El presidente Gustavo Petro calificó los recientes ataques ordenados por Trump contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas en el mar Caribe como un "acto de tiranía".
En una entrevista con la BBC en Nueva York, el mandatario colombiano afirmó que el uso de la fuerza letal por parte del gobierno de Estados Unidos para este fin es asesinato.
Y agregó que, en caso de que se confirme que entre los fallecidos en los ataques había ciudadanos colombianos, se iniciarán procesos penales contra los altos funcionarios estadounidenses que ordenaron los ataques.
Desde agosto, EE.UU. desplegó una flota militar en el mar Caribe como parte de su estrategia antinarcóticos, y en las últimas tres semanas llevó a cabo ataques en aguas internacionales que dejaron al menos 17 muertos.
Trump enmarca estas acciones militares dentro de la lucha contra organizaciones terroristas extranjeras, pero expertos de Naciones Unidas las han definido como ejecuciones extrajudiciales.
Petro es uno de los pocos líderes mundiales que se ha atrevido a enfrentarse públicamente al presidente estadounidense.
Desde que Trump asumió la presidencia, la relación entre los dos gobiernos ha pasado por varios momentos tensos. Recientemente, EE.UU. le retiró a Colombia la certificación como socio en la lucha contra las drogas.
En una conversación con el corresponsal de la BBC Tom Bateman, Petro habló sobre los ataques en el Caribe, la relación de EE.UU. con Colombia y la lucha contra el narcotráfico.
Lo que sigue es una versión de la entrevista editada por motivos de longitud y claridad.
Me gustaría empezar con los ataques aéreos estadounidenses de la semana pasada contra una lancha rápida en el mar Caribe, que según el presidente Trump tenían como objetivo el tráfico ilegal de drogas. Usted ha sugerido que la tripulación podría haber estado conformada por civiles colombianos. ¿Lo ha confirmado?
Existe a nivel universal un principio del derecho internacional, que es el de la proporcionalidad de la fuerza. Se tiene en cuenta cuáles son los grados de fuerza de cada uno de los rivales y si esta se ha usado de manera sobredimensionada.
Si usas una bomba nuclear contra un ejército de fusiles, romperías el derecho internacional.
Colombia, con Estados Unidos, con Europa, con otros países latinoamericanos, ha hecho operaciones inmensas, de por lo menos 100 o 200 toneladas de cocaína incautadas en lanchas rápidas. Tenemos una experiencia larga, en colaboración con las mismas agencias de Estados Unidos y otras, en incautación marina de cocaína.
Nunca ha muerto nadie. No hay necesidad de matar.
Y no es necesario, porque simplemente bloqueas, como en una calle, la lancha con otras más rápidas. Durante años y años, hemos logrado hacer operaciones sin muertos.
¿Para qué lanzar un misil si se hubiera podido simplemente frenar y capturar a sus miembros?
Eso es lo que yo llamo un asesinato porque 1. Rompe el principio de proporcionalidad de la fuerza: un misil es mucho más que una pistola 2. La operación se puede hacer con mucha limpieza sin que nadie muera, y eso es primero en cualquier acción del Estado y 3. [Deteniendo la lancha] capturas a las personas, sabes qué lleva dentro el paquete que llevan y si se trata de migrantes o si se trata de jóvenes asalariados del narcotráfico.
En general, ni el campesino que cultiva hoja de coca, ni la gente que transforma eso en cocaína, ni los que la transportan son los verdaderos narcotraficantes.
El verdadero narcotraficante tiene una organización empresarial multinacional, y organiza, con su equipo, el transporte global de la droga, la manera como esa droga se convierte en dinero y cómo ese dinero se lava.
Eso hace que no vayan en la lancha, que no estén en los campos de cultivos, que no estén en los laboratorios, sino que vivan en las ciudades de lujo, porque la cantidad de dinero que logran obtener les permite los mayores lujos del mundo.
El presidente Trump argumenta que tiene derecho a utilizar poderes de guerra en este caso debido a la magnitud de lo que se está infligiendo, en términos de tráfico de drogas, a las comunidades estadounidenses. Y por eso dice que está tomando estas acciones como medida disuasoria. Ayer dijo que esto va a detener el tráfico de drogas en el mar Caribe. ¿No tiene razón?
No, para nada, porque desconoce la realidad del narcotráfico.
El crecimiento de la demanda de cocaína en Estados Unidos se detuvo hace mucho tiempo por un consumo mucho más dañino, que es el de fentanilo.
El fentanilo no proviene de la tierra, de los campos, de los vegetales. El fentanilo es un producto químico y, por tanto, sólo se puede hacer en un aparato industrial relativamente complejo, no en los campos de laboreo de la hoja de coca de Colombia.
Eso significa que un porcentaje elevado -tanto de la oferta como de la demanda- de fentanilo en los Estados Unidos es autoproducción y autoconsumo, no necesita de lanchas, no necesita de aviones en realidad. Se hace aquí mismo, aquí en Nueva York.
Entonces, la idea de Trump de que hay una invasión de drogas, por el lado de la cocaína es falso porque el consumo no aumenta desde hace mucho tiempo en Estados Unidos.
Y, en segundo lugar, el consumo de fentanilo no provoca una invasión de comerciantes extranjeros, sino que se produce en los propios Estados Unidos.
Entonces, ¿cómo caracterizaría el comportamiento del presidente Trump y su decisión de utilizar la fuerza militar contra embarcaciones como esta en la región de su país?
Es un asalto a la razón, en primerísimo lugar, y eso es lo más peligroso.
Trump es parte de corrientes de pensamiento irracionalista. Niegan la capacidad de la ciencia. Ahí tiene usted lo que dijo sobre la crisis climática. Niegan el diálogo que produce la ciencia.
Y siempre la sinrazón lleva a la violencia.
Lanzar misiles sobre aguas que son de soberanía extranjera para Estados Unidos es simplemente un acto de tiranía.
Lo que está sucediendo ahí es una tiranía. No puedes saber si esos jóvenes son migrantes o asalariados de una mafia narcotraficante. Y en ninguna de las dos circunstancias tiene ningún derecho el señor Trump a tirarles un misil cuando están en estado de indefensión.
Usted pidió ayer que se juzgue penalmente al presidente Trump por este asunto. ¿Por qué lo dice?
Yo dije que, si se confirma que entre esos jóvenes [que murieron por los ataques de Estados Unidos] había colombianos, es obligatorio que la justicia colombiana abra una investigación penal por asesinato.
Y quienes serían llamados en ese proceso son los funcionarios que tienen la responsabilidad del asesinato.
Independientemente de qué llevaran ahí [en la lancha], se rompió el derecho internacional, el derecho de gentes.
Es evidente que los estadounidenses verán esto como una declaración extremadamente provocadora. Dada su relación con el presidente Trump durante los últimos nueve meses, ¿le preocupa que adoptar este enfoque de resistencia al gobierno estadounidense pueda aislar a su país?
Yo creo que quien se está aislando es el presidente Trump.
Con el presidente Biden hablé cuatro veces, fuimos amigos relativamente, coincidimos en unos temas, le advertí del tema de Palestina.
Hubo una relación relativamente civilizada y respetuosa entre ambos. No tengo ninguna animadversión contra EE.UU.
Pero Trump entró insultando. Ya me había insultado en una de sus campañas presidenciales cuando me llamó terrorista. De él no he recibido sino insultos.
Le he dicho a sus enviados: conversemos de tú a tú. Pero tiene que ser de tú a tú.
No pueden pensar que los pueblos que somos hijos de Bolívar nos arrodillamos. No somos súbditos. Le cortamos la cabeza al rey. Somos republicanos. Y, por tanto, aquí hablamos entre iguales.
Creo que eso no lo ha entendido el señor. Y cree mentalmente que somos súbditos, quizás porque muchos líderes latinoamericanos se sienten así: cipayos, súbditos, les da miedo hablar entre iguales. Yo no.
¿Cree que esta estrategia de discutir públicamente con Trump está funcionando?
Es que yo quiero que queden claras las posiciones. Y para que una posición quede clara ante los ojos del mundo pues hay que hacerla pública. No hay otra manera.
Estados Unidos le retiró Colombia la certificación como socio en la lucha contra las drogas. Siempre existe el riesgo de sanciones. Usted recibe miles de millones de dólares en ayuda para la seguridad de Estados Unidos. ¿No está poniendo eso en peligro y, por lo tanto, poniendo en peligro el bienestar del pueblo colombiano?
Nosotros no hemos recibido miles de millones de dólares.
En primer lugar, lo que Estados Unidos llama ayuda es una transferencia de dinero del presupuesto de los Estados Unidos a sus propias ONGs, a sus organizaciones civiles. Eso no llega al presupuesto nacional de Colombia.
Si llega al Ejército de Colombia, es para comprar las armas de Estados Unidos. Es un negocio. Business.
Así que ese no es el problema mayor. Nunca ha sido de miles de millones de dólares tampoco.
Lo que sí tenemos al frente es una desestabilización de la soberanía colombiana sobre su propio ejército, por ejemplo, sobre su policía, sobre migración, sobre la Fiscalía, porque se desvertebran las instituciones.
Entonces, secciones de la institución, dependiendo de qué hacen, pueden ser cooptadas por Estados Unidos y separadas funcionalmente del resto de la institución.
Eso me pasó con migración. Una vez entré a una de sus oficinas en Bogotá y la encontré llena de banderas de Estados Unidos. Y es la migración colombiana.
O la operación que yo mismo denuncié públicamente, porque la descubrí con una investigación mía personal, alrededor de Pegasus.
Pegasus es un software israelí, que puede, si entra a tu celular, oír todas tus conversaciones, etcétera. En Colombia es necesaria una orden judicial para ello. El software entró sin orden judicial. El dinero, más o menos US$14 millones, lo puso la CIA. Y fue una operación de la CIA sin consultar el gobierno civil.
Eso es ilegalidad. Eso destruye la soberanía nacional de Colombia. No sé si los objetivos fueron narcotraficantes o no, eso lo sabe solo la CIA.
Pero, en mi opinión, eso no es una operación entre Estados que se respetan entre sí.
¿Cómo describiría sus avances en materia de cultivos de coca y de negociaciones con los grupos guerrilleros en Colombia?
En Colombia no hay guerrillas en este momento. Hay organizaciones armadas al servicio del narcotráfico que, por tratarse de cocaína, necesitan un control sobre territorios concretos de cultivos y rutas.
Ese control es armado e ilegal. Pero no tiene que ver con objetivos políticos de toma del poder, como sí sucedía en los tiempos de la Guerra Fría. No está el elemento ideológico del centro de la violencia en Colombia, sino la codicia y el negocio.
Los cultivos de hoja de coca han sido variables y han aumentado correlacionalmente con la demanda de cocaína.
Empezaron a crecer a partir del año 2013, en un nuevo ciclo que se correlaciona con el crecimiento del mercado de cocaína en Europa.
En el gobierno de Duque (2018 a 2022), se observa la tendencia más aguda, un crecimiento del 43% anual de cultivos.
En mis años [de gobierno], que ya van 3, hay un descenso en la tasa de crecimiento: 13% en el 2022, 9% en el año 2023, y 3,4% en este año. Es decir, vamos a estancar los cultivos y ojalá a volverlos decrecientes.
¿Por qué si en el Gobierno de Duque crecían a 43% al año y nosotros hemos reducido ese crecimiento a 3% me descertifican a mí y no a Duque?
Porque el tema no está en los números. Está en la política.
Pero adiciono un dato. No solo hay que contar el área de cultivos, que es fácil con un satélite, sino la productividad por zonas.
Y aquí es donde está el gran error del último informe de Naciones Unidas.
Naciones Unidas cogió la tasa de productividad de las zonas de alta productividad y la aplicó a todas las zonas, inclusive las de marchitamiento. Es decir, sobredimensionó la cantidad de cocaína potencial.
Esto nos lo aceptaron ellos como un error. Pero no han cambiado las cifras del estudio 2023, que fue la única excusa que usaron los funcionarios de Estados Unidos para decir que no éramos buenos socios en la lucha contra la cocaína.
Es decir, nuestra descertificación se debe a una ligereza de un investigador joven de las Naciones Unidas. A no hacer bien el estudio.
Usted se comprometió a negociar con los grupos armados, a resolver ese problema. Y lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia. Según el International Crisis Group, el ELN ha ejecutado a civiles este año y las negociaciones han fracasado. Es decir, no se ha avanzado nada. ¿No ha fracasado su estrategia?
La falla no está en negociar.
Cuando un grupo insurgente tiene vocación política, hay una negociación política. Colombia lleva décadas de negociaciones políticas; algunas fracasadas, otras exitosas.
Con la delincuencia, no hay negociación política. Hay negociación jurídica. De esto segundo es de lo que hemos hablado en Colombia.
¿Por qué ya no hay posibilidad de negociaciones políticas? Porque no tenemos insurgencia armada, tenemos bandas armadas. Con relativa capacidad, no tanta como la que tuvo la insurgencia.
Por eso, la tasa de homicidios de Colombia hoy es la más baja desde 1993 y la cuarta parte de la que hubo en esa época, cuando Pablo Escobar estaba en el máximo de su poder y a punto de morir.
Entonces, las circunstancias de hoy son las de una negociación socio-jurídica, así la hemos llamado.
Pudo haber errores de mis funcionarios, lo confieso, al confundir una negociación con otra. Con los narcotraficantes no se negocia política. Ellos negocian sus condiciones jurídicas de entrega, de años [de condena], incluso la extradición.
Nosotros hemos dicho: podemos negociar eso a cambio de erradicar la economía ilícita.
Solo unos pocos grupos armados han dicho que están dispuestos a sustituir voluntariamente sus cultivos. Son grupos marginales, es la verdad.
El gobierno de Estados Unidos lo que pedía era la erradicación forzada de cultivos.
Cuando más éxito tuvo la erradicación forzada fue en el año 2020, con Duque. Llegó a 130.000 hectáreas erradicadas.
¿Por qué el satélite mostró que [ese año] el área sembrada solo se redujo en 9.000 hectáreas? Porque fracasó la erradicación forzada.
Los campesinos, o los narcos, sembraron en otra parte inmediatamente.
Cuando es el mismo campesino el que arranca la mata por voluntad propia, no vuelve a sembrarla. Siembra su cultivo lícito, y me toca ayudar a que eso sea rentable, porque ellos cultivan en zonas demasiado excluidas del territorio nacional.
El campesino empieza a erradicar, porque las bandas armadas, que tampoco son los dueños del narcotráfico sino que están allí a sueldo cuidando esas matas de coca, han decidido negociar una salida jurídica.
Y entonces se produce un efecto de transformación del territorio.
Eso es lo que tenemos: negociaciones socio-jurídicas en las que buscamos quitar la economía ilícita de la manera menos violenta posible, sin afectar el campesinado y logrando el sometimiento de personas a procesos jurídicos con beneficios jurídicos, pero que no tienen nada que ver con la política.
Esto mismo que yo hago lo hacen aquí [en EE.UU.]. Aquí no tienen el problema del campesino cultivador, pero sí del capo que yo mismo he extraditado.
Yo tengo los siguientes premios: en mi gobierno, se ha incautado el mayor número de toneladas de cocaína de la historia del mundo. Nos estamos acercando a 1.000 toneladas al año.
Descertificaron al presidente que más toneladas ha incautado en la historia del mundo.
Y hemos logrado el mayor número de extraditados por narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos, unos 700.
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