Un conflicto relacionado con competencias y legalidad afecta actualmente la gestión académica de la Policía Nacional (PN), tras la sanción impuesta al coronel Cecilio Delgado Agramonte, rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).
La medida responde a su negativa de cumplir una orden del alto mando policial que, según se indica, contradice lo establecido por la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Ley 139-01) y vulnera la autonomía académica.
El rector de la entidad superior educativa de la policía fue suspendido de sus funciones por treinta días sin goce de sueldo, presuntamente por rechazar presiones provenientes de la Dirección General Policial para revertir la reprobación académica de un grupo de cadetes que no habrían cumplido con los requisitos mínimos exigidos para aprobar sus evaluaciones.
La sanción aplicada al rector ha generado disgusto dentro de la institución, ya que consideran que la negativa de la máxima autoridad académica de la policía previno posibles sanciones al IPES por parte del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt), entidad encargada de supervisar la calidad en la educación superior.
En la Escuela de Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González se presentó una situación en la que aproximadamente 25 estudiantes no alcanzaron la calificación mínima exigida en una asignatura. De acuerdo con expertos consultados por periodistas de Acento y conforme al reglamento interno, esta circunstancia implica la baja académica o la imposibilidad de continuar los estudios en la institución.
El oficial retirado, que sirvió de fuente, indicó que el IPES, como institución de educación superior, se rige por la Ley 139-01, que establece las bases para la formación académica y exige el cumplimiento de estándares rigurosos.
Ante las quejas presentadas por estudiantes y sus familiares, dos oficiales generales se comunicaron con el rector del IPES con el objetivo de buscar una alternativa que permitiera el reingreso de aquellos alumnos que no aprobaron. No obstante, el rector rechazó cualquier intervención que modificara las calificaciones o los procedimientos establecidos, fundamentándose en la Ley 139-01.
Según el experto, modificar las notas puede tener serias consecuencias legales tanto para el rector como la institución, ya que las calificaciones de los estudiantes de la academia policial ya fueron enviadas a la Conescyt.
El académico que aportó esta información afirma que, aunque el rector fue sancionado internamente por su decisión, dicha acción favoreció la reducción de riesgos significativos para el IPES en el futuro. De acuerdo con el Artículo 29 de los reglamentos de educación superior, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt) tiene la potestad de intervenir o clausurar cualquier institución académica superior que no respete sus estatutos, regulaciones ni lo establecido en la Ley 139-01.
"Esta situación refleja un dilema institucional: el rector, al priorizar el cumplimiento de la ley sobre las presiones internas, evitó exponer al IPES a una posible clausura por parte del Conescyt, y prefirió en su lugar enfrentar una sanción disciplinaria”, destaca la fuente que prefirió permanecer en el anonimato debido a su vínculo con la institución policial.
El caso ha evidenciado las diferencias internas y la incidencia de factores externos que impactan en el sistema educativo policial, generando cuestionamientos respecto a la autonomía académica que debe regir en la gestión del Instituto Policial de Educación Superior.
El especialista advierte que la sanción al rector podría generar confusión entre el profesorado y afectar sus futuras decisiones, pues el temor a ser sancionados influiría en su desempeño educativo en el principal centro de formación policial.
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