Esta es la última vez que la ciencia apadrina la barbarie

El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica cayó sobre Hiroshima. En cuestión de segundos, una conquista extraordinaria de la física se convirtió en una catástrofe humana. Detrás de aquella explosión había años de investigaciones, cálculos matemáticos, experimentos y algunas de las inteligencias más brillantes de su tiempo. La ciencia había conseguido liberar una energía inimaginable, pero también había demostrado su capacidad para destruir la vida a una escala desconocida. ¿Puede considerarse progreso científico aquello que representa un retroceso moral para la humanidad?

La historia de la ciencia está atravesada por esta inquietante contradicción. La misma inteligencia que nos permite comprender el universo, explorar los océanos, desarrollar tecnologías de comunicación y explicar fenómenos de la naturaleza ha servido también para perfeccionar los instrumentos de destrucción. Las guerras, paradójicamente, han sido grandes estímulos para la innovación científica. Cuando los intereses militares y geopolíticos están en juego, determinados Estados movilizan presupuestos extraordinarios, reúnen investigadores y aceleran procesos que, en otras circunstancias, podrían necesitar décadas. La urgencia de vencer al enemigo se convierte en una poderosa motivación para descubrir.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el matemático británico Alan Turing contribuyó decisivamente al desciframiento de las comunicaciones militares alemanas. Sus aportaciones a la criptografía y la computación ayudaron a combatir al nazismo y forman parte de los antecedentes de la informática contemporánea. J. Robert Oppenheimer, por su parte, dirigió científicamente el Proyecto Manhattan, responsable del desarrollo de las primeras bombas atómicas. Ambos representan aplicaciones del conocimiento científico en contextos bélicos, aunque sus trabajos, propósitos y consecuencias no pueden equipararse moralmente.

La relación entre guerra, industria y conocimiento también atraviesa la historia de grandes fortunas. Andrew Carnegie acumuló riqueza mediante la industria del acero, indispensable para la infraestructura industrial y militar, aunque posteriormente se convirtió en un “importante promotor de la paz”. El imperio petrolero de los Rockefeller, por su parte, ilustra el valor estratégico que adquirieron los combustibles para las economías y los ejércitos modernos. Su posterior actividad filantrópica también contribuyó al desarrollo de instituciones científicas. Estas trayectorias, diferentes entre sí, revelan las complejas relaciones entre acumulación de capital, producción de conocimiento y poder político.

Sin embargo, la barbarie no ha necesitado siempre de ejércitos ni de bombas. En ocasiones ha vestido bata de laboratorio, ha formulado hipótesis y ha convertido a seres humanos en instrumentos de experimentación.

Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos desarrolló en Tuskegee un estudio sobre la evolución de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos. Los participantes no recibieron información adecuada sobre la verdadera naturaleza de la investigación ni se les ofreció el tratamiento disponible cuando la penicilina se convirtió en una terapia eficaz. Durante décadas, el interés por observar la evolución de una enfermedad prevaleció sobre la dignidad y el bienestar de quienes la padecían.

También la psicología ofrece ejemplos que obligaron a reconsiderar los límites éticos de la investigación. En los años sesenta, Stanley Milgram desarrolló sus célebres experimentos sobre la obediencia a la autoridad. Los participantes creían que administraban descargas eléctricas a otras personas por indicación de un investigador. Aunque las descargas eran simuladas, algunos experimentaron una considerable tensión emocional. La investigación permitió explorar aspectos inquietantes de la obediencia humana, pero provocó importantes cuestionamientos sobre el engaño y el sufrimiento psicológico de los participantes.

¿Qué justifica someter a una persona al miedo, la humillación o el sufrimiento para observar su comportamiento? ¿Hasta dónde puede llegar un investigador en nombre del conocimiento? El problema no reside en la curiosidad científica, indispensable para comprender nuestra existencia, sino en la pretensión de convertirla en una autorización para vulnerar derechos. La historia de estos abusos contribuyó al fortalecimiento de principios éticos como el consentimiento informado, la protección de los participantes y la evaluación independiente de las investigaciones.

La cultura popular tampoco ha permanecido ajena a estas contradicciones. El cine, las historietas y los dibujos animados han convertido al científico loco en uno de sus personajes recurrentes. Ahí están el Doctor Octopus, enemigo de Spider-Man; el Doctor Sivana, adversario de Shazam; o el señor Frío, de Batman, cuya inteligencia científica termina vinculada a la violencia y la obsesión. Incluso en el universo infantil encontramos a Dexter, aquel pequeño genio de laboratorio cuyos experimentos, aunque no nacen de la maldad, frecuentemente desencadenan situaciones que escapan a su control. ¿Por qué la ficción insiste en representar al científico como alguien capaz de poner su inteligencia al servicio de la destrucción? ¿Se trata de una caricatura injusta o de una sospecha colectiva alimentada por los episodios más oscuros de nuestra historia? Quizás estas representaciones no expresen necesariamente un rechazo a la ciencia, sino el temor a una inteligencia extraordinaria desprovista de responsabilidad ética. Porque el verdadero peligro no está en saber demasiado, sino en creer que ese conocimiento nos concede el derecho de hacer cualquier cosa.

Pero existe otra dimensión del poder científico, menos dramática en apariencia y profundamente desigual en sus consecuencias. Me refiero a la comercialización del conocimiento.

¿Es capitalista la ciencia? La pregunta puede parecer provocadora, pero adquiere sentido cuando intentamos consultar determinados artículos científicos y descubrimos que debemos pagar para leerlos. Parte de la producción académica circula mediante suscripciones institucionales, licencias comerciales o pagos individuales. Un investigador independiente, un estudiante doctoral o un académico de una universidad con recursos limitados puede tener las competencias necesarias para comprender una investigación, pero no los medios económicos para acceder a ella.

Como escritor e investigador, defiendo el derecho de los autores a recibir una remuneración justa por su trabajo intelectual. Investigar supone preparación, dedicación y sacrificios. Sin embargo, el mercado editorial científico presenta contradicciones particulares. Existen revistas donde los autores publican sin recibir honorarios e incluso modalidades en las que deben pagar por publicar. Asimismo, una parte de la revisión por pares se realiza sin remuneración económica directa, aunque también existen revistas y servicios que compensan a sus evaluadores. Mientras tanto, determinadas empresas editoriales obtienen ingresos mediante la circulación y comercialización de ese conocimiento.

He participado como evaluador de trabajos científicos mediante revisión por pares y conozco el tiempo, la responsabilidad y el esfuerzo intelectual que supone examinar una investigación. Precisamente por ello, considero legítimo discutir modelos que reconozcan también el trabajo de quienes contribuyen a garantizar la calidad de las publicaciones. No se trata de desconocer los costos editoriales, sino de preguntarnos cómo se distribuyen los beneficios económicos de la producción científica.

La contradicción resulta todavía más inquietante cuando las investigaciones han sido financiadas con fondos públicos. ¿Por qué una sociedad que ha contribuido económicamente a producir determinado conocimiento debe enfrentar nuevas barreras para acceder a sus resultados? ¿En qué momento un bien destinado a ampliar nuestra comprensión del mundo se convierte en un privilegio condicionado por la capacidad de pago?

En 2021, la UNESCO adoptó su Recomendación sobre la Ciencia Abierta, que promueve un acceso más equitativo al conocimiento y una mayor participación en su producción y circulación. Existen alternativas como el acceso abierto diamante, que permite publicar y consultar investigaciones sin imponer pagos a autores ni lectores. Estos modelos demuestran que democratizar la ciencia no significa ignorar sus costos, sino buscar mecanismos más justos y sostenibles para financiarlos.

La ciencia no es capitalista por naturaleza, como tampoco es militarista por esencia. Es una actividad humana desarrollada dentro de estructuras económicas, políticas y culturales que condicionan sus prioridades, posibilidades y aplicaciones. Precisamente por eso, no puede desentenderse de sus consecuencias sociales. Una ciencia comprometida con la humanidad debe preguntarse no solamente qué puede descubrir, sino para quién descubre, quién financia sus preguntas, quién accede a sus resultados y qué responsabilidades asume frente a las personas.

Estas inquietudes encuentran una expresión particularmente provocadora en el teatro. En Un tonto en una caja, del dramaturgo argentino Martín Giner, la ciencia, la división de clases y las relaciones de poder se entrelazan para cuestionar el lugar del conocimiento frente a las estructuras hegemónicas. La obra confronta al espectador con situaciones en las que la curiosidad por estudiar el comportamiento humano parece justificar la manipulación, el sometimiento y la humillación de quienes ocupan posiciones sociales vulnerables.

Uno de los personajes, al que tengo la oportunidad de interpretar, somete a otro ser humano a determinados estímulos para observar sus reacciones. Cuando es cuestionado por su comportamiento, responde desde la aparente legitimidad de su interés científico. Esa escena condensa una de las preguntas fundamentales de esta reflexión. ¿Puede la necesidad de conocer justificar el sufrimiento de otro ser humano?

De esta obra procede precisamente la frase que da título al artículo. «Esta es la última vez que la ciencia apadrina la barbarie». Una declaración que, más allá de su dimensión dramática, nos invita a examinar la responsabilidad ética de quienes producen, financian, administran y utilizan el conocimiento.

Un tonto en una caja se presentará los días 14 y 15 de noviembre en el Teatro Guloya, bajo la producción de Noel Ventura y en escena lo acompañaremos los actores Raymal García y quien suscribe. Será una oportunidad para continuar estas interrogaciones desde el lenguaje del teatro, ese espacio donde las contradicciones humanas adquieren cuerpo y voz.

Nos vemos en el teatro para seguir ampliando esta conversación. Porque la ciencia puede enseñarnos cómo funciona el mundo, pero no debe quedar exenta de preguntarse qué mundo está ayudando a construir.