Poder Ejecutivo depositó en el Senado el proyecto de ley que fusiona Mescyt y Minerd

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que fue depositado en el Senado de la República el proyecto de ley orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd), una iniciativa que impulsa la reorganización del Sistema Educativo Nacional mediante la integración orgánica de ambas instituciones.

En ese orden, destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.

El proyecto establece que el Minerd asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria.

La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos.

Entre las principales novedades del proyecto se destacan la supresión del Mescyt, transfiriéndose al Minerd todas sus funciones, atribuciones y competencias.

Asimismo, la creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.

De igual forma, la actualización de la estructura orgánica del Minerd, consolidando viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad.

Además, el proyecto también establece la implementación de un proceso transitorio ordenado, que incluye reubicación de personal, transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del Minerd.

También la declaración de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.