La República Dominicana formalizó su adhesión a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, un instrumento internacional impulsado originalmente en 2020 durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó Haza; la embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo, Leah Francis Campos; y Bethany Kozma, secretaria de la Declaración de Consenso de Ginebra y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Con la firma, el país se incorpora a una coalición de Estados que promueve principios vinculados a la protección de la vida, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la salud de las mujeres y la soberanía nacional para definir políticas internas.
La adhesión cambia el escenario planteado hasta ahora en el debate público dominicano. Lo que inicialmente era advertido como una posibilidad se convierte en una decisión oficial del Gobierno, con efectos principalmente políticos y diplomáticos.
Qué es el Consenso de Ginebra
La Declaración de Consenso de Ginebra no es un tratado internacional ni una convención. Tampoco crea obligaciones jurídicas vinculantes de manera automática para los Estados que la suscriben.
Su peso está en otro terreno: el político. Al adherirse, los gobiernos asumen una posición común en espacios internacionales sobre temas como la salud de la mujer, la familia, la maternidad, la protección de la vida y el derecho de cada Estado a definir sus políticas conforme a su Constitución y sus leyes.
El documento plantea que no existe un derecho internacional al aborto y sostiene que las decisiones relacionadas con esa materia deben adoptarse de acuerdo con los procesos legislativos nacionales. También reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Para sus promotores, la declaración defiende la soberanía de los países, la vida, la maternidad y la familia. Para sus críticos, funciona como una plataforma internacional de gobiernos conservadores para frenar o limitar avances en materia de derechos sexuales y reproductivos.
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Qué firmó República Dominicana
De acuerdo con el documento de adhesión, la República Dominicana se suma a una comunidad de naciones que reconoce el derecho soberano de cada Estado a definir sus políticas conforme a su marco constitucional, sus leyes y sus circunstancias nacionales.
Durante el acto, el canciller Víctor “Ito” Bisonó sostuvo que la firma representa una expresión de principios consagrados en la Constitución dominicana, entre ellos la igualdad de la mujer ante la ley y su derecho a desarrollar plenamente su potencial.
“Esta firma constituye una expresión de los principios que forman parte de nuestra visión como nación y que están consagrados en nuestra Carta Magna. Creemos en la igualdad de la mujer ante la ley, en su derecho a desarrollar plenamente su potencial y acceder a las oportunidades que le permitan avanzar”, expresó.
La secretaria Bethany Kozma dio la bienvenida al país al grupo de naciones adheridas y afirmó que la participación dominicana fortalece la coalición en el escenario internacional.
“La participación de la República Dominicana fortalece esta coalición de manera significativa y otorga una voz aún más firme a estos principios en el escenario internacional”, aseguró.
Por qué genera debate
La adhesión ocurre en un momento particularmente sensible para la República Dominicana.
El país acaba de promulgar un nuevo Código Penal que penaliza el aborto sin incluir las tres causales reclamadas durante años por organizaciones de derechos humanos, sectores médicos, juristas y grupos feministas: cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, o cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida.
También se produce mientras el Tribunal Constitucional conoce acciones relacionadas con el alcance de ese nuevo marco penal y con disposiciones que han sido cuestionadas por organizaciones sociales y de derechos humanos.
En ese contexto, la firma del Consenso de Ginebra no se interpreta únicamente como un gesto diplomático. Para los sectores críticos de la declaración, puede convertirse en una señal política que refuerce posiciones restrictivas sobre aborto, educación sexual, salud reproductiva y reconocimiento de distintos modelos de familia.
El documento, sin embargo, es presentado por sus promotores como una reafirmación de la soberanía nacional, la protección de mujeres y niñas, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la promoción de políticas favorables a la familia.
Una declaración sin fuerza de tratado, pero con impacto político
Aunque la declaración no obliga jurídicamente al país como lo haría un tratado internacional ratificado por el Congreso Nacional, sí puede influir en la posición dominicana dentro de organismos multilaterales.
El propio documento plantea que los países adherentes trabajen de manera coordinada en espacios internacionales y dentro del sistema de las Naciones Unidas para promover los valores y principios contenidos en la declaración.
Ese punto es relevante porque la República Dominicana participa en foros internacionales donde se discuten compromisos sobre igualdad de género, salud, derechos humanos, población y desarrollo.
La pregunta de fondo es cómo armonizará el país esa nueva adhesión con otros compromisos internacionales ya asumidos, incluyendo aquellos vinculados a la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo adolescente y la protección de derechos.
El antecedente de Protego
Uno de los puntos que más preocupa a organizaciones que han dado seguimiento al tema es la posible implementación de programas derivados del Consenso de Ginebra, como Protego, una iniciativa impulsada por el Institute for Women’s Health (IWH) para traducir los principios de la declaración en políticas públicas.
En países como Guatemala, la implementación de ese marco ha sido vinculada por organizaciones críticas a materiales educativos centrados en la abstinencia y a una visión restrictiva de la salud sexual y reproductiva.
Hasta ahora, el documento de adhesión dominicano no informa sobre la firma de un memorando adicional ni sobre la adopción de un programa específico como Protego. Lo que sí establece es la incorporación del país a la declaración y su compromiso de promover sus principios en coordinación con otros Estados.
Lo que viene ahora
La adhesión dominicana al Consenso de Ginebra abre una nueva etapa del debate nacional sobre salud de la mujer, familia, soberanía, aborto y política exterior.
El Gobierno sostiene que la firma reafirma principios constitucionales y promueve la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas. Los sectores críticos advierten que la declaración puede ser utilizada como respaldo político para limitar derechos sexuales y reproductivos y reforzar una visión única de familia.
La discusión, por tanto, ya no gira en torno a si el país firmará o no. La pregunta ahora es qué efectos tendrá esa decisión en la legislación, las políticas públicas, la educación, la salud y la posición internacional de la República Dominicana.
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