La propuesta de descontar salarios a los docentes que participen en protestas ha reavivado el debate sobre los derechos laborales del magisterio y el reconocimiento social de la profesión docente en República Dominicana.
En un artículo publicado en Acento, el educador y articulista José Miguel Fernández sostuvo que iniciativas como la planteada recientemente por el diputado Nicolás Hidalgo evidencian una visión que busca limitar la capacidad de los maestros para defender sus condiciones laborales y expresar sus reclamos.
Argumentó que la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y la libertad sindical constituyen garantías fundamentales reconocidas por la Constitución y diversos instrumentos jurídicos, por lo que considera preocupante cualquier intento de restringir esos derechos cuando se trata del sector educativo.
Falta de reconocimiento social hacia los docentes
Fernández también cuestionó lo que define como una falta de reconocimiento hacia la labor docente, pese a que los maestros tienen la responsabilidad de formar a las generaciones presentes y futuras. Según plantea, mientras la sociedad exige mejores resultados educativos, suele mostrarse crítica frente a las reivindicaciones del magisterio.
En el artículo señala que detrás de cada profesional existe el trabajo previo de un educador y advierte sobre una aparente contradicción entre la importancia que se atribuye a la educación en el discurso público y el trato que reciben quienes ejercen la docencia.
Asimismo, abordó las críticas formuladas por algunos docentes al proceso de Evaluación de Desempeño, sobre el cual se han reportado denuncias de supuestas inconsistencias e irregularidades. A juicio del educador, cualquier mecanismo orientado a mejorar la calidad educativa debe garantizar transparencia y confianza entre los profesionales evaluados.
Sostuvo que los países con mayores niveles de desarrollo han fortalecido históricamente la educación y la figura del maestro, mientras que las sociedades que desvalorizan la labor docente enfrentan mayores dificultades para avanzar en términos sociales y económicos.
El artículo concluye con un llamado a fortalecer el respeto hacia los educadores y a comprender que la defensa de sus derechos laborales y profesionales está vinculada al fortalecimiento del sistema educativo y al desarrollo del país.
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