Las propuestas forman parte del documento "Propuestas de modificación de las leyes de Régimen Orgánico Electoral (núm. 20-23) y de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas (núm. 33-18)", presentado durante un encuentro de socialización orientado a contribuir al debate sobre la reforma del sistema electoral dominicano.
La investigación se desarrolla en el marco del proyecto "Laboratorio de Paridad: Fortaleciendo el liderazgo político de las mujeres en República Dominicana (Parity Lab)", ejecutado por Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el apoyo de la Unión Europea.
El estudio busca identificar barreras legales e institucionales que limitan la participación política de las mujeres y formular propuestas para garantizar una representación más equitativa, procesos internos más democráticos y mayor transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas.
Entre sus hallazgos, señala que, hasta agosto de 2026, las mujeres ocupaban menos de un tercio de los puestos en cada una de las máximas directivas de los tres partidos mayoritarios.
También identifica dificultades para acceder a candidaturas y recursos de campaña, así como debilidades en los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
Proponen listas electorales con igual cantidad de mujeres y hombres
Una de las principales recomendaciones del estudio consiste en establecer listas de candidaturas integradas por 50 % de mujeres y 50 % de hombres para diputaciones, regidurías y vocalías en cada demarcación electoral.
La medida estaría acompañada de un mecanismo de alternancia entre mujeres y hombres, desde la primera hasta la última posición de la boleta, con el propósito de evitar que las candidatas sean concentradas en los últimos lugares de las listas.
Según el documento, estos cambios permitirían fortalecer la participación femenina en los procesos electorales y contribuir a una representación política más equilibrada.
Plantean reservar fondos para mujeres y jóvenes
Otra de las propuestas está relacionada con la distribución de los recursos que los partidos políticos destinan a la educación y capacitación de sus integrantes.
El estudio plantea que, de ese presupuesto, se reserve un 30 % para la formación política de las mujeres, otro 30 % para jóvenes de hasta 30 años y el 40 % restante para la militancia en general.
Asimismo, propone establecer registros diferenciados para estos fondos y consecuencias ante su utilización inadecuada o la falta de justificación de los gastos.
En cuanto al financiamiento de las campañas electorales, el documento recomienda que las candidatas reciban una proporción de los recursos públicos que no sea inferior a su participación entre las candidaturas del mismo nivel electivo.
Por ejemplo, si las mujeres representan el 50 % de las candidaturas a diputaciones de una organización política, sus campañas deberían recibir, en conjunto, al menos la mitad de los fondos públicos destinados a esas postulaciones.
Mayor fiscalización del financiamiento político
La investigación también plantea fortalecer los mecanismos de supervisión de los recursos utilizados por los partidos y candidatos durante los procesos electorales.
Entre las recomendaciones figuran establecer plazos claros para la presentación de presupuestos e informes de ingresos y gastos, así como mecanismos para comprobar la información declarada por las organizaciones políticas.
Además, propone que los reportes financieros, auditorías y sanciones firmes sean publicados en formatos accesibles para la ciudadanía, con el objetivo de facilitar el seguimiento al uso de los recursos.
Estas medidas buscan mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la transparencia en el funcionamiento de las organizaciones políticas.
Buscan impulsar cambios en el sistema electoral dominicano
Las propuestas forman parte del trabajo desarrollado mediante Parity Lab, una iniciativa que busca identificar obstáculos a la igualdad política, generar información y promover espacios de diálogo entre organizaciones sociales, partidos políticos y autoridades electorales.
El proyecto también procura fortalecer las capacidades de los distintos sectores involucrados para impulsar reformas institucionales que favorezcan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
La presentación del estudio contó con la participación de representantes de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismos internacionales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Participación Ciudadana invitó a la ciudadanía, los medios de comunicación y los actores del sistema político a conocer las propuestas y contribuir al debate sobre las modificaciones de la legislación electoral dominicana.
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