A un año y tres meses de la tragedia del Jet Set, que se cumplen este 8 de julio de 2026, República Dominicana sigue mirando hacia una de las noches más dolorosas de su historia reciente. Lo que inició como una presentación artística del merenguero Rubby Pérez terminó, la madrugada del 8 de abril de 2025, con el colapso del techo de la discoteca, en un hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La tragedia estremeció al país no solo por la cantidad de víctimas, sino por el lugar que ocupaba Jet Set en la vida social dominicana. Durante décadas, el establecimiento fue escenario de encuentros familiares, celebraciones, presentaciones musicales y noches de merengue. Esa madrugada, entre los fallecidos estuvieron el propio Rubby Pérez y figuras conocidas del deporte y la vida pública, como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel.
La noche que cambió al país
El desplome ocurrió mientras cientos de personas se encontraban dentro del local. Durante horas, organismos de socorro, familiares y voluntarios permanecieron en la zona en medio de labores de búsqueda, rescate e identificación de víctimas. La magnitud del hecho convirtió el lugar en un punto de duelo nacional y abrió una discusión sobre seguridad estructural, permisos, fiscalización y responsabilidad empresarial.
Con el paso de los días, las preguntas dejaron de girar únicamente en torno a cómo ocurrió el derrumbe y comenzaron a concentrarse en si la tragedia pudo evitarse. El Ministerio Público sostuvo que los propietarios del establecimiento actuaron con negligencia al no realizar las intervenciones necesarias para evitar el colapso del techo, pese a los problemas estructurales que, según la acusación, afectaban el inmueble.
En qué está el caso judicial
El proceso penal tiene como principales imputados a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. Ambos fueron arrestados en junio de 2025, dos meses después de la tragedia, dentro de una investigación que el órgano acusador vinculó a presunta negligencia en el mantenimiento de la estructura.
Como medida de coerción, el tribunal impuso a los imputados una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica. El caso también fue declarado complejo, debido al volumen de víctimas, querellas, peritajes y elementos de prueba incorporados al expediente.
El pasado 15 de junio de 2026, el juez Reymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la apertura a juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por homicidio involuntario. La decisión descartó, al menos en esa etapa, variar la calificación jurídica a homicidio voluntario, como pedían algunos querellantes, y mantuvo el proceso en el marco de la imputación presentada por el Ministerio Público.
De ser hallados culpables por homicidio involuntario, los imputados podrían enfrentar una pena de hasta dos años de prisión, según el marco legal citado en el proceso. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para el juicio de fondo.
Lo que reclaman las familias
Para muchos familiares, el envío a juicio representa un avance, pero no cierra la herida. Parte de los querellantes ha insistido en que el caso debió ser conocido bajo una calificación más grave, al entender que existían señales previas de deterioro y que el establecimiento continuó operando pese a esos riesgos.
El expediente también ha generado debates sobre la responsabilidad de las autoridades encargadas de fiscalizar edificaciones de uso público. Más allá de la responsabilidad penal individual, la tragedia puso bajo cuestionamiento la capacidad del Estado para supervisar locales de alta concentración de personas y prevenir riesgos estructurales antes de que se conviertan en catástrofes.
Heridas que siguen abiertas
Las secuelas de la tragedia no se limitan al proceso judicial. El Gobierno informó en junio de 2025 que una comisión interinstitucional había intervenido 232 hogares afectados, entre familiares de fallecidos y sobrevivientes. De esos hogares, 151 correspondían a víctimas fallecidas y 58 a sobrevivientes, mientras otros casos no requerían atención especializada al momento del levantamiento.
En esos hogares fueron identificados 174 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad o pérdida parental de uno o ambos padres. El CONANI inició planes individuales de intervención con componentes sociofamiliares, psicológicos, educativos, legales y de salud, incluyendo atención a menores con discapacidad.
La respuesta oficial también incluyó acompañamiento emocional mediante el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y profesionales de la psicología, con atención al duelo, prevención de complicaciones psicológicas y seguimiento a las familias afectadas. Además, el programa Supérate canalizó apoyo económico mediante un Bono de Emergencia de RD$30,000 mensuales por hogar durante seis meses para las familias evaluadas y calificadas.
Una tragedia convertida en memoria nacional
A un año y tres meses, el caso Jet Set sigue siendo más que un expediente judicial. Es una herida colectiva que atraviesa a familias que perdieron padres, madres, hijos, hermanos, parejas y amigos; sobrevivientes que todavía enfrentan lesiones físicas o emocionales; y una sociedad que espera respuestas sobre cómo un lugar tan concurrido pudo terminar convertido en escenario de una tragedia de esa magnitud.
El juicio de fondo será la próxima gran etapa del proceso. Allí deberán debatirse las pruebas, los peritajes, las responsabilidades penales y los argumentos de las partes. Pero, para los familiares, la espera por justicia convive con otra realidad más lenta: la reconstrucción de vidas rotas, duelos inconclusos y ausencias que siguen presentes cada vez que se recuerda la madrugada del 8 de abril de 2025.
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