Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y exadministrador general del Banco de Reservas, informó este domingo que presentó una demanda en el estado de Florida, Estados Unidos, contra el abogado y comunicador Carlos Rubio.
La acción judicial, según detalló Pereyra en un comunicado difundido en sus redes sociales, responde a presuntos actos de extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes personales y familiares, incluyendo a sus hijos menores de edad.
Pereyra explicó que la decisión de recurrir a la justicia estadounidense se tomó luego de que, tras negarse a entregar una “ayuda económica” solicitada por Rubio, comenzaron ataques sistemáticos en redes sociales dirigidos a dañar su reputación y exponer a su entorno familiar.
“He decidido recurrir a las instancias legales correspondientes, incluyendo jurisdicciones internacionales, con el propósito de proteger mis derechos y los de mi familia, así como de establecer un precedente frente a este tipo de conductas”.Samuel Pereira, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo.
En su declaración, Pereyra subrayó que respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la crítica responsable, pero advirtió que “esas garantías no pueden utilizarse para difundir informaciones falsas ni ejercer presión con fines económicos indebidos”.
El presidente de Refidomsa remarcó que, durante sus años de vida pública, nunca había considerado necesario responder públicamente a ataques, pero que la situación actual lo obligó a actuar debido a la gravedad de las acusaciones y la implicancia directa sobre su familia.
“Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con la exposición pública y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme”, afirmó Pereyra.
El funcionario advirtió sobre el riesgo que estas prácticas representan para la vida institucional del país. “Este tipo de prácticas pone en riesgo la vida institucional del país, porque cuando ciudadanos de bien ven que servir al Estado puede significar que atacan a sus hijos, a su familia o destruyen su honor, muchos deciden no participar”, alertó.
Además, hizo un llamado a empresarios, políticos, funcionarios públicos, periodistas y a todos los sectores de la sociedad a rechazar esquemas de chantaje y extorsión.
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