¿Todos los hombres son creados iguales?

La historia política de Occidente puede resumirse en la tensión entre dos afirmaciones incompatibles.

La primera fue formulada por Aristóteles hace más de veinticuatro siglos en Política, una de las obras fundacionales del pensamiento político occidental: “φύσει οἱ μὲν ἐλεύθεροι, οἱ δὲ δοῦλοι”  (“Por naturaleza, unos son libres y otros esclavos”).

La segunda apareció casi dos milenios después en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776). Su principal redactor, Thomas Jefferson, dio forma a una de las afirmaciones más influyentes de la modernidad política: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal…” (“Sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales...”).

No se trata simplemente de dos afirmaciones separadas por el tiempo y la geografía. Representan formas radicalmente distintas de comprender al ser humano y de organizar la sociedad.

Sostengo, a ese propósito, que esa antigua controversia no pertenece únicamente a la historia de las ideas. Continúa definiendo, bajo nuevos lenguajes, los conflictos políticos y tecnológicos del siglo XXI.

Aristóteles parte de la desigualdad. Para él, las diferencias entre las personas no solo existen naturalmente, sino que justifican una relación social de dominio. La desigualdad no constituye una anomalía que deba corregirse, sino un dato de la naturaleza que la política debe reconocer y ordenar.

Con ese transfondo en mente, afirma sin ambigüedades que existen quienes nacen para gobernar y quienes nacen para obedecer: unos poseen plenamente la razón deliberativa, otros participan de ella de forma imperfecta.

La Declaración de Independencia invierte esa premisa. Jefferson no niega que los seres humanos difieran en inteligencia, virtud, riqueza, fuerza o talento. Sería absurdo negarlo.

Lo que sostiene, sin embargo, es algo más incisivo: ninguna de esas diferencias altera la igual dignidad con la que todos nacemos. La igualdad, como tal, deja de depender de capacidades individuales —contingentes y condicionadas por las circunstancias— para convertirse en una condición inherente a cada uno y a todos los seres humanos.

La igualdad no constituye una conclusión del razonamiento político, ni siquiera una premisa, sino su principio y fundamento. Es el axioma sobre el que descansa toda comunidad de ciudadanos libres.

Precisamente por ello, la afirmación de Jefferson representa, junto con la nación que primero lo reconoció así, una de las mayores revoluciones intelectuales de la historia. La legitimidad política ya no descansa sobre la naturaleza de unos pocos, sino sobre los derechos de todos.

Desde entonces, la libertad, la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales dejaron de ser concesiones arrancadas al poder para convertirse en límites frente a él.

Es cierto que quienes redactaron aquel manifiesto convivieron con profundas contradicciones que resultan evidentes desde una perspectiva contemporánea.

La esclavitud persistía; las mujeres carecían de derechos políticos; amplios sectores de la población quedaban excluidos de aquella igualdad proclamada.

No obstante, esas contradicciones históricas no invalidan el principio. Más bien ponen de manifiesto su fuerza normativa. Durante los dos siglos siguientes, cada movimiento emancipador encontró en esa frase el argumento para denunciar la incoherencia de una sociedad incapaz de cumplir el ideal que había proclamado.

La historia no avanzó corrigiendo los términos de lo escrito por Jefferson sobre la igualdad de todos los seres humanos, sino intentando hacer efectiva la promesa contenida en sus propias palabras.

Ese legado merece ser defendido precisamente cuando nuevas formas de desigualdad y segregación intentan presentarse como inobjetables e inevitables.

Ya no se afirma, como en otros tiempos, que ciertas razas o pueblos sean naturalmente inferiores. El lenguaje ha cambiado.

Hoy comienza a insinuarse que la inteligencia, la innovación, el dominio tecnológico o la acumulación de riqueza constituyen diferencias tan profundas que podrían legitimar una nueva estratificación social.

Quienes concentran el conocimiento, los datos, la inteligencia artificial o el capital —en cualquiera de sus manifestaciones— aparecen como los verdaderos protagonistas del progreso y el desarrollo, mientras el resto queda reducido a la condición de taras, usuarios, consumidores o beneficiarios pasivos.

La lógica, sin embargo, resulta inquietantemente familiar.

Ya no se habla de naturaleza biológica, pero se corre el riesgo de atribuir a determinadas capacidades un valor político que coloca a unos por encima de otros.

Aristóteles reaparece, aunque bajo un vocabulario distinto.

Conviene entonces recordar una pregunta sencilla: ¿aceptaríamos ese mismo orden social si ignoráramos el lugar que nos correspondería ocupar dentro de él?

La igualdad solo puede sostenerse si aceptamos una premisa incómoda: ninguno de nosotros elige el punto desde el que llega al mundo.

John Rawls formuló esa intuición mediante uno de los experimentos mentales más influyentes de la filosofía política contemporánea: el “velo de la ignorancia”. Si nadie supiera de antemano si nacerá rico o pobre, brillante o promedio, sano o enfermo, miembro de una mayoría o de una minoría, las instituciones que eligiera difícilmente aceptarían privilegios cuyo beneficiario o perjudicado podría ser cualquiera.

La igualdad no elimina las diferencias humanas; impide que esas diferencias determinen la dignidad o los derechos fundamentales de las personas.

De hecho, toda exclusión comienza mucho antes de que aparezca la violencia. Empieza cuando una comunidad deja de reconocer a algunos de sus miembros como plenamente pertenecientes a ella. Hannah Arendt mostró que los grandes totalitarismos no comenzaron suprimiendo derechos de un día para otro, sino erosionando previamente esa pertenencia común que hace posibles todos los demás derechos.

Ese mismo riesgo puede adoptar hoy formas mucho menos visibles.

La inteligencia artificial, la biotecnología y el tratamiento masivo de datos ofrecen posibilidades extraordinarias para mejorar la vida humana, pero también concentran un poder sin precedentes para decidir quién accede al conocimiento, al empleo, al crédito, a la salud o incluso a la participación política.

No se trata únicamente de tecnologías más sofisticadas; también constituyen nuevas formas de organizar el poder.

Michel Foucault advirtió que las sociedades modernas no se limitan a prohibir o castigar: gobiernan clasificando, evaluando y normalizando las conductas. En ese sentido, los sistemas algorítmicos corren el riesgo de jerarquizar silenciosamente a las personas según su productividad, su comportamiento o su valor económico.

El peligro no reside en la tecnología, sino en aceptar que esas clasificaciones terminen definiendo el valor social de quienes quedan sometidos a ellas.

Cuando esa lógica se consolida, aparece un fenómeno todavía más inquietante: individuos que dejan de ser considerados necesarios. Son otros, es decir, los demás, pues están de más.

Zygmunt Bauman describió esa realidad con la expresión “vidas desperdiciadas”. La exclusión deja de consistir únicamente en la carencia de recursos; consiste en la pérdida de relevancia para un sistema que ya no encuentra utilidad en determinados seres humanos.

Ese es, probablemente, el desafío político más profundo del siglo XXI.

Cada época ha inventado sus propios “otros”: esclavos, pueblos colonizados, mujeres, extranjeros, minorías religiosas y étnicas.

El siglo XXI corre el riesgo de crear nuevas categorías de excluidos: quienes no dominen la tecnología, quienes no alcancen determinados niveles de productividad o quienes no resulten suficientemente rentables dentro de una economía organizada por algoritmos.

Las categorías cambian; el mecanismo permanece.

Por eso, la verdadera disyuntiva sigue siendo la misma que enfrentó a Aristóteles y a Jefferson: o aceptamos que ciertas diferencias pueden convertirse en fundamento de una jerarquía política entre los seres humanos, o sostenemos que toda diferencia es secundaria frente a la igual dignidad con la que cada persona llega al mundo.

En esa elección se decide el sentido mismo de la democracia.

La igualdad no es una recompensa al mérito, al talento o al éxito; tampoco depende de la utilidad económica, de la capacidad tecnológica o del poder acumulado.

Es la condición previa que hace posible una comunidad política de ciudadanos libres e iguales.

Cuando la igualdad deja de pertenecer a todos —para reservarse únicamente a quienes consideramos dignos de ella— deja de ser igualdad y se convierte en un instrumento de exclusión.

Jefferson comprendió que una sociedad verdaderamente libre solo puede edificarse sobre una verdad anterior a cualquier diferencia individual. Por eso la Independencia estadounidense no presenta aquella afirmación como una hipótesis, sino como una evidencia moral sobre la que descansa toda legitimidad política: todos los hombres son creados iguales.

Mientras ese axioma permanezca intacto, la libertad conservará su principio. Cuando deje de serlo, la historia volverá a consumarse en sus repetitivos ciclos de amos y esclavos.

Durante más de dos siglos, la historia de las democracias constitucionales ha consistido en el esfuerzo por aproximar la realidad a ese principio. No siempre lo ha conseguido, pero incluso sus fracasos han podido ser denunciados apelando a él. Esa ha sido su mayor fortaleza.

Cada época encuentra nuevas razones para sostener que algunas diferencias deben traducirse en privilegios políticos, económicos o sociales.

Cambian los argumentos; permanece la tentación.

Por eso Aristóteles nunca desaparece del todo. Regresa cada vez que aceptamos que la inteligencia, la riqueza, la productividad, la tecnología, la fuerza o el poder confieren a unos seres humanos un valor político superior al de otros.

Y Jefferson vuelve a tener razón cada vez que recordamos que la dignidad humana precede al talento, al éxito, a la utilidad y a cualquier otra diferencia circunstancial.

Esa elección no pertenece únicamente a la historia. Es, también, la nuestra.