disposiciones contenidas en la ley afectan negativamente la atracción de inversiones locales e internacionales a través de los fondos de inversión.
• El Consejo Empresarial Santo Domingo Norte (CESDN) manifestó preocupación por el impacto en el sector productivo nacional, especialmente en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), por las cargas financieras y operativas que introduce esta modificación, particularmente por el aumento en las cuotas de contribución para la gestión de residuos.
• La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) calificó como irrazonable y desproporcionado el incremento de la contribución especial, al imponer aumentos significativos sin que se haya presentado hasta la fecha un estudio técnico que sustente dichos montos.
• La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) consideró que lo aprobado no tiene la debida profundidad técnica y análisis de impacto, y alertó sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonomía municipal.
• La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), rechazó la imposición del coprocesamiento obligatorio establecido en el artículo 20 del proyecto. Abogó por un marco más "realista" y "sostenible" para el coprocesamiento de los residuos en los hornos de las industrias cementeras.