República Dominicana se encamina hacia una de las reformas legales más profundas en materia de infancia de las últimas dos décadas. La actualización del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes —la Ley 136-03, vigente desde 2003— ya tiene forma, y sus líneas maestras prometen comenzar el debate público: prohibición expresa del castigo físico en el hogar, una nueva -y necesaria- definición de familia, mediación penal para adolescentes antes de llegar a los tribunales y una reestructuración de fondo del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI).
Las cinco innovaciones fueron explicadas por la abogada y consultora Dilia Leticia Jorge Mera, coordinadora del Libro II (Derecho de Familia) del proceso de reforma, a Acento.com.do, tras un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación organizado por el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el CONANI en febrero pasado.
Jorge Mera, socia de la firma Jorge Mera & Villegas y miembro de la International Academy of Family Lawyers, lideró junto a un equipo multidisciplinario el diagnóstico que sustenta la propuesta. "Esta reforma no nace de intuiciones, sino de la evidencia y de la realidad que vive el país", enfatizó la especialista que ha contribuido al respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
1. El interés superior del niño, de la niña, deja de ser una frase abstracta
La primera innovación apunta al corazón del sistema: convertir el principio del interés superior del niño en un estándar operativo exigible, no en una mera declaración retórica.
La propuesta fortalece su definición en una triple dimensión: como derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo y como norma de procedimiento. Pero va más allá: establece parámetros objetivos de ponderación que obligarán a jueces, fiscales y operadores del sistema a fundamentar sus decisiones con criterios medibles.
Entre los factores que se incorporan está uno que los especialistas consideran revolucionario: la percepción del tiempo en la niñez. Un mes de espera judicial para un adulto no tiene el mismo peso emocional y de desarrollo que para un niño de cinco años. Esa asimetría, hasta ahora invisible para el sistema, quedará consagrada en la nueva ley, de ser aprobada.
"Se trata de que cuando un juez invoque el interés superior del niño, no sea un comodín, sino que tenga que demostrar cómo lo ponderó y por qué su decisión es la que mejor protege a ese niño o niña en concreto", explicó Jorge Mera.
2. Prohibición expresa del castigo físico: sin ambigüedades
Quizás la innovación que mayor debate público generará. La reforma establece de manera expresa la prohibición del castigo físico en todos los ámbitos, incluido el familiar. Se elimina cualquier ambigüedad que pudiera justificar la violencia bajo criterios disciplinarios.
El tema no es nuevo en la agenda dominicana. En julio de 2025, cuando el Senado aprobó el nuevo Código Penal, el GANA y el CONANI enviaron observaciones a la Cámara de Diputados alertando sobre el artículo 124, que en su Párrafo IV permitía la "disciplina física" contra menores bajo criterios de proporcionalidad. Organizaciones de derechos humanos calificaron esa disposición como un retroceso inaceptable.
La reforma a la Ley 136-03 busca cerrar esa brecha de una vez: que el Código de Niñez no deje margen de interpretación. Pegar no es educar, y la ley lo dirá sin rodeos.
Se refuerza así la protección integral del derecho a la integridad de niños, niñas y adolescentes conforme a los estándares internacionales, en línea con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha instado reiteradamente a los Estados a legislar prohibiciones explícitas.
3. Una nueva definición de familia: afecto, cuidado y corresponsabilidad
La tercera clave es una ampliación del concepto de familia con un enfoque de igualdad, dignidad e interés superior del niño, de la niña y de la persona adolescente. La familia deja de definirse exclusivamente por su estructura formal y pasa a entenderse como un espacio de afecto, cuidado y corresponsabilidad.
¿Qué significa esto en la práctica? Que el sistema de protección reconocerá las múltiples configuraciones familiares que existen en la realidad dominicana —familias monoparentales, extendidas, reconstituidas, encabezadas por abuelos u otros parientes— y las evaluará por la calidad del vínculo y el cuidado que ofrecen, no por su conformación.
Es un cambio que dialoga con la realidad demográfica del país. Según datos del CONANI, durante 2025 la institución atendió 27,421 casos de menores en situación de riesgo o vulneración de derechos, incluyendo la acogida residencial de un promedio de 526 niños por mes en hogares de paso. Muchos de esos casos involucran a menores cuyas redes familiares no encajan en el molde tradicional, pero que sí pueden ofrecer entornos protectores.
4. Mediación penal adolescente: justicia antes que castigo
La cuarta innovación introduce la mediación penal adolescente como etapa previa al proceso judicial. Es decir, antes de que un adolescente en conflicto con la ley entre al engranaje formal de la justicia penal, se abrirá un espacio de mediación que busque soluciones restaurativas.
El enfoque contrasta con la tendencia punitiva que domina el debate regional. Mientras en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei impulsó en febrero de 2026 la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, República Dominicana apuesta por un camino distinto: intervenir antes, no castigar más.
La mediación penal juvenil tiene amplio respaldo en la evidencia internacional. Estudios de UNICEF y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) demuestran que los mecanismos de justicia restaurativa reducen la reincidencia, reparan el daño a las víctimas y evitan los efectos nocivos de la institucionalización temprana.
5. Reestructuración del CONANI: un órgano rector con poder
La quinta innovación es institucional y, en muchos sentidos, la que hará posible que las otras cuatro funcionen: una reestructuración orgánica del CONANI para garantizar mayor eficacia y eficiencia.
El diagnóstico reveló lo que muchos actores del sistema ya sabían: existe una fragmentación interinstitucional severa, con ausencia de rutas de actuación unificadas, falta de protocolos comunes de denuncia y respuesta —lo que genera revictimización—, brechas territoriales en el acceso a servicios y una necesidad urgente de formación continua obligatoria para los operadores del sistema.
El Libro IV de la reforma, elaborado por los administrativistas Eduardo Ramos, Paloma Fernández, María Gonzalo y Arturo Villegas, propone rediseñar la arquitectura institucional del CONANI para que funcione efectivamente como órgano rector, con capacidad real de articulación, supervisión y respuesta.
Un diagnóstico construido desde la escucha
Las cinco innovaciones no surgieron de un gabinete cerrado. Jorge Mera detalló que el proceso de diagnóstico tuvo una duración de tres meses —del 1 de septiembre al 27 de noviembre de 2025— y se construyó a través de un ejercicio amplio de consulta:
- 9 encuentros con mesas técnicas especializadas
- 3 encuentros sectoriales con abogados de familia, representantes de agencias de adopción, jueces y fiscales
- 4 entrevistas a profundidad con especialistas: una abogada de protección de NNA, un psicólogo infantojuvenil, un abogado de adopciones y una jueza de la jurisdicción de NNA
- Sesiones interactivas con las áreas estratégicas del CONANI
- Diálogos con sociedad civil, academia y organismos internacionales
El equipo consultor reúne perfiles de alta especialización: constitucionalistas (Félix Tena y Génesis Bello para el Libro I), familiaristas (Jorge Mera y Eva Rodríguez Sarita para el Libro II), penalistas (García y Polanco para el Libro III) y administrativistas (Ramos, Fernández, Gonzalo y Villegas para el Libro IV), con la asesoría de comunicación de Laura Rojas.
Lo que viene: de la propuesta al Congreso
El proceso de reforma, iniciado formalmente en agosto de 2025 con la conformación del Comité Consultivo de Alto Nivel y las Comisiones Técnicas Especializadas, se encuentra ahora en su segunda etapa: la elaboración de la propuesta preliminar de ley. La tercera y última fase será la presentación formal del texto, que deberá ser sometido al escrutinio del Congreso Nacional.
En diciembre de 2025, el CONANI ya había realizado un foro internacional sobre la reforma, donde la presidenta ejecutiva de la institución explicó la hoja de ruta. En febrero de 2026, la presentación a medios de comunicación con la primera dama Raquel Arbaje marcó un nuevo paso en la socialización del diagnóstico.
La Ley 136-03 tiene 22 años. Nació en un país distinto al de hoy: sin redes sociales, sin pandemia, sin los desafíos migratorios actuales, sin el volumen de casos que hoy desborda al sistema.
Las cinco innovaciones propuestas no son cosméticas. Son un intento de poner la legislación a la altura de la realidad —y, sobre todo, a la altura de los niños, niñas y adolescentes que dependen de ella. Dilia Leticia Jorge Mera se siente esperanzada, y prepara una amplia socialización para abril próximo.
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