El Ministerio Público de República Dominicana participó en la Reunión de Altos Funcionarios entre la Unión Europea y América Latina celebrada en Bruselas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Durante el encuentro desarrollado los días 18 y 19 de febrero, el procurador adjunto Pedro Frías Morillo representó al país en el marco de la asociación estratégica sobre seguridad y Estado de derecho.
La delegación dominicana reafirmó su compromiso de consolidar a la nación como un hub regional de cooperación judicial y persecución transnacional de delitos.
El representante dominicano advirtió que las organizaciones criminales actuales presentan una estructura de tecnología sofisticada y una diversificación de actividades ilícitas que trasciende al narcotráfico.
Ante la evolución delictiva, el país prioriza el desmantelamiento de las estructuras económicas mediante la aplicación de la nueva Ley de Extinción de Dominio.
Las autoridades informaron sobre el fortalecimiento de las investigaciones financieras paralelas y la creación de órganos especializados para gestionar los bienes recuperados.
Debido a su posición geográfica estratégica en el Caribe, el país asume el reto de mitigar los riesgos asociados al tráfico de drogas y las operaciones financieras ilícitas.
En el ámbito digital, el Estado dominicano avanza en la fase final de ratificación del segundo protocolo del Convenio de Budapest para combatir la ciberdelincuencia.
La agenda técnica incluyó la necesidad de armonizar estándares sobre inteligencia artificial y protocolos de protección de datos con garantías de derechos fundamentales.
La participación en el programa internacional EL PAcCTO 2.0 fue valorada como una herramienta esencial para generar confianza operativa entre ambas regiones geográficas.
La estrategia de colaboración se fundamenta en la interoperabilidad de sistemas, la formación especializada y la reducción de los tiempos de respuesta judicial.
Finalmente, el Ministerio Público destacó que la armonización de normas internacionales es el único camino para garantizar un espacio de legalidad y respeto al ordenamiento jurídico global.
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