La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su respaldo a las comunidades que promueven, de forma pacífica, la preservación de las cordilleras Central y Septentrional, al tiempo que se unió al llamado para que estos territorios sean protegidos de actividades mineras.
En un pronunciamiento, la entidad advirtió que posibles operaciones mineras en estas zonas podrían comprometer la integridad ecológica de las cordilleras y afectar su papel fundamental en el ciclo hidrológico del país. En ese sentido, instó a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que piden respeto por estos espacios naturales.
La comisión citó al papa Francisco, quien en la encíclica Laudato Si’ recuerda que el cuidado de la “casa común” es una responsabilidad compartida, que exige decisiones prudentes orientadas al bien común y a la sostenibilidad de la vida.
Preocupación por el impacto en el agua
El documento señala que la principal preocupación frente a la minería en estas cordilleras es su impacto sobre el agua, recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas.
Explica que estas zonas montañosas funcionan como grandes reservorios hídricos, ya que captan, almacenan y distribuyen el agua que alimenta los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional.
Advierte que cualquier alteración significativa de estos sistemas podría afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, con consecuencias tanto para las generaciones actuales como futuras.
Asimismo, la preocupación se extiende a cualquier acuífero o sistema hídrico nacional que pueda verse amenazado por actividades que pongan en riesgo su sostenibilidad.
Riesgos de la actividad minera
La Pastoral de Ecología indicó que las actividades mineras implican la remoción de suelos y el uso intensivo de sustancias químicas, además de la generación de desechos, generalmente tóxicos, que, aun bajo controles técnicos, conllevan riesgos para las fuentes hídricas.
En ese sentido, alertó sobre la posible contaminación por metales pesados o sedimentos, lo que podría modificar los cursos naturales del agua y afectar los ecosistemas que dependen de las cuencas impactadas.
Como ejemplo, citó la situación de la presa de Hatillo, considerada el principal reservorio de agua del país.
La comisión recordó además que, según la encíclica Laudato Si’ (n. 30), “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, por lo que proteger las montañas que garantizan este recurso constituye una expresión de justicia social.
Llamado al diálogo y a un desarrollo sostenible
La entidad consideró legítimas las acciones de quienes, haciendo uso de sus derechos ciudadanos, reclaman que no se aprueben proyectos de operación minera en ambas cordilleras, al entender que se trata de una defensa de la vida y del bienestar nacional.
Finalmente, la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la CED reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, y pidió la aplicación de políticas que armonicen el crecimiento económico con la protección ambiental.
Asimismo, instó a que la protección del recurso agua sea un criterio central para decidir sobre la viabilidad de proyectos mineros, y llamó a promover alternativas económicas que garanticen el bienestar presente sin comprometer el futuro.
En ese sentido, exhortó a fomentar un diálogo responsable entre autoridades y ciudadanía, orientado a encontrar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de los ecosistemas.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}