"Con vergüenza y dolor".
El jefe de la Fuerza Aérea de Ecuador, el general Mauricio Salazar, reconoció este jueves la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la desaparición y muerte de cuatro menores en 2024.
El 8 de diciembre de ese año los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Saúl, y Steven, salieron a jugar fútbol en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y ya no volvieron a casa.
Días después y tras una ola de indignación, cuatro cuerpos aparecieron carbonizados y con señales de tortura en un río cercano a la base aérea de Taura, a 35 kilómetros de la ciudad.
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, había adjudicado la desaparición de los menores a "grupos delincuenciales". Pero días después, cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Este jueves el jefe de la Fuerza Aérea, ofreció disculpas públicas y reconoció la responsabilidad estatal ante las familias de los cuatro menores.
"Comparezco ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente", dijo Salazar en un acto realizado en el malecón de la ciudad.
Luis Arroyo, el padre de los hermanos Arroyo, aseguró haber recibido la última señal de vida de los niños. Un desconocido, según su testimonio, lo llamó la noche que desaparecieron, advirtiéndole que fuese a buscar a los menores al camino que conduce a la instalación militar de Taura.
Inesperadamente, relató Arroyo, el hombre puso a uno de sus hijos al teléfono y éste le dijo: "Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Papá por favor ven, sálvame".
Poco después, tras alertar a las autoridades, recibió una segunda llamada anónima avisándole que los menores se habían ido. "La mafia se los llevó".
Tras difundirse videos que confirmaban la participación de militares en la detención, la presión pública aumentó y la Fiscalía empezó a investigar el caso como una desaparición forzada.
En marzo de 2026, 11 militares recibieron condenas de 34 años y 8 meses de prisión, mientras la Corte Constitucional reafirmó que los niños fueron víctimas de desaparición forzada bajo responsabilidad estatal.
Sin Daniel Noboa
Los retratos de Josué, Ismael, Steven y Nehemías presidieron este jueves el acto de disculpas públicas, donde no estuvieron presentes otros altos mandos militares ni representantes ministeriales del gobierno del presidente Daniel Noboa.
La disculpa es parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró culpable al Estado y a los militares de violaciones a los derechos humanos.
"Pedimos perdón, de manera explícita, a las madres, padres, hermanas, hermanos y demás familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Y nos comprometemos a que este reconocimiento no sea un gesto simbólico vacío, sino el inicio de un camino irreversible hacia la verdad, la justicia y la reparación integral", dijo el general.
Salazar se comprometió además a adoptar todas las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan, incluyendo la implementación de protocolos específicos para la actuación frente a niñas, niños y adolescentes, así como a tener procesos permanentes de formación en derechos humanos, enfoque de niñez, igualdad y no discriminación entre las fuerzas armadas.
"Este acto de disculpas públicas no repara el dolor irreparable de su pérdida. Pero se encamina a materializar un gesto de verdad, reconocimiento y responsabilidad, y el compromiso serio de trabajar para que la memoria de José, Ismael, Steven y de Nehemías permanezca viva en el tejido social y político del Ecuador", añadió.
Momento histórico
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó el acto como un momento histórico para las familias de los cuatro niños.
Pero, como indica el portal de noticias Primicias, Navarrete advirtió que la problemática de las desapariciones forzadas sigue abierta en Ecuador y recordó que aún existen decenas de familias que continúan buscando a sus seres queridos.
Y la relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Ana Lorena Delgadillo, explicó que la realización del acto constituye un paso importante dentro de los procesos de verdad, justicia y reparación que demandan las víctimas de desaparición forzada.
Durante la ceremonia, los padres de los menores agradecieron a quienes los han acompañado en el proceso de exigir justicia por sus hijos.
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