Alrededor de 5.000 trabajadores de las plantaciones de banana en el noroeste de Panamá fueron despedidos el jueves por la filial de la firma trasnacional estadounidense Chiquita, luego de casi un mes de huelga.
Los sindicatos de los trabajadores bananeros mantienen desde el 28 de abril un paro en la provincia caribeña de Bocas del Toro, donde han cerrado caminos y han efectuado fuertes protestas, para mostrar su rechazo a una ley aprobada por el Congreso que modifica el régimen de jubilaciones del país.
Otros sindicatos y grupos de trabajadores, entre ellos los de la construcción, docentes, médicos y algunos sectores indígenas, también se han sumado a las protestas a nivel nacional contra las reformas.
En el caso de los bananeros, la huelga fue declarada "ilegal" por un tribunal laboral y fue descalificada por el presidente del país, José Raúl Mulino, quien este viernes instruyó a la formación de un consejo de evaluación que decidirá si declara el estado de emergencia para Bocas del Toro.
Aunque el gobierno ha negociado un paquete de beneficios para los trabajadores bananeros, el líder sindical Francisco Smith dijo el jueves que mantendrán la huelga y el bloqueo hasta que los congresistas aprueben esos cambios.
"Puede que [los trabajadores] no sean estudiados y letrados, pero conocen muy bien el derecho laboral. Ellos se mantienen firme, más de 7.000 trabajadores en la calle", le dijo Smith a la prensa, luego de reunirse con el gobierno.
Pero horas después, Chiquita informó del despido de los trabajadores.
¿Por qué los despidos masivos?
Los despidos masivos de jornaleros fueron notificados por la filial panameña de Chiquita en un comunicado en el que citó "el abandono injustificado de labores en nuestras fincas y centros de operación" de los trabajadores.
"Chiquita Panamá e Ilara Holding de manera respetuosa solicitaron en reiteradas ocasiones el llamado a los colaboradores para que regresaran a sus puestos de trabajo para minimizar el impacto en las plantaciones", dice la empresa.
La compañía aseguró que, luego de 24 días de paro, sufrió pérdidas de US$75 millones y que hay "daños irreversibles en la producción".
La empresa citó a los jornaleros, que tienen contratos temporales para las cosechas del fruto, para recibir sus pagos de manera individual.
El presidente Mulino dijo que Chiquita tenía el derecho de proceder con los despidos después de que un trubnal declarara que la huelga es ilegal.
"La compañía va a empezar a botar gente y después no se quejen", advirtió este jueves.
¿Por qué se inició la huelga?
En marzo pasado, el Congreso panameño aprobó un paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo para reformar las leyes de la seguridad social, entre ellas las de jubilación y de la Caja del Seguro Social.
El país centroamericano ha acumulado un déficit de más de US$650 millones en las pensiones de los trabajadores.
Los cambios generaron un gran debate parlamentario y algunas protestas de gremios de obreros y sindicatos.
Después de que el presidente Mulino aprobara las reformas, el sindicato de docentes inició una huelga indefinida el 23 de abril, a la que se sumaron otros sectores, como el de la construcción -el más numeroso del país- y el de los trabajadores bananeros.
Los trabajadores han bloqueado carreteras, interrumpiendo las clases y se ha reportado escasez de combustible en varios puntos del país, según medios locales.
En las protestas se han dado algunos enfrentamientos violentos con la policía.
Congresistas y el gobierno de Mulino han insistido en que los cambios no afectan la edad de jubilación que estaba vigente, algo que reclaman los obreros.
"No sabemos cómo explicarles [a los sindicatos] el enorme daño que está causando su intransigencia", dijo el jueves Mulino en su rueda de prensa semanal.
¿Qué dicen los bananeros?
En la provincia caribeña de Bocas del Toro, donde la principal actividad productiva es la producción de bananos, los trabajadores dirigidos por Francisco Smith, del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), han sostenido la huelga desde hace más de tres semanas.
Más allá de otros gremios, en el Sitraibana aseguran que las reformas trastocan sus derechos de seguridad social y prejubilación conseguidos en 2017.
"Los diputados que aprobaron la Ley 462 lo hicieron lesionando al sector bananero. Es el sector más humilde que en 2017 conquistó esta ley, tras una lucha de una huelga también, y hoy estos diputados están cercenando estos derechos. Y eso es lo que estamos peleando", dijo el jueves Smith.
La huelga, sin embargo, fue decretada "ilegal" esta semana por el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola. Mulino advirtió que había un plazo hasta la tarde del jueves para que Smith y los enviados de su gobierno llegaran a un acuerdo, con el riesgo de enfrentar despidos si no había entendimiento.
Pero Smith dijo que mantendrían el paro hasta no ver aprobado en el Congreso -que debería convocar a un periodo extraordinario- el paquete de beneficios para los bananeros.
"La ley que se trabajó entre las partes está buena, está mejor que la primera ley, a favor de los bananeros. Pero nosotros todavía nos mantenemos [en huelga] porque la ley todavía no está aprobada", dijo el líder del Sitraibana.
Sin embargo, el mismo jueves Chiquita anunció el despido masivo de trabajadores que afecta a hasta 5.000 jornaleros.
Ante esta situación, el gobierno creó un consejo para analizar la imposición de un estado de emergencia para Bocas del Toro, una medida que solo se ha usado en desastres naturales y en la pandemia de covid-19.
El poder de Chiquita
Panamá es uno de los mayores exportadores de bananas, un fruto que históricamente se ha cultivado en la región de Centroamérica y Caribe.
En este cultivo, Chiquita ha jugado un papel protagónico desde hace décadas.
Tan solo en Panamá cuenta con 26 fincas que abarcan unas 7.000 hectáreas, lo cual representa el 90% de la producción del país en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
La firma estadounidense y sus filiales son herederas de la United Fruit Company, una empresa fundada en 1899 que cambió el mundo con su modelo de producción de banana e influyó en la política y la economía de varios países latinoamericanos, al punto de que se los empezó a llamar "repúblicas bananeras".
En palabras de Peter Chapman, autor del libro Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World ("Bananas: cómo la United Fruit Company moldeó el mundo"), la empresa fue la primera de las multinacionales modernas.
Como empleadora de miles de personas, dueña de miles de hectáreas de tierra y aliada cuando se requería del gobierno estadounidense, la United Fruit Company podía influir en generar estabilidad o inestabilidad en los países en los que operaba.
En Colombia fue condenada por financiar paramilitares y jugar un papel central en la llamada masacre de las bananeras de 1928. También participó en el golpe de Estado de Guatemala de 1954.
Aunque atravesó una fuerte crisis a mediados de los 70, sobrevivió cambiando de dueños, y en la actualidad, Chiquita Brands vende toneladas de bananos con stickers azules en los supermercados de todo el mundo.
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