La implementación de sanciones por la contratación irregular de migrantes, con incentivos para la formalización, es una de las acciones que plantea el informe final del  Consejo Económico y Social (CES), a raíz del  “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”.

Sostiene que la fiscalización y el control son indispensables para garantizar un mercado laboral ordenado, por lo que se acordó fortalecer la inspección del Ministerio de Trabajo, aumentando inspectores y priorizando sectores de alto riesgo.

Plantea diseñar e implementar un sistema nacional de información y monitoreo sobre oferta y demanda laboral, liderado por la ONE, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Infotep, el Instituto Nacional de Migración y los sectores productivos.

Para incentivar la mano de obra nacional, en el informe se propone la implementación de campañas de orientación y formación profesional dirigidas a la población dominicana, incentivando su inserción en sectores dependientes de mano de obra migrante.

Asimismo, la creación de centros regionales de innovación agrícola y fondos de inversión territorial orientados a incorporar trabajadores nacionales en zonas con alta concentración de empleo migrante.

Fiscalizarán la contratación de migrantes

En el informe del CES, se plantea incorporar tecnologías de última generación para fiscalizar la contratación y el cumplimiento de las obligaciones laborales y migratorias, protegiendo la confidencialidad de los datos. También, evaluar facilidades para apertura de cuentas de nómina a trabajadores migrantes en condiciones formales.

Ante el planteamiento de que ninguna política laboral que involucre personas migrantes será sostenible sin un marco migratorio ordenado, predecible y funcional, se plantea: integrar “coherentemente” la política migratoria y la política laboral, armonizando marcos normativos, planificación, sistemas de información y fiscalización.

También, fortalecer técnica, operativa y presupuestariamente la Dirección General de Migración y otras instituciones clave; y fortalecer el sistema de fiscalización y control de la emisión de visados para la población de migrantes extranjeros en el país.

El informe indica, además, que las partes se comprometen a brindar trabajo decente y digno, un dialogo social permanente, equidad territorial y no discriminación, así como productividad con derechos.

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