El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Fran Soto Sánchez afirmó este martes que los tribunales dominicanos enfrentan una alta carga de procesos relacionados con violencia de género, homicidios y violaciones sexuales, delitos que, según explicó, ocupan una parte importante de los expedientes que llegan al sistema judicial.
Durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que evalúa su desempeño y eventual permanencia en la Suprema Corte, Soto abordó además la diferencia jurídica entre violencia de género y violencia intrafamiliar, a propósito de casos que han sido conocidos por la alta corte. Explicó que la primera puede manifestarse mediante acoso, persecución, agresiones físicas y conductas dirigidas a limitar la autonomía de la mujer.
El magistrado sostuvo que también constituyen expresiones de violencia de género las acciones destinadas a impedir el libre desenvolvimiento de las mujeres, así como aquellas que impliquen su objetivación o una pretensión de apropiación sobre ellas. Bajo ese criterio, señaló que un hecho puede ser considerado violencia de género aunque ocurra dentro de una relación de pareja, por lo que no necesariamente debe clasificarse como violencia intrafamiliar.
Mantiene al día los recursos de casación
Sobre los recursos de casación bajo su responsabilidad, Soto Sánchez afirmó que los mantiene al día y que los presenta dentro de los plazos correspondientes para que las partes puedan emitir sus opiniones.
Durante su evaluación, explicó que la Segunda Sala, especializada en asuntos penales, recibe alrededor de 2,000 recursos de casación cada año, de los cuales unos 400 corresponden a su carga de trabajo. Sostuvo que durante los siete años que lleva en la alta corte no ha recibido una notificación de “pronto despacho” relacionada con los expedientes a su cargo, lo que atribuyó a que mantiene sus asuntos al día.
“De esos recursos que recibo, los he presentado todos en tiempo oportuno para que ellos opinen, año tras año”, afirmó el magistrado, quien también defendió los acuerdos como mecanismo para solucionar procesos penales aun cuando se encuentren en etapa de juicio. Asimismo, defendió las decisiones adoptadas por la Suprema Corte en relación con solicitudes de extradición.
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