Organizaciones y ciudadanos denunciaron la tala de árboles en la ribera del río Nigua, en el sector conocido como Playita de Nigua, en el municipio de San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

Fue una intervención que, según los denunciantes, se realizó a escasos metros del cauce del afluente y podría constituir una violación a la normativa ambiental vigente en República Dominicana.

Autoridades son llamadas a investigar la intervención

De acuerdo con la denuncia difundida el 9 de junio y que mantiene vigencia este 10 de junio, los trabajos de tala habrían sido ejecutados aproximadamente a cinco metros del río, dentro de una zona considerada de protección ambiental por las leyes nacionales.

Los denunciantes sostienen que la eliminación de la cobertura vegetal afecta la estabilidad de las riberas, incrementa los riesgos de erosión y compromete la función ecológica que cumplen estos espacios como barreras naturales frente a inundaciones y sedimentación.

Asimismo, advierten que las acciones podrían entrar en conflicto con las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), que establecen mecanismos de conservación y restricciones para intervenciones en ecosistemas sensibles.

Solicitan actuación del ayuntamiento y de las autoridades ambientales

Los ciudadanos hicieron un llamado a la Alcaldía de San Gregorio de Nigua y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que investiguen la denuncia, determinen si existían los permisos correspondientes y, de comprobarse irregularidades, adopten las medidas administrativas y legales previstas.

También reclamaron acciones orientadas a detener cualquier nueva intervención en la ribera mientras se realiza una evaluación técnica del impacto ambiental generado.

La importancia de proteger las riberas

Especialistas en gestión ambiental han señalado en distintas ocasiones que la vegetación ribereña desempeña un papel fundamental en la conservación de los cuerpos de agua, al contribuir a la filtración de contaminantes, la protección de la biodiversidad y la reducción de procesos erosivos.

La legislación ambiental dominicana contempla franjas de protección para estos ecosistemas con el objetivo de preservar su equilibrio y evitar intervenciones que puedan alterar su funcionamiento natural.

En los últimos años se han multiplicado las denuncias por ocupación, extracción de materiales y deforestación en zonas costeras y riberas de ríos del país, situaciones que han motivado intervenciones de las autoridades ambientales y reclamos de organizaciones comunitarias y ambientalistas para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la normativa vigente.

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