La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) fue el escenario de un conversatorio académico sobre el proyecto de Ley de Libertad de expresión y medios audiovisuales, una iniciativa que busca reemplazar la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962.
El evento reunió a destacados periodistas y abogados para un análisis profundo de la propuesta.
Fausto Rosario, director del periódico Acento y periodista con más de 40 años de ejercicio, abrió el debate con una afirmación sobre la situación actual de la comunicación frente a la difamación.
"Aquí hemos tenido difamación e injuria durante muchos años. Hemos tenido personas que se han dedicado precisamente a la extorsión, que se han dedicado a difamar, que han utilizado la mentira como una norma", explicó.
El periodista lamentó que la mentira se haya convertido en una herramienta política eficaz. "Lo que se está viendo en República Dominicana, es lo que se ve en muchos otros países, prácticamente en todos los países, y la mentira se ha convertido en un recurso político trascendente, incluso para ganar elecciones", afirmó, citando el ejemplo de las últimas elecciones en Estados Unidos.
Para Rosario, la regulación es un elemento importante y necesario. "No solamente es el fact checking, como una forma de establecer mayor seriedad en el trabajo periodístico. No, es que también hace falta que toda persona que se exprese. No importa el medio a través del cual se exprese".
El director de Acento destacó que, a diferencia de los medios tradicionales que están regulados y tienen una estructura de responsabilidad, las redes sociales permiten que cualquiera pueda "difundir información sin filtros".
"Y entonces eso está en las redes, eso se divulga, eso se viraliza y todo eso se ha convertido en una forma de extorsión, de exageración, de mentira", advirtió.
Rosario subrayó la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación a nivel global, citando el informe del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford. "En Brasil, la credibilidad de los medios es apenas un 32 % porque la gente ha dejado de creer en los medios de comunicación y porque la mentira es la norma", señaló.
El periodista también recordó el intento fallido de despenalización del delito de prensa durante el gobierno de Leonel Fernández, debido a la falta de acuerdo del entonces presidente con la propuesta de la comisión. "Esa fue la razón por la que el proyecto no prosperó".
Proyecto de ley no persigue la censura previa
Aníbal de Castro, director de Diario Libre, y los abogados Eric Raful y Jimena Conde, quienes formaron parte de la comisión redactora, también participaron en el diálogo moderado por la periodista Edith Febles.
Los panelistas coincidieron en que el proyecto de ley no persigue la censura previa, la cual está condenada por la Constitución dominicana, sino la responsabilidad de los mensajes difundidos.
La resistencia al proyecto, según los expertos, se debe en gran medida a la desinformación y a una interpretación errónea de su contenido.
Una de las principales confusiones se generó en torno al Capítulo IV, que regula las "plataformas de contenidos de internet".
Jimena Conde aclaró que el término "plataformas" se refiere a las empresas proveedoras de servicios digitales, como Instagram y X, y no a los usuarios individuales que generan contenido.
"Tendemos a hacer un uso indistinto de la palabra ‘plataforma’, esa es una de las razones por las cuales se decía que era una ley mordaza. Todo lo contrario, nos protege porque todos somos usuarios", explicó.
Eric Raful subrayó que estas grandes empresas ya están altamente reguladas en otras jurisdicciones, como la Unión Europea, precisamente para garantizar la transparencia y evitar la discriminación.
El abogado enfatizó que el proyecto no busca limitar derechos, sino que representa un avance en la protección del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la de los usuarios.
Destacó que el proyecto incorpora el principio de no censura indirecta, prohibiendo el uso de recursos estatales para beneficiar o perjudicar a medios de comunicación por su línea editorial.
Además, resaltó la propuesta de creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un organismo independiente y descentralizado que sustituiría a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, buscando una regulación más transparente y sujeta al debido proceso.
Aníbal de Castro argumentó que la resistencia al proyecto también se vincula al auge de los medios electrónicos y a la falta de una clara distinción entre la libertad de expresión como derecho fundamental y su ejercicio responsable de dicho derecho.
"El ejercicio de una libertad implica responsabilidades. Y mal podría quien utiliza medios masivos no asumir que sus mensajes conllevan consecuencias", afirmó.
La discusión también tocó la protección de la intimidad y la propia imagen, derechos que deben convivir con la libertad de expresión. Se enfatizó la ponderación de derechos en conflicto, donde la autoridad administrativa y judicial debe armonizar los intereses protegidos por la ley y la Constitución, aplicando criterios de idoniedad, necesidad y proporcionalidad.
Proyecto de ley
El proyecto de ley, compuesto por 75 artículos, fue sometido por el Poder Ejecutivo en mayo de este año y actualmente se encuentra en estudio por una comisión especial en el Senado de la República.
La iniciativa busca modernizar la legislación dominicana en materia de comunicaciones, adaptándola a la realidad digital actual.
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