Varias organizaciones cívicas advirtieron que la Resolución DGM-001-2026, emitida por la Dirección General de Migración (DGM), produciría en la práctica una derogación material de disposiciones aprobadas en favor de miles de trabajadores extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).
La Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau y el Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Moscta) sostuvieron que la medida afecta a personas que cumplieron con los requisitos establecidos por el Estado dominicano durante el proceso de regularización.
El PNRE fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Migración el 23 de noviembre de 2013 y promulgado mediante el Decreto 327-13, del 29 de noviembre de 2013. Su ejecución práctica, incluyendo la recepción y evaluación de solicitudes, se desarrolló durante el período formal comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 28 de febrero de 2015.
Afirman que afecta a miles de beneficiarios
Las organizaciones señalaron que la resolución impacta a miles de inmigrantes con largo arraigo en el territorio nacional, especialmente personas que laboraron durante décadas en sectores donde predominó la informalidad o donde el propio Estado, según indicaron, no impulsó una normalización efectiva de las relaciones laborales.
Entre los grupos más afectados citaron a antiguos trabajadores cañeros y sus familias, muchos de los cuales llegaron al país mediante acuerdos bilaterales entre Haití y República Dominicana.
De acuerdo con la declaración, numerosos cañeros superan hoy los 60 años, algunos están jubilados, otros trabajan de manera informal y muchos de los ingenios donde laboraron ya desaparecieron.
Las entidades cuestionaron cómo podrían esos trabajadores obtener actualmente un nuevo contrato registrado, cuando por su edad o condición laboral ya no califican para una relación formal de trabajo.
Trabajadores agrícolas y de la construcción
La Red Jacques Viau y Moscta también señalaron el caso de los trabajadores agrícolas, al afirmar que la mayoría nunca tuvo contratos registrados ante los órganos competentes, debido a que muchos empleadores no sometieron esas relaciones laborales al régimen legal correspondiente.
Según las organizaciones, muchos de estos trabajadores no podrían renovar su estatus migratorio, no porque hayan incumplido la ley, sino porque sus empleadores, incluido el propio Estado dominicano en determinados contextos, nunca formalizaron la relación laboral con sus colaboradores extranjeros de origen haitiano.
En el caso de los obreros de la construcción, indicaron que la mayoría trabaja por obra y cambia constantemente de empleador, por lo que la exigencia de continuidad laboral contenida en la resolución no toma en cuenta una realidad económica existente durante décadas.
“La Resolución DGM-001-2026 exige continuidad laboral, lo cual no toma en cuenta y excluye una realidad económica que ha existido durante décadas”, expresaron.
Trabajadoras domésticas y vendedores informales
Las organizaciones también citaron la situación de las trabajadoras domésticas, quienes históricamente han laborado sin contratos formales ni registro en sistemas como la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que podría dejarlas fuera de los requisitos exigidos para renovar su estatus.
Asimismo, señalaron que el PNRE permitió regularizar a personas que posteriormente sobrevivieron mediante actividades informales, como vendedores ambulantes.
Sin embargo, advirtieron que la resolución establece que el permiso TT-1 no autoriza ese tipo de actividades y dispone que su incumplimiento podría conllevar la cancelación del estatus migratorio e incluso la deportación.
Para la Red Jacques Viau y Moscta, esa advertencia evidencia el objetivo práctico de la disposición emitida por Migración.
Plantean posible impugnación
Las organizaciones sostuvieron que el efecto práctico de la resolución es que muchos beneficiarios del PNRE, aun habiendo cumplido con los procesos de regularización y renovación promovidos por el propio Estado, podrían perder la posibilidad de continuar renovando su estatus migratorio por no satisfacer requisitos que no formaban parte de las condiciones originales del plan.
Indicaron que esa tensión entre la finalidad del PNRE y la aplicación de la Resolución DGM-001-2026 constituye el núcleo de un posible debate jurídico y constitucional.
En ese sentido, señalaron que el análisis podría ampliarse hasta convertirse en un dictamen jurídico de mayor alcance, con referencias a la Constitución dominicana, la Ley 285-04, el Decreto 327-13, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El propósito, según afirmaron, sería sustentar una eventual impugnación administrativa o constitucional contra la aplicación de la resolución a los beneficiarios del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
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