Al estudiante de término de Derecho y vicepresidente del Club de Debate de PUCMM, Anro Rivas Báez, le ha tocado responder, dice, una pregunta que muchos y muchas se hacen tras la reunión del presidente Luis Abinader con influencers: ¿Qué es la “ley mordaza”? Su respuesta, con más de un millón de reproducciones, parte de una negación frontal del término y de una crítica a la forma en que se ha instalado el debate en las redes sociales.
“Mucha gente me ha pedido que hable de la ley mordaza”, comenta entre risas. Y enseguida plantea su punto central: “Yo me pregunto: ¿cuál ley mordaza?… Lo primero es que yo quiero que ustedes entiendan y dejen de repetir ‘ley mordaza’. No existe una ley mordaza”.
Rivas Báez atribuye la etiqueta a un fenómeno de viralización y simplificación. A su juicio, “muchos dominicanos se han comido el cuento de las redes sociales” porque parte de la conversación pública es empujada por figuras famosas que “tienden a gustar porque son muy disparatosas” y porque —afirma— “simplifican las cosas según su conveniencia y, claro, según sus propios intereses”.
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En su intervención, el estudiante rechaza la idea de que el país esté ante un giro autoritario. “Al parecer ustedes quieren vender o se han dejado vender la idea de que vamos camino a una dictadura. No, no vamos en camino a una dictadura”, sostiene. Y refuerza: “Somos un país democrático y somos un país con instituciones que se están fortaleciendo”.
En contraste, Rivas Báez dirige su crítica hacia un grupo específico de actores del ecosistema digital. Plantea que “los que quieren una dictadura lowkey” serían “este grupo de inadaptados influencers y personas antisociales” que —según su lectura— consideran que “la democracia es una basura” y promueven que “tienen que venir figuras como Bukele a gobernarnos”. “Esos son la gente que quiere una dictadura”, sentencia, en una afirmación que deja marcada su postura política y su diagnóstico del clima en redes.
Más allá del tono, Rivas Báez intenta llevar el foco al propósito de fondo de la normativa a la que se refiere. Según explica, “la ley de fondo lo que hace es que combate la desinformación y las afirmaciones con la que se comparte cierta información en redes sociales”. En esa línea, plantea que el objetivo no sería impedir la crítica a autoridades o figuras públicas, sino exigir responsabilidad al acusar hechos.
¿Puedo opinar negativo de un político, una política?
Para ejemplificarlo, plantea una objeción típica que dice escuchar: “Ahora yo no puedo opinar negativo sobre un político”. Y responde: “Sí puedes opinar cómo se te pegue la gana sobre cualquier persona, siempre y cuando lo hagas desde el margen del respeto y que cuando vayas a acuñarle un hecho a una persona, tenga pruebas de ello”. En su argumentación, esa exigencia no sería censura, sino un estándar mínimo: “Eso es honesto y eso es lo correcto”.
El estudiante insiste en que el foco real de la ley no estaría puesto en el “ciudadano de a pie”. “La ley no te va a afectar a ti como ciudadano de a pie”, afirma, y vincula esa certeza con cómo opera el sistema judicial. “Nuestro sistema de justicia no es un sistema de justicia que puede estar trancando gente a diestra y siniestra. Nosotros somos una democracia, recuérdenlo”.
En su explicación, el control judicial funcionaría como barrera ante abusos: “Las decisiones judiciales la toma un juez. Un juez evalúa, un juez percibe, un juez ve y conforme a la norma, lo que hace es que te juzga”. Y agrega un argumento de capacidad institucional: “Claramente, el sistema de justicia no está para juzgar todo el mundo”.
Entonces, ¿a quiénes apunta, según su versión? “¿Sabe a quién pueden juzgar con esta ley? A dos o tres gatos que se la han pasado desinformando, creando especulación y hechos falsos sobre personas de la función pública”, sostiene.
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En su planteamiento, el problema no se quedaría en la publicación de contenido falso o dañino. Asegura que esas “prácticas injuriosas” se convertirían luego en “extorsión” y “chantaje”. Y describe un mecanismo concreto: tras difundir acusaciones, algunos terminarían —según su relato— presionando por dinero: “Para luego ya decirles: ‘Si tú no me da diez mil dólares, entonces yo no debo decir lo que estoy diciendo’”.
Rivas Báez concluye que ese sería el sentido de la norma: “Para eso es la ley”. En su visión, más que una mordaza, se trataría de un intento de poner límites a la desinformación y de cortar incentivos económicos asociados al escándalo, sin impedir la opinión política ni la crítica, pero exigiendo pruebas cuando se imputan hechos.
¿Por qué el presidente no se reunió con Anro Rivas Báez?
Usuarios y usuarias de redes sociales se preguntan: ¿Por qué el presidente Abinader no se reunió con Anro Rivas Báez? , a raíz del difundido encuentro que sostuvo el primer mandatario con quienes advertían de la "ley mordaza", lo cual ha provocado una revisión expedita del nuevo Código Penal.
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