La Participación Ciudadana reiteró su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción durante la celebración de su trigésima segunda Asamblea General Ordinaria, en la que expresó preocupación por la lentitud en los principales procesos judiciales del país.
En su proclama anual, la entidad advirtió que los retrasos en los tribunales dominicanos amenazan con generar impunidad y debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Señaló que durante el año 2025 se registraron escasos avances, destacando que solo uno de los grandes casos de corrupción ha alcanzado una sentencia de fondo.
Entre los expedientes citados figuran los vinculados a Alexis Medina Sánchez, Adán Cáceres Silvestre, Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero, así como el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que involucra a Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, además del caso Senasa.
La organización sostuvo que muchos de estos procesos permanecen estancados por incidentes, reenvíos y tácticas dilatorias que impiden conocer el fondo de los casos, a pesar de involucrar miles de millones de pesos del Estado.
Asimismo, reconoció avances administrativos en el sistema judicial, aunque lamentó que estos no se reflejen en mayor eficiencia en la resolución de los expedientes.
La extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de los procesos sería un grave signo de retroceso para el país, advirtió la entidad, al tiempo que llamó a que los casos pendientes sean conocidos y decididos durante el año 2026.
Durante la asamblea también fueron aprobados el informe anual del Consejo Nacional, el informe financiero y el plan de trabajo de la organización, además de elegirse los nuevos integrantes del Consejo Nacional para el período 2026-2028.
Los miembros electos fueron Joseph Abreu, Jacinta Valdez, Leidy Blanco, Josefina Arvelo, Betty del Villar, Wilfredo de León, José Ceballos y Alcibíades Moreta, quienes junto a Francisco Álvarez Valdez conformarán el órgano directivo de la entidad.
La actividad contó con la participación de miembros de distintas regiones del país, reafirmando el compromiso de impulsar una ciudadanía vigilante, instituciones fuertes y una democracia más transparente.
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