La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la medida de coerción consistente en arresto domiciliario contra el coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la denominada operación Lobo, según informó el Ministerio Público.
Tras concluir la audiencia, el abogado de la defensa, Félix Portes, indicó que la decisión será apelada, al considerar que se ha vulnerado el principio de igualdad.
“Vamos a esperar la decisión íntegra para apelar, porque entendemos que hay otros coimputados que ya no están bajo arresto domiciliario y él tiene el mismo derecho a ser beneficiado en igualdad de condiciones”, expresó.
El jurista sostuvo que la Tercera Sala de la Corte de Apelación ha revocado medidas similares a otros implicados en el mismo proceso, por lo que insistió en que no es justo que Pacheco permanezca bajo una medida más gravosa.
“Por el mismo caso, con situaciones incluso más delicadas, hay personas que han sido favorecidas con garantía económica, mientras nuestro representado continúa bajo arresto domiciliario”, agregó.
Ministerio Público: no hay méritos para variar la medida
Por otra parte, la fiscal Rosa María Pichardo explicó que la solicitud de variación de la medida fue rechazada tras evaluarse los riesgos procesales.
“Se solicitó la variación de la medida de coerción que pesa en su contra, la cual fue rechazada, confirmándose el arresto domiciliario”, indicó.
La representante del Ministerio Público señaló que se tomaron en cuenta elementos como el peligro de fuga y la posibilidad de que el imputado, por su condición de coronel activo, pueda interferir en la investigación.
Otros implicados en el caso
En el expediente también figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; así como el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Entre quienes han admitido participación en los hechos se encuentran Quilvio Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, Ramón Quezada Ortiz y Wellington Peralta Santos.
Datos del caso Operación Lobo
Según el Ministerio Público, la red de corrupción habría operado durante más de una década mediante el pago de sobornos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones señalan que el esquema impactó entidades como el Inaipi, Senasa, Edenorte, Edeeste, Edesur y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El órgano acusador sostiene que cuenta con pruebas documentales y testimoniales que vinculan a los imputados con el cobro de sobornos y tráfico de influencias.
Modus operandi de la red
De acuerdo con el expediente, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase) habría sido utilizada como vía para canalizar pagos ilícitos a funcionarios.
Entre los hallazgos, el Ministerio Público destaca transferencias millonarias para facilitar contrataciones, omitir supervisiones y agilizar pagos en distintas instituciones del Estado.
Uno de los casos expuestos involucra a Edesur, donde se habrían transferido más de RD$ 15 millones en sobornos, mientras que en Edenorte, Andrés Pacheco Valera habría recibido unos RD$ 5.1 millones mediante pagos mensuales.
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