De las promesas a las decisiones

Si la cultura es un derecho y una responsabilidad pública, el primer paso consiste en abandonar la improvisación. La República Dominicana necesita una política cultural de Estado, con objetivos de largo plazo, responsabilidades definidas, presupuesto suficiente, mecanismos de evaluación y continuidad más allá de los cambios de gobierno.

No basta con anunciar programas, inaugurar espacios o presentar agendas de actividades. Es necesario establecer qué queremos alcanzar como país, cómo vamos a hacerlo, con cuáles recursos y quiénes deberán rendir cuentas por los resultados.

Una política cultural no puede comenzar de nuevo cada cuatro años. Las instituciones deben pertenecer a la ciudadanía, no a las administraciones que temporalmente las dirigen.

Instituciones, presupuestos y capacidad

Uno de los desafíos más visibles es la debilidad institucional. Los cambios de autoridades suelen traer nuevas prioridades, modificaciones de equipos y, en ocasiones, interrupciones de procesos que deberían tener continuidad. La experiencia acumulada se pierde, los proyectos se detienen y la gestión cultural queda expuesta a decisiones coyunturales.

El nombramiento de quienes dirigen las instituciones culturales debe responder a la capacidad, la formación, la experiencia y el conocimiento del sector. No se trata de establecer una exclusividad para los artistas, sino de reconocer que dirigir una institución cultural requiere competencias específicas, sensibilidad pública y una comprensión profunda de la diversidad cultural del país.

El presupuesto es otra expresión de las prioridades políticas. No basta con asignar recursos: hay que examinar cómo se distribuyen, cuánto llega efectivamente a los creadores y las comunidades, qué programas se ejecutan y cuáles resultados se producen. La transparencia debe acompañar cada decisión.

La inversión cultural no puede concentrarse en eventos ocasionales ni en grandes escenarios. También debe llegar a las escuelas, las bibliotecas, los centros comunitarios, las agrupaciones independientes, las provincias y los municipios que permanecen fuera de los circuitos principales.

PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, SANTO DOMINGO. Impulsada a principios de la década de 1970 durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, fue construida sobre terrenos de una antigua hacienda vinculada a la familia Trujillo. Hoy constituye el principal complejo cultural de la capital dominicana.

Santo Domingo y Santiago concentran buena parte de la actividad y de las oportunidades. Sin embargo, la creación cultural dominicana no termina en esas ciudades. Hay talento, memoria, tradiciones, organizaciones y proyectos en todo el territorio nacional que necesitan acompañamiento y condiciones para desarrollarse.

Centro Cultural Banreservas Santiago.

Descentralizar no significa repartir actividades de manera simbólica. Significa distribuir recursos, fortalecer capacidades locales, formar públicos y garantizar que los ciudadanos puedan participar de la vida cultural sin que su lugar de residencia determine sus posibilidades.

La Ley de Mecenazgo: una oportunidad que exige decisiones

Un ejemplo concreto de la distancia entre la intención y la ejecución institucional es la Ley 340-19, que estableció el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural. Su propósito es promover la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos culturales mediante mecanismos de estímulo e incentivos fiscales.

La legislación abrió una oportunidad importante. Sin embargo, su aplicación ha enfrentado dificultades técnicas y administrativas que han limitado el alcance de ese instrumento. El artículo 33 contempla un incentivo de hasta un 2.5 % para donantes y patrocinadores de proyectos declarados de interés cultural. En noviembre de 2025, la Comisión Permanente de Hacienda del Senado examinó propuestas para elevarlo al 5 %.

La discusión no debe reducirse al porcentaje. Lo verdaderamente importante es que exista seguridad jurídica, procedimientos claros y una coordinación efectiva entre las instituciones responsables. El Congreso debe asumir su responsabilidad legislativa; las autoridades fiscales y financieras, la suya en la aplicación de las disposiciones; y el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Mecenazgo deben defender y promover los mecanismos que hagan posible el funcionamiento del sistema.

Una ley que no consigue traducirse en oportunidades concretas termina convirtiéndose en una promesa escrita. Y la cultura dominicana no necesita más promesas: necesita decisiones.

El mecenazgo puede contribuir a ampliar las fuentes de financiamiento, pero no debe convertirse en una excusa para que el Estado reduzca sus propias obligaciones. La inversión privada complementa la responsabilidad pública; no la reemplaza. Además, debe operar con transparencia, criterios equitativos y mecanismos que impidan que los recursos se concentren únicamente en proyectos con mayor visibilidad comercial.

Educar para pensar, crear y convivir

La política cultural debe comenzar mucho antes de que un joven decida convertirse en artista. Comienza en la escuela, en la familia, en el barrio y en las oportunidades que una sociedad ofrece para acercarse a los libros, la música, el teatro, la danza, el cine y las artes visuales.

La educación artística no puede ser tratada como una actividad secundaria ni como un entretenimiento para completar horarios. Es parte de la formación integral. Desarrolla sensibilidad, imaginación, disciplina, capacidad de observación, pensamiento crítico y respeto por las diferencias.

Un niño que tiene acceso al teatro, a la lectura o a la música amplía su comprensión del mundo. Una comunidad que conserva sus tradiciones y dialoga con nuevas expresiones fortalece su identidad sin encerrarse en el pasado.

La identidad dominicana no es una pieza inmóvil ni una definición impuesta desde el poder. Es una realidad viva, diversa y cambiante, construida por nuestra historia, nuestras raíces, nuestras migraciones, nuestras expresiones populares y las distintas maneras de reconocernos como sociedad.

Por eso, proteger el patrimonio no significa solamente restaurar edificios o conservar objetos. También significa preservar la memoria, apoyar las manifestaciones culturales vivas, investigar nuestra historia y reconocer las distintas voces que forman parte de la nación.

La cultura debe ayudarnos a comprender quiénes somos, pero también a preguntarnos quiénes queremos ser.

Un compromiso que debe trascender los gobiernos

La transformación que necesitamos exige un acuerdo nacional. El Estado debe convocar a artistas, gestores, investigadores, educadores, organizaciones comunitarias, universidades, empresas y gobiernos locales para construir una agenda compartida. No una consulta destinada a justificar decisiones previamente tomadas, sino un espacio real de participación en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

Ese compromiso debe traducirse en medidas concretas: una planificación cultural de largo plazo; instituciones dirigidas con criterios profesionales; presupuestos transparentes; educación artística fortalecida; protección del patrimonio; descentralización efectiva; apoyo a la creación independiente y garantías para la libertad de expresión y de pensamiento.

También necesitamos indicadores que permitan evaluar los avances: cuántas comunidades acceden a programas culturales, cuántas escuelas incorporan educación artística, qué recursos llegan a las provincias, qué proyectos reciben apoyo y cuáles son sus resultados. Lo que no se evalúa corre el riesgo de convertirse en propaganda.

El sector cultural, por su parte, también tiene responsabilidades. Necesita fortalecer sus organizaciones, desarrollar mecanismos de transparencia, mejorar su capacidad de gestión y participar con propuestas. La defensa de la cultura no puede limitarse a reclamar recursos: debe acompañarse de una ciudadanía cultural activa, crítica y comprometida con el bien común.

No se trata de pedir privilegios para los artistas. Se trata de reclamar que la cultura sea reconocida como una dimensión esencial de la vida democrática.

La medida de un país

La relación entre el poder y la cultura revela mucho más que la atención que un gobierno presta a los artistas. Revela cómo entiende la educación, la libertad, la identidad y la participación ciudadana.

Un Estado que invierte en cultura no está financiando únicamente espectáculos, exposiciones o publicaciones. Está creando condiciones para que sus ciudadanos desarrollen sensibilidad, pensamiento propio, memoria y capacidad de convivir con las diferencias.

Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer. Las administraciones cambian, pero la memoria de una nación no puede quedar sometida a cada relevo político. La cultura necesita continuidad, respeto y una visión que comprenda que el desarrollo de un país no se mide solamente por sus cifras económicas, sino también por la calidad humana de su gente.

La República Dominicana tiene una historia cultural extraordinaria, una creación artística diversa y generaciones de hombres y mujeres que han sostenido su trabajo muchas veces en condiciones difíciles. Ese patrimonio merece algo más que reconocimientos ocasionales. Merece una política pública a la altura de su importancia.

El poder político tiene ante sí una responsabilidad que no puede seguir aplazando: dejar de tratar la cultura como un recurso ceremonial , de eventos caña año ocasionales y asumirla como una prioridad nacional.

Porque gobernar no es solamente administrar el presente ni inaugurar obras para exhibir resultados. Es también asumir la responsabilidad de crear condiciones dignas para quienes producen cultura: garantizar apoyo, oportunidades, protección y reconocimiento al valor profesional de su trabajo. Las próximas generaciones de artistas y gestores culturales no pueden seguir condenadas a la precariedad, la incertidumbre y la falta de respaldo institucional. Merecen vivir de su talento, ejercer su profesión con dignidad, reconocerse en su historia y encontrar en su propio país las condiciones para construir un futuro.

La cultura no puede seguir dependiendo del sacrificio personal de sus creadores ni de la buena voluntad ocasional de los gobiernos. Un país que no cultiva el pensamiento termina empobreciendo su libertad. Y una democracia que no protege la cultura debilita, sin advertirlo, su propia capacidad de futuro.

Danilo Ginebra

Publicista y director de teatro

Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad.

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