Propuesta de reforma al Código de Niñez busca fortalecer el sistema de protección, según especialistas

La Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), realizaron el panel "El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia: una reflexión entre especialistas desde múltiples perspectivas".

La actividad fue organizada con el apoyo del Gabinete de Niñez y Adolescencia de la Presidencia de la República (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), reafirmando el compromiso del Estado, el sector productivo y la academia con el fortalecimiento del debate jurídico y la promoción de políticas públicas orientadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.

La rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, ofreció las palabras de bienvenida y destacó la importancia de generar espacios de reflexión académica e interdisciplinaria que contribuyan al fortalecimiento del marco jurídico y las políticas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

Valoró la propuesta de anteproyecto de reforma al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), actualmente en proceso de consulta y validación técnica.

Durante el panel, los especialistas coincidieron en valorar la propuesta de reforma como una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional de Protección, y plantearon retos y recomendaciones para su implementación.

Se enfatizó la necesidad de responder a las nuevas realidades que enfrentan niños, niñas y adolescentes, particularmente los desafíos asociados al ejercicio de la responsabilidad parental y la persistencia de distintas formas de violencia.

Se analizaron aspectos relacionados con la distribución de competencias institucionales, las facultades asignadas al Conani, las medidas de protección y restitución de derechos y diversas disposiciones sobre justicia penal adolescente, incluyendo observaciones sobre la proporcionalidad del régimen de sanciones.

Se destacó el potencial de la propuesta para mejorar la capacidad de respuesta del Estado, al tiempo que se advirtió que su implementación dependerá de la disponibilidad de recursos humanos capacitados, de que se formulen los reglamentos de aplicación y el fortalecimiento de los servicios especializados para garantizar una atención integral a niños, niñas y adolescentes.