Hacia una política cultural de Estado para la República Dominicana (II)

3. Gobernar la cultura: un diálogo pendiente con la nación 

Lo verdaderamente preocupante no es únicamente el presupuesto del Ministerio de Cultura ni la cantidad de actividades que organiza cada año. Lo verdaderamente preocupante es que la República Dominicana continúe sin abrir un gran diálogo nacional sobre la política cultural que necesita para las próximas décadas. 

Las democracias más avanzadas han comprendido que la cultura no se gobierna exclusivamente desde un ministerio. Han evolucionado hacia un modelo de gobernanza cultural, entendido como un proceso permanente de diálogo, concertación y corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. La cultura pertenece a la nación y, por tanto, su futuro no puede definirse únicamente desde los despachos públicos. 

Por ello, el Ministerio de Cultura no puede ni debe asumir en solitario la tarea de pensar el futuro cultural del país. Su misión consiste en convocar, escuchar, articular consensos y conducir una política pública construida con la participación de quienes crean, investigan, enseñan, preservan y promueven la vida cultural dominicana. 

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cuándo fue la última vez que el Ministerio de Cultura convocó un gran diálogo nacional para construir, junto a la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, una visión compartida del futuro cultural de la República Dominicana? 

Si ese ejercicio existe, el país debería conocer sus resultados. Si no existe, ha llegado el momento de impulsarlo. 

Gobernar la cultura no consiste únicamente en administrar instituciones. Significa escuchar, convocar, concertar y transformar esos acuerdos en políticas públicas capaces de trascender los períodos gubernamentales. 

Pero ese diálogo nacional ya no puede limitarse al territorio insular. 

La República Dominicana del siglo XXI trasciende sus fronteras geográficas. Millones de dominicanos residen hoy en diferentes países, conformando una comunidad que mantiene vivos los vínculos culturales, familiares y afectivos con la nación. La diáspora no constituye una periferia; es una de las expresiones más dinámicas de la dominicanidad contemporánea. 

Nuestra cultura también se crea en Nueva York, Madrid, Boston, Miami, San Juan, Montreal, Milán y en decenas de ciudades donde los dominicanos preservan sus tradiciones, fundan instituciones culturales, enseñan nuestra historia, producen conocimiento, crean arte y proyectan internacionalmente la identidad nacional. 

La nación dominicana ya no cabe exclusivamente dentro de la geografía de la isla. 

Es una comunidad cultural extendida, unida por la memoria, la lengua, las tradiciones y un profundo sentido de pertenencia que trasciende las fronteras. 

La experiencia de la diáspora ha enriquecido la literatura, la música, las artes visuales, el cine, el teatro, la investigación académica y la gestión cultural. Ha demostrado que la identidad dominicana no permanece inmóvil: dialoga con otras culturas, incorpora nuevas experiencias y, lejos de diluirse, encuentra nuevas formas de afirmarse y proyectarse. 

Sin embargo, esa inmensa riqueza humana y cultural rara vez participa de manera sistemática en la formulación de las políticas culturales del Estado. 

Con demasiada frecuencia, la diáspora es recordada por sus remesas, por su importancia electoral o por los éxitos individuales de algunos de sus artistas. Mucho menos frecuente es reconocerla como un actor estratégico en la construcción del futuro cultural de la nación. 

Esa visión debe cambiar. 

Una verdadera Política Cultural de Estado debe reconocer que la nación dominicana también piensa, crea, investiga, escribe, enseña y produce cultura desde el exterior. Incorporar a la diáspora no constituye un gesto de cortesía institucional; significa reconocer una realidad histórica que ha transformado la dimensión misma de la nación dominicana. 

En este contexto, la reciente incorporación de nuevas personalidades al Consejo Nacional de Cultura representa una oportunidad que trasciende los propios nombramientos. Más importante que los nombres es la misión que ese organismo está llamado a desempeñar. 

El Consejo Nacional de Cultura puede convertirse en el gran espacio permanente de reflexión, consulta y concertación de la política cultural del Estado. Un lugar donde confluyan las distintas voces del país —incluyendo las de nuestra diáspora— para debatir prioridades, evaluar resultados y formular recomendaciones que orienten una visión compartida de largo plazo. 

Sería un error reducir su papel a reuniones ocasionales o a funciones meramente consultivas. La República Dominicana necesita un Consejo Nacional de Cultura activo, plural, representativo y permanente, capaz de acompañar la formulación, el seguimiento y la evaluación del futuro Plan Nacional de Cultura. 

Solo entonces podremos afirmar que la política cultural ha dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse, verdaderamente, en una tarea compartida por toda la nación.  

4-La ética de servir a la cultura

Toda política pública depende, en última instancia, de las personas llamadas a hacerla realidad. Las mejores leyes, los planes más rigurosos y las instituciones mejor diseñadas pueden perder eficacia si quienes las dirigen carecen de la visión, la capacidad o el compromiso necesarios para convertirlas en instrumentos de transformación social. En el ámbito de la cultura, esta responsabilidad adquiere una dimensión aún mayor, porque no se administran únicamente recursos o programas: se custodia una parte esencial de la memoria, la identidad y el patrimonio espiritual de la nación. 

Aceptar una alta responsabilidad pública en el sector cultural no puede entenderse como la simple ocupación de un cargo. Tampoco como una distinción honorífica ni como el reconocimiento a una trayectoria personal. Es, ante todo, un compromiso con el país y con las generaciones futuras. 

Quien asume la dirección de una institución cultural recibe temporalmente la responsabilidad de administrar un patrimonio que no le pertenece. Ese patrimonio ha sido construido durante siglos por escritores, artistas, músicos, investigadores, educadores, artesanos, gestores culturales y comunidades que, desde distintos territorios y épocas, han contribuido a formar el rostro cultural de la nación dominicana. El funcionario es apenas un depositario circunstancial de esa herencia y tiene el deber de fortalecerla antes de entregarla a quienes le sucedan. 

Por ello, la primera pregunta que debería formularse todo servidor público del sector cultural no es cuánto podrá hacer durante su gestión, sino qué legado dejará cuando concluya su responsabilidad. 

Los cargos públicos son transitorios; las instituciones permanecen. Los ministros pasan; las políticas de Estado deben continuar. La verdadera medida de una gestión no reside en el número de actividades organizadas, en la cantidad de discursos pronunciados ni en la cobertura mediática obtenida. Su verdadero valor se encuentra en la capacidad de fortalecer las instituciones, consolidar políticas públicas duraderas y ampliar las oportunidades de acceso de los ciudadanos a la vida cultural. 

Esta reflexión también interpela a quienes participan en la designación de las máximas autoridades culturales. Proponer a un ministro, un viceministro o un director general no constituye únicamente una decisión administrativa; supone una responsabilidad con el futuro de la nación. Quienes asesoran al Presidente de la República deben preguntarse si las personas recomendadas poseen no solo experiencia y prestigio profesional, sino también la visión estratégica, la capacidad de diálogo y el liderazgo que exige conducir una institución cuya misión trasciende el presente. 

La cultura demanda una forma particular de liderazgo. No basta con administrar eficientemente un presupuesto ni con ejecutar un calendario de actividades. Dirigir la política cultural de un país exige escuchar, convocar, construir consensos, respetar la diversidad de expresiones culturales y comprender que ninguna institución posee el monopolio del pensamiento ni de la creación. 

La autoridad cultural no se impone; se construye mediante la credibilidad, el conocimiento y la capacidad de servir. Su legitimidad nace del respeto que inspira en la comunidad cultural y de la confianza que genera en la ciudadanía. 

En este sentido, la ética del servicio público exige una actitud de permanente humildad intelectual. Ningún ministro, por brillante que sea, puede pretender representar por sí solo la riqueza y la complejidad de la cultura dominicana. Gobernar la cultura implica reconocer la existencia de múltiples voces, tradiciones, territorios y sensibilidades. Implica comprender que la diversidad no constituye un obstáculo para la política pública, sino su principal fortaleza. 

Esta convicción adquiere una dimensión aún mayor cuando se reconoce que la nación dominicana se extiende más allá de su territorio. La diáspora forma parte inseparable de nuestra comunidad cultural y, por tanto, también debe ser escuchada. Servir a la cultura dominicana significa servir a todos los dominicanos, sin importar el lugar donde residan o desarrollen su obra. 

Una auténtica ética del servicio público exige, además, una visión de largo plazo. Resulta legítimo que cada administración imprima su estilo y defina prioridades, pero ninguna gestión debería comenzar ignorando lo construido por las anteriores ni actuar como si el futuro dependiera exclusivamente de sus decisiones. La cultura necesita continuidad, no improvisación; instituciones fuertes, no proyectos personales; políticas de Estado, no programas que concluyan con cada cambio de gobierno. 

Al concluir una gestión, la pregunta decisiva no debería ser cuánto tiempo permaneció un funcionario en el cargo, sino si el país dispone de mejores instituciones, de una política cultural más sólida, de mayor participación ciudadana, de un patrimonio mejor protegido, de más oportunidades para los creadores y de una presencia internacional más vigorosa de la cultura dominicana. 

Solo entonces podrá afirmarse que el servicio público cumplió su verdadera misión. 

Porque, en definitiva, la mayor obra que puede realizar un servidor público de la cultura no es organizar un gran evento, sino dejar al país instituciones más fuertes, políticas más estables y una visión cultural capaz de trascender su propio tiempo. 

CONTINUARA MAÑANA…