El 'cazador de dictadores': 'Siempre me agrada ver a un dictador esposado, pero no a cualquier costo'

Reed Brody (Nueva York, 72 años) aprendió desde muy joven que la justicia no es solo un ideal, sino una lucha audaz y persistente contra el olvido.

Hijo de una familia judía sobreviviente del nazismo que escapó de campos de trabajo forzado y que luego ayudó a liberar Budapest, creció con la firme convicción de que crímenes de tal magnitud no pueden quedar impunes.

Décadas después, esa certidumbre lo convertiría en uno de los abogados de derechos humanos más influyentes del mundo, ganándose el apodo de "cazador de dictadores".

Desde América Latina hasta África, ha acompañado a víctimas, reconstruido historias enterradas y contribuido a sentar en el banquillo a líderes que durante años parecían intocables.

Casos como el expresidente Augusto Pinochet en Chile o Hissène Habré en Chad, a quien persiguió durante más de dos décadas, han definido su carrera e inspirado a numerosas víctimas en todo el mundo.

Habré fue juzgado y condenado en Senegal a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, tortura y violaciones sistemáticas durante su régimen autoritario entre 1982 y 1990, tras una larga campaña de víctimas y activistas que lograron llevarlo ante la justicia en 2016.

En su nuevo libro, "Atrapar a un dictador: la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad", Brody repasa sus esfuerzos más relevantes por acabar con la impunidad con ayuda del derecho internacional moderno.

Además, reflexiona sobre cómo se han construido -con avances y retroceso- las herramientas jurídicas que hoy permiten perseguir a líderes acusados de violaciones graves de derechos humanos.

También explica cómo se puede hacer justicia y por qué, pese a los progresos, la impunidad sigue siendo más frecuente.

El "cazador de dictadores" habló con BBC Mundo en el marco del festival Centroamérica Cuenta, que se celebra en Panamá del 18 al 23 de mayo.

Tras su experiencia persiguiendo a exgobernantes, ¿cree que la justicia internacional realmente funciona o cree que se considera que hay dictadores que pueden ser aceptables?

Funciona hasta cierto punto. Yo creo que hemos logrado cambiar el paradigma, en el sentido en que la impunidad ya no se considera ni normal, ni aceptable ni rutinaria.

El anhelo, el objetivo, el derecho y las normas ahora, y solamente desde hace unos 25 años, indican que la gente espera que se haga justicia frente a los crímenes atroces.

La impunidad se considera una aberración, pero sigue siendo más frecuente que la justicia.

Con la creación de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de las normas internacionales, hemos podido revertir en parte las expectativas.

Yo digo en el libro, y muchas veces me citan, que antes solía decirse que si matabas a una persona ibas a la cárcel; si matabas a 10, ibas al psiquiátrico; pero si matabas a 10.000, terminabas en un cómodo exilio con una cuenta bancaria en otro país.

Eso, durante la mayor parte de la historia, ha sido así. Aún sigue siendo así en algunos casos. Se sabe que Bashar al Assad [quien gobernó Siria desde 2000 hasta ser derrocado en 2024] está disfrutando de un exilio dorado en Rusia.

Pero hemos mostrado, con casos concretos, que con perseverancia, tenacidad, imaginación y audacia, a veces es posible que las víctimas obtengan justicia.

¿Por qué solo a veces? ¿Cree que hay una doble vara en el sistema que elige qué líderes son juzgados y cuáles no?

Desde los juicios de Núremberg, que son los juicios fundacionales de la justicia internacional moderna, las instituciones han servido sobre todo para llevar ante la justicia a adversarios derrotados, como precisamente en Núremberg, donde se juzgaron las atrocidades de los nazis, pero no el bombardeo de Dresde; o en Tokio, donde se persiguieron los crímenes de los japoneses, pero no los de Hiroshima o Nagasaki.

Lo mismo pasó en África con líderes como Hissène Habré, quien no fue perseguido por Occidente, a diferencia de adversarios o enemigos de Occidente como Slobodan Milošević y Vladimir Putin.

La paradoja es que, cuando el sistema funcionó en sentido contrario, con los mandatos de arresto emitidos contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant [ministro de Defensa de Israel] -la primera vez en la historia en que aliados tan firmes de Occidente han sido objeto de la justicia internacional-, hubo una reacción muy fuerte por parte de Estados Unidos, que impuso sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar a Israel, lo que supone un riesgo existencial para el organismo.

¿Hoy dónde ve mayores riesgos de impunidad en América Latina?

Nicaragua es uno de los países donde hay mayor riesgo. Como experto de la ONU, mi grupo de expertos denunció presuntos crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Hemos nombrado a 56 oficiales más del gobierno nicaragüense y del partido sandinista. Hoy en día parece muy difícil que se hagan investigaciones judiciales contra ellos.

Evidentemente, todavía hay posibilidades de que se hagan fuera de Nicaragua, pero dentro del país las posibilidades son nulas.

Sobre El Salvador, he leído un informe de un grupo internacional que se acaba de publicar sobre las cárceles y los arrestos del gobierno, y la situación tampoco es alentadora.

El problema es que, cuando no hay independencia del poder judicial, es muy difícil que se haga justicia.

En Venezuela, ahora hay muchas personas, tanto en el gobierno como en la oposición, que hacen llamados a la reconciliación, pero otros dicen que no puede haber impunidad. ¿Cree usted que se puede reconciliar un país sin que haya justicia?

Creo que es difícil. No hay una fórmula mágica que funcione para todos los países.

Mi experiencia en América Latina, en África y en Europa es que es muy difícil construir un Estado de derecho mientras haya impunidad.

¿Cómo vamos a arrestar a una persona que mató a otra, cuando hay personas que han matado a 100 y viven libremente? Hay que aplicar la ley.

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Ni en Venezuela, ni en Cuba ni en Nicaragua hay pueblos de etnias distintas que deban reconciliarse. Hay personas acusadas de violar la ley y otras que son víctimas".

Usted comenzó en América Latina hace más de 40 años y durante las últimas décadas ha trabajado más en África. ¿Qué diferencias hay en los procesos de ambas regiones?

Una de las diferencias más importantes es que en África y en Europa, muchas veces, no siempre, los grandes conflictos ocurren entre comunidades distinta que tienen que reconciliarse, como los serbios y los bosnios en Yugoslavia o los hutus y los tutsis [en Ruanda].

En América Latina, el problema no es ese normalmente. Ni en Venezuela, ni en Cuba ni en Nicaragua hay pueblos de etnias distintas que deban reconciliarse. Hay personas a las que se les acusa de violar la ley, cometer crímenes internacionales, masacres, torturas, y hay otras personas que son víctimas.

Nadie quiere ser esa persona que le va a decir a una viuda que el asesino de su marido va a ser absuelto.

¿Cree que han avanzado o retrocedido los derechos humanos en América Latina y cómo se compara la región con el resto del mundo?

En general, para las comunidades marginales, las mujeres y las minorías sexuales, y también en buena parte para los obreros, ha habido muchos avances.

Pero en los últimos 20 o 30 años estamos viendo, en todo el mundo, un retroceso que quizá se ha acelerado debido a lo digital y la falta de educación cívica.

Yo tengo 72 años y siempre pensé que viviría en un mundo más justo a estas alturas de mi vida.

En este momento, la situación, sobre todo política, es muy difícil.

Si comparamos la calidad de vida, la inclusión y el derecho a ser ciudadano, se han logrado muchos avances.

En su opinión, después del informe que publicaron, ¿cuál es la prioridad en Nicaragua ahora?

La prioridad es recuperar la democracia. En Nicaragua no hay libertad alguna: no existen los partidos de oposición ni los medios independientes.

No existen las ONG críticas, no hay abogados de derechos humanos, no hay defensores, ni sindicatos independientes ni grupos patronales independientes.

Nicaragua es un país reducido al silencio y ahora el gobierno intenta silenciar a la diáspora en el exilio.

Nuestros últimos informes han hecho mucho hincapié en la represión transnacional, porque sabemos que unos 800.000 nicaragüenses, cerca del 12 % de la población nicaragüense, viven en el exterior, y que el gobierno, tras lograr silenciar a los nicaragüenses dentro del país, ahora hace todo lo posible para silenciar a los que están en Costa Rica, en España, en México y otros países.

¿Cree que la comunidad internacional le ha fallado a Nicaragua? ¿Por qué no hay más presión internacional?

Sí. El caso de Nicaragua es interesante porque, cuando yo trabajé hace 45 años en ese país, la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, decía que Centroamérica era el centro del mundo.

Centroamérica es hoy una región que vive en el olvido, y esto favorece la impunidad y a los gobiernos autoritarios.

Desde hace cuatro años, mi equipo ha dado recomendaciones.

Se ha sugerido que un grupo de países lleve a Nicaragua a la Corte Penal Internacional por violaciones a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas.

Uno de los abusos más graves del gobierno es la privación arbitraria de la nacionalidad de personas, entre las que se encuentran excandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos y exsandinistas como Sergio Ramírez.

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Nicaragua es un país reducido al silencio y ahora el gobierno intenta silenciar a la diáspora en el exilio".

Es una violación flagrante de una convención muy importante, la Convención de 1961, que busca evitar que las personas queden sin nacionalidad, y estamos tratando de alentar a que un Estado lleve a Nicaragua a la Corte Penal Internacional, pero sabemos que llevar el caso a La Haya requiere una inversión de capital político, económico y diplomático.

Hay muchos países que han impuesto sanciones individuales contra los líderes más implicados en crímenes, y eso ya es muy importante.

Pero es muy frustrante, sobre todo para las víctimas y el pueblo de Nicaragua, ver que, con lo que está pasando en Irán, Gaza y Venezuela, es como si el mundo se hubiera olvidado de ellos.

Recientemente, líderes políticos estadounidenses han hecho declaraciones duras sobre Cuba. Desde el Derecho internacional, ¿qué implicaciones tendría cualquier intento de intervención externa en un país como este?

Eso depende del tipo de intervención. Yo condené la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Como cazador de dictadores, siempre me agrada ver a un dictador esposado, pero no a cualquier costo.

Primero, no creo que la detención haya sido para juzgar Maduro por las violaciones de derechos humanos que se le atribuyen.

La intervención de EE.UU. en Venezuela no tuvo nada que ver con la democracia y con la geopolítica, y se llevó a cabo en violación flagrante del Derecho internacional.

Ahora, yo creo que lo mismo aplica en el caso de Cuba. El pueblo de Cuba no merece continuar viviendo así, pero una intervención militar no es la solución.

Como humanista y abogado de derechos humanos, no podría apoyar una intervención militar.

Entonces ¿qué otras opciones hay para abordar casos como los de Venezuela y Cuba?

Creo que, justamente, como en Nicaragua, uno se podría preguntar dónde está la comunidad internacional.

Pero no deberíamos tener que elegir entre olvidarnos de un país o intervenir. No debería ser una elección binaria.

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@realdonaldtrump

Creo que la intervención de EE.UU. en Venezuela no tuvo nada que ver con la democracia ni con los derechos humanos; estuvo más relacionada con los intereses estadounidenses".

Se puede hacer presión en contra de los líderes, aislarlos diplomáticamente. Estamos viendo en Nicaragua que los grupos de derechos humanos y de prensa más eficaces han perdido toda la ayuda estadounidense o buena parte de la ayuda.

Hay que apoyar a las fuerzas democráticas, hay que dialogar.

No tengo la respuesta mágica, pero creo que lo más importante es tener al pueblo, ya sea de Nicaragua, Venezuela o Cuba, en el centro de las preocupaciones.

Yo sé que las instituciones internacionales no lo permiten en este momento, pero en un país donde se están cometiendo graves violaciones, quizá en un futuro se pueda pensar en crear una fuerza multilateral para proteger a las víctimas, pero no multilateral tipo EE.UU. y un conjunto de islas en el Caribe, sino una fuerza multilateral de la ONU.

No podemos seguir observando lo que pasa en un país sin hacer nada, como estamos haciendo con Sudán, por ejemplo.

Lo del aislamiento diplomático y la presión internacional que usted menciona se hizo en el caso de Venezuela. Hay reportes de que incluso se buscó diálogo con Maduro, pero no funcionó.

Es cierto, es cierto.

Pero ¿están los derechos humanos en Venezuela mejor protegidos hoy tras la intervención? No lo sé.

¿Cree que las amenazas externas como las que está haciendo Estados Unidos con Cuba o como se hizo en su momento con Venezuela terminan fortaleciendo o debilitando a los gobiernos autoritarios?

No hay una respuesta definitiva. Es cierto que, durante décadas, el gobierno de Cuba utilizó las sanciones y el embargo estadounidense para limitar los derechos humanos en la isla.

Mira, yo tengo que confesar que la mayoría de mis amigos venezolanos acogieron con beneplácito la intervención, pero hoy en día no sé lo que piensan.

Una encuesta reciente arrojó que en Venezuela hay un creciente descontento con la intervención, porque el gobierno chavista sigue en el poder y la popularidad de Trump en Venezuela también está en picada debido a eso.

Eso no me sorprende, en la medida en que la intervención nunca tuvo como norte el bienestar de los venezolanos.

Coincidió, ciertamente, con el anhelo de los venezolanos de librarse de Maduro, pero fue una coincidencia.

En Cuba es difícil imaginar una situación peor que la actual, pero el historial de intervenciones norteamericanas, no solamente en América Latina, sino a través del mundo, no es muy esperanzador.

¿Qué lecciones puede tomar América Latina del caso Habré?

Que la justicia es posible. Puede que tome tiempo, pero que con imaginación, obstinación y tenacidad se puede lograr.

Hace dos años estuve en Surinam por la condena, en última instancia, del exdictador Desi Bouterse, quien fue juzgado por crímenes cometidos 42 años antes. En el intervalo, había sido electo presidente.

Las víctimas siempre van a querer justicia. Por eso yo creo que la reconciliación es muchas veces una quimera. Una viuda, una madre y un hijo siempre van a querer justicia.

Yo cuento en el libro que el caso de Habré es un fruto directo del caso de Pinochet.

Cuando la Cámara de los Lores [la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido] dijo que Pinochet podía ser arrestado a pesar de su calidad de exjefe de Estado nos dimos cuenta de que la justicia internacional nos podía ayudar a llevar ante la justicia a tiranos y torturadores que parecían fuera del alcance de la justicia.

Pinochet fue arrestado gracias al muy importante trabajo de documentación de la sociedad civil.

Hace la diferencia cuando las víctimas tienen nombres, caras e historias. El caso de un grupo de madres que protesta por los casos de 1.000 víctimas conocidas tiene más fuerza que el de un millón de víctimas anónimas. Y eso también es una ventaja que tiene América Latina.

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