Cuando llegan las primeras lluvias, crecen los ríos y las comunidades miran el horizonte con inquietud, los uniformes naranjas suelen ser la primera señal de auxilio organizado. En esa presencia temprana se resume el giro que marcó la gestión del doctor Juan Salas al frente de la Defensa Civil y de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE): pasar de una respuesta centrada en el desastre a una política pública orientada a anticiparlo.
El cambio no fue repentino. Se construyó operativo tras operativo, con albergues mejor identificados, brigadas más articuladas y una estrategia nacional que amplió la participación del voluntariado, fortaleció capacidades locales y dio nuevo impulso al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (SNPMR).
Los desafíos de una gestión bajo amenaza constante
La gestión de Salas no transcurrió en calma. Durante ese período, la Defensa Civil tuvo que responder a fenómenos que pusieron a prueba su capacidad operativa, desde el huracán Fiona, que impactó el este y nordeste del país en 2022, hasta la tormenta tropical Franklin, que en 2023 entró por Barahona con lluvias intensas, comunidades aisladas, viviendas afectadas y daños en infraestructuras.
A esos eventos se sumaron vaguadas, inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y temporadas ciclónicas cada vez más exigentes. Cada episodio recordó la vulnerabilidad de un territorio donde una carretera anegada, un puente colapsado o una cañada desbordada pueden aislar comunidades enteras en pocas horas.
Frente a ese mapa de amenazas, la institución debió combinar respuesta inmediata, evacuaciones preventivas, apertura de albergues, levantamiento de daños y coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias, los gobiernos locales y organismos de socorro. Esa presión constante explica por qué la gestión del riesgo comenzó a apoyarse con más fuerza en planificación, tecnología, logística y cooperación internacional.
Más capacidad en el terreno
Con el respaldo del presidente Luis Abinader, la institución sumó camionetas 4×4, equipos especializados y embarcaciones que ampliaron su radio de acción. En provincias vulnerables, donde una carretera anegada o un río desbordado puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde, esa nueva capacidad logística se convirtió en una herramienta clave para proteger vidas.
Entre 2021 y 2026, Salas llevó la gestión del riesgo al territorio. Gobernaciones, alcaldías, gobiernos locales y actores privados fueron incorporados a procesos de capacitación para diseñar planes multiamenaza, mientras la cooperación internacional reforzó la preparación del país frente al cambio climático.
El rostro humano de la respuesta
La transformación también tuvo rostro humano. Miles de voluntarios recibieron mayor protección mediante cobertura de salud, seguro de vida y programas sociales del Gobierno. Así, el primer eslabón de la respuesta, el personal que suele llegar antes a las zonas afectadas, comenzó a operar con mejores condiciones y mayor reconocimiento institucional.
Un país que aprende a anticiparse
Uno de los símbolos más visibles de ese nuevo enfoque fue el Almacén Nacional de Suministros Humanitarios, levantado con apoyo del Programa Mundial de Alimentos y fondos de la Unión Europea. Más que una obra física, el centro representa una apuesta por la previsión: disponer de insumos organizados y listos para llegar allí donde una emergencia los demande.
Ese esfuerzo logístico fue acompañado por un mayor orden institucional. Bajo el marco de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, la Comisión Nacional de Emergencia reforzó su papel rector y apoyó sus decisiones en datos, coordinación interinstitucional y comunicación directa con el Poder Ejecutivo.
Tecnología para mirar el riesgo
El Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), las plataformas digitales, los perfiles de vulnerabilidad, los códigos QR para geolocalizar albergues y los mapas de zonas de peligro comenzaron a servir como herramientas para mirar el riesgo con mayor precisión y reducir la improvisación.
En distintas regiones, las salas de crisis fueron modernizadas y se instalaron cámaras con sensores para monitorear en tiempo real el nivel de los ríos. A ello se sumó el uso de drones en labores de búsqueda, rescate y georreferenciación de zonas vulnerables, recursos que acercan la gestión de emergencias a una lógica más preventiva, visual y dinámica.
El resultado fue una institución con más herramientas para monitorear incidencias, compartir información y coordinar respuestas, con el acompañamiento de agencias internacionales como la FAO.
Del papel a la acción
La actualización del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres ordenó prioridades, reforzó capacidades y consolidó la confianza de organismos internacionales en la respuesta dominicana ante escenarios cada vez más complejos.
La aplicación AlertaDO formó parte de esa nueva manera de comunicar el riesgo. Pensada para acercar información crítica a la ciudadanía, facilitó la emisión de alertas tempranas, la ubicación de puntos vulnerables y la coordinación de acciones preventivas desde los dispositivos de la población.
Formación, ciudadanía e inclusión
En la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI), miles de voluntarios fueron formados en primeros auxilios, rescate y gestión integral del riesgo. Esa capacitación no solo elevó el nivel técnico del personal, sino que también fortaleció el sentido de pertenencia de una red que sostiene buena parte de la respuesta nacional.
La inclusión también tuvo espacio en esta etapa. Con la creación de la Unidad Naranja, la Defensa Civil abrió una ruta pionera para integrar a personas con discapacidad en labores preventivas, ampliar la participación ciudadana y demostrar que la prevención se construye con todos los sectores de la sociedad.
Una gestión con mirada internacional
Otro rasgo distintivo de la administración de Salas fue su mirada más allá de las fronteras. En un país expuesto a huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos asociados al cambio climático, la cooperación internacional se convirtió en una vía concreta para conectar a la Defensa Civil con experiencias, recursos y estándares aplicados en otros escenarios de riesgo.
Las alianzas con organismos como el Programa Mundial de Alimentos, el PNUD, Naciones Unidas, la Unión Europea, la FAO y Global Support and Development se tradujeron en capacitación, asistencia técnica, equipamiento, herramientas digitales y respaldo a proyectos estratégicos. Más que una agenda de relaciones externas, fueron un puente para adaptar conocimientos y recursos globales a las necesidades dominicanas.
Entre los acuerdos formales de ese período figura la renovación del convenio entre la Comisión Nacional de Emergencias y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), orientado a incorporar salud sexual y reproductiva, protección frente a la violencia de género y manejo de datos sociodemográficos en la preparación y la asistencia humanitaria. Salas asumió ese compromiso como una ruta para fortalecer la equidad y la atención a poblaciones vulnerables dentro del sistema nacional de emergencias.
También se registró la entrega del moderno Almacén Nacional de Suministros Humanitarios por parte del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, con respaldo de la Unión Europea. La infraestructura, diseñada bajo estándares internacionales de eficiencia y resiliencia, fue concebida para almacenar alimentos, kits de higiene, frazadas, agua potable y otros insumos esenciales antes y durante emergencias o desastres.
A esos vínculos se sumaron cooperaciones con el PNUD, Naciones Unidas, la FAO, Global Support and Development y otros actores internacionales en capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento logístico, gestión de datos y adaptación climática. En conjunto, esos acuerdos y alianzas ampliaron el margen de acción de la Defensa Civil y elevaron su capacidad de respuesta.
En esa conexión entre lo local y lo global, la Defensa Civil encontró una ruta para profesionalizar equipos, acelerar cambios internos y proyectarse como una entidad más preparada ante amenazas cada vez más complejas.
Liderazgo, coordinación y confianza pública
Más allá de los equipos, las plataformas y las obras visibles, la gestión de Salas se distinguió por un liderazgo basado en presencia territorial, coordinación y cercanía. En los momentos de mayor tensión, cuando las alertas meteorológicas obligaban a activar protocolos y movilizar recursos, la Defensa Civil mostró mayor capacidad de articulación y respuesta.
Ese liderazgo se reflejó en una cultura institucional más ordenada, con procesos mejor definidos y una relación más fluida entre los organismos del sistema de emergencias. La prevención, la mitigación y la respuesta dejaron de verse como esfuerzos aislados y comenzaron a integrarse en una misma arquitectura de protección ciudadana.
También sobresalió el énfasis en la confianza pública. Al fortalecer la comunicación de alertas, visibilizar zonas vulnerables y acercar información útil a la ciudadanía, la institución asumió un papel más pedagógico: no solo asistir después del impacto, sino orientar antes de que el peligro se convierta en tragedia.
La resiliencia comunitaria ocupó un lugar central. Capacitar autoridades locales, involucrar actores privados, formar voluntarios y poner la tecnología al servicio de las comunidades fue una manera de reconocer que la gestión del riesgo no empieza en los centros de mando, sino en los barrios, campos y municipios donde la población convive diariamente con las amenazas.
Una huella más allá del cargo
Juan Salas llegó a la Defensa Civil con una trayectoria política, académica y social. Sale de esa responsabilidad, asociada a un ciclo de modernización que dejó huella en la logística, la tecnología, la planificación, la cooperación internacional y la dignificación del voluntariado. Su gestión, vista desde el territorio, puede leerse como el paso de una institución que llegaba cuando el agua subía a otra que procura llegar antes: con mapas, datos, equipos, alianzas y comunidades mejor preparadas.
Salas fue removido de la dirección de la Defensa Civil por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de agosto, mediante el Decreto 551-26, que a su vez lo designó asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Su salida cerró una etapa marcada por la modernización institucional, la cooperación internacional y el fortalecimiento del voluntariado, pero dejó abierta la huella de una gestión que buscó preparar al país antes de que la emergencia tocara la puerta.
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