Un niño, una niña, sin acta de nacimiento no existe para el Estado. No puede matricularse en la escuela, no puede acceder al sistema de salud con su nombre, no puede, en definitiva, ejercer ninguno de los derechos que la Constitución le garantiza desde su primer aliento. Con esa urgencia como telón de fondo, catorce instituciones del Estado dominicano firmaron este jueves la renovación del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional para el Registro de Nacimiento Dentro y Fuera de Plazo, que extenderá sus compromisos hasta 2030 y transfiere la coordinación general del mecanismo a la Junta Central Electoral (JCE), en reconocimiento de su rol constitucional como rectora del Registro Civil.
El problema que el acuerdo intenta resolver
La República Dominicana ha avanzado en cobertura de registro civil, pero las brechas persisten. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2024), el 3.8% de los dominicanos —unas 1,180 personas— no posee partida de nacimiento, no ha sido registrado o desconoce su estado civil. La cifra puede parecer pequeña en términos porcentuales, pero detrás de cada punto decimal hay familias concretas, en su mayoría asentadas en zonas rurales, bateyes y barrios periurbanos, donde la distancia a una Oficialía del Estado Civil se mide en horas y en dinero que no siempre se tiene.
El problema no es solo de acceso geográfico. En mayo de 2026, durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común celebrados en Los Alcarrizos, vecinos reportaron equipos dañados, largas filas y meses de espera para obtener un acta de nacimiento en la Oficialía local. La burocracia, en esos casos, no es un trámite: es un muro.
La transferencia de mando: la JCE toma las riendas
Uno de los cambios más significativos del nuevo acuerdo es institucional: la coordinación general del Comité de Articulación y Seguimiento pasa del CONANI a la JCE. El argumento es de peso constitucional —la JCE es el órgano rector del Registro Civil— pero también es una señal de que el Estado quiere centralizar la rectoría en la entidad con mayor capacidad técnica y territorial para ejecutarla.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, lo planteó en términos concretos: "La meta es continuar con lo que hemos hecho: que cada niño o niña que nazca en un hospital público o en una clínica privada, salga de ella con su acta de nacimiento debajo del brazo".
En el marco del primer acuerdo —vigente desde el período anterior— se logró la cobertura total de delegaciones de Oficialías del Estado Civil en los hospitales materno-infantiles del país y su expansión progresiva hacia centros de salud privados. El nuevo ciclo apunta a consolidar esos avances y cerrar las brechas que persisten.
Quiénes firmaron y qué se comprometieron a hacer
El acuerdo fue suscrito por los titulares de catorce entidades, con la firma como testigos instrumentales de la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA); la viceministra de Desarrollo y Participación Social, María del Pilar Cañas, en representación del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza; y la magistrada Nancy Salcedo, en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Las instituciones firmantes incluyen al Ministerio de Salud Pública (MISPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Educación (MINERD), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Ministerio Público, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras.
Los ejes del nuevo plan de acción
El plan de acción 2026-2030 prioriza tres líneas:
- Acompañamiento legal gratuito para familias que necesiten registrar nacimientos fuera de plazo.
- Reducción de brechas de subregistro en comunidades vulnerables, con énfasis en zonas rurales y bateyes.
- Avance en la implementación del Número Único de Identidad (NUI), que permitirá una gestión más eficiente de los registros desde el nacimiento.
La presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Pérez Peña, destacó que el primer acuerdo también impulsó "protocolos de referimiento interinstitucional, procesos de capacitación dirigidos a actores clave y mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación y seguimiento", una arquitectura que el nuevo ciclo deberá sostener y profundizar.
¿Sabes lo qué es la tensión demográfica?
La firma de este acuerdo ocurre en un momento de tensión demográfica y política sensible. La República Dominicana registró en 2025 apenas 154,454 nacimientos, frente a los 194,646 de 2021, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La caída sostenida plantea preguntas sobre las condiciones en que se ejerce la maternidad y la paternidad en el país.
Al mismo tiempo, el debate sobre identidad y registro civil en la República Dominicana no puede desligarse de su dimensión migratoria. Desde 2007, más de 270,000 niños nacidos en territorio dominicano han sido inscritos en el Libro de Extranjería de la JCE —el 98% hijos de ciudadanos haitianos—, una categoría que los mantiene en un limbo jurídico que el nuevo acuerdo no aborda directamente, pero que forma parte del mismo ecosistema de exclusión que el Estado dice querer combatir.
La primera dama Arbaje lo resumió con precisión: "Un niño o niña carente de acta de nacimiento encontrará dificultades para ir a la escuela a recibir las primeras enseñanzas". La frase es cierta. Y también es incompleta: las dificultades no terminan en la escuela. Terminan, o no terminan, en la posibilidad de ser ciudadano.
El nuevo acuerdo estará vigente hasta 2030. Su éxito dependerá de algo que los convenios interinstitucionales rara vez garantizan por sí solos: presupuesto sostenido, voluntad política más allá del acto de firma y mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir, con datos públicos y verificables, cuántos niños salieron del hospital con su acta en mano cada año.
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