Santo Domingo no es el país. Centralismo cultural y la ficción de lo nacional

La cultura dominicana se mira a sí misma desde un solo punto del mapa. Todo lo demás aparece desenfocado. No es un descuido ni una casualidad histórica: es una construcción prolongada, sostenida por el Estado, administrada por el Ministerio de Cultura y naturalizada durante décadas como si fuera el orden lógico de las cosas.

Desde esa mirada fija, lo nacional ocurre en Santo Domingo; el resto del país sucede “en el interior”. El término parece inofensivo, pero no lo es. El lenguaje no solo describe: organiza el mundo. Llamar “interior” a provincias, municipios y comunidades es reducirlas a márgenes, convertirlas en periferia simbólica de un centro que concentra decisión, presupuesto, exposición y legitimación cultural.

El centralismo cultural no es solo una cuestión de distancia geográfica. Es, sobre todo, una forma de pensar el país. Desde ese punto único se define qué es cultura y qué no lo es; quién tiene voz y quién debe esperar; dónde se valida la creación y cuáles expresiones merecen apoyo, archivo o memoria.

Las provincias quedan entonces relegadas a un papel secundario: reservorios folclóricos para fechas conmemorativas o cantera de talentos obligados a emigrar a la capital para “existir” culturalmente. Como si la creación necesitara un pasaporte interno. Como si el reconocimiento fuera una frontera.

Basta un ejemplo mínimo, casi doméstico. A apenas veinticinco minutos del Distrito Nacional, en San Cristóbal, la Casa de la Cultura permanece cerrada. Desde hace meses no puede usarse el baño: el séptico está obstruido. Repararlo costaría alrededor de cuarenta mil pesos. El Ministerio de Cultura no dispone de esa suma. El director decidió cerrar el lugar. No es una anécdota aislada: es un síntoma. Una escena que se repite, con distintos nombres, en muchas provincias del país.

Durante años, las políticas culturales —cuando existen— se diseñan en Santo Domingo y, por una inercia casi automática, solo funcionan en Santo Domingo. El resto del país observa desde lejos, como quien mira una fiesta a través de un cristal.

Pero la cultura no nace en oficinas públicas ni se decreta desde escritorios. No responde a circulares ni a organigramas. La cultura nace en los territorios: en las comunidades, en la memoria compartida, en las tradiciones que se transforman sin pedir permiso, en prácticas cotidianas que construyen identidad mucho antes de ser reconocidas por el Estado.

Por eso la cultura no es un adorno institucional: es una estructura integradora que garantiza el ejercicio del derecho a la creación, al acceso y a la participación cultural, tal como lo consagra la Constitución de la República. No es una concesión administrativa: es un derecho ciudadano.

Cuando ese acceso se restringe por razones geográficas, administrativas o presupuestarias, no solo se debilita la vida cultural: se conculca un derecho humano y se convierte un principio constitucional en privilegio territorial.

Cuando las expresiones culturales no encuentran acompañamiento, formación ni continuidad, se debilitan. Algunas desaparecen. Otras sobreviven por pura voluntad. Y con cada una que se apaga, el país se empobrece un poco más, aunque no siempre lo note.

Muchos creadores del llamado “interior” enfrentan una disyuntiva injusta: emigrar para ser visibles o quedarse para resistir en el anonimato. No es una elección libre ni romántica. Es la consecuencia directa de un modelo que concentra oportunidades, recursos y legitimidad en un solo punto del mapa.

Un proyecto cultural verdaderamente coherente debería partir de otra lógica: reconocer los territorios no como apéndices administrativos de la capital, sino como espacios vivos de pensamiento, creación y memoria. No como lugares que esperan instrucciones, sino como comunidades que producen sentido incluso cuando nadie las nombra.

Descentralizar no es repartir migajas presupuestarias ni llevar la cultura de visita, como quien cumple una agenda ocasional. Descentralizar es sembrar: formación continua, infraestructura digna, acompañamiento técnico, apoyo sostenido a artistas y gestores culturales, redes de circulación y continuidad institucional para que la creación no dependa del azar ni del sacrificio personal.

Mientras sigamos creyendo —de forma explícita o silenciosa— que la cultura “nacional” se decide desde un solo centro, seguiremos construyendo una cultura incompleta: ensimismada, autorreferencial, desconectada de los territorios y de los creadores que dice representar. Una cultura que habla de identidad mientras reduce su geografía.

Santo Domingo es vital, compleja e imprescindible para la vida cultural dominicana. Es un corazón que late con fuerza.

Pero un corazón no es un cuerpo entero.

El país también respira en San Juan, en Dajabón, en San Pedro y en San Francisco de Macorís; en San Cristóbal y en tantas provincias donde las casas de la cultura languidecen, permanecen cerradas o nunca han existido; en cada comunidad donde la creación insiste en vivir, aun bajo el peso del abandono institucional.

Mientras el Estado no actúe en consecuencia, la cultura seguirá siendo un privilegio geográfico y no un derecho ciudadano. Y un país que concentra su presupuesto cultural en un solo centro termina mirándose en un espejo incompleto: se reconoce a medias, se narra de forma fragmentada y se desconoce a sí mismo.

Porque un país no es solo su capital.

Es también todo lo que se crea sin permiso, lo que resiste sin aplausos, lo que permanece aun cuando nadie mira.

Y mientras no aprendamos a escuchar y a sostener esas voces dispersas, seguiremos llamando “nacional” a un Ministerio de Cultura que apenas logra imaginar el país desde un solo registro y pronunciarlo en singular.