El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) denunció que presuntos conflictos de intereses están bloqueando una medida de salud pública orientada a garantizar el derecho a la información del consumidor y reducir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en el país.
La entidad recordó que, a finales de 2024, el Ministerio de Salud Pública (Mispas) elaboró una resolución para reglamentar la forma en que debe presentarse la información nutricional al consumidor, como herramienta preventiva frente a condiciones asociadas a la alimentación y al consumo desinformado.
Según Onpeco, la propuesta permaneció más de un año en vistas públicas con la participación de sectores interesados, en busca de consenso y de una línea base informativa que contribuya a disminuir enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
La organización destacó que la iniciativa tiene antecedentes en una propuesta de ley de etiquetado depositada en el Congreso en septiembre de 2019, así como en eventos internacionales auspiciados por la FAO y la OPS, orientados a impulsar una política pública para reducir la mortalidad asociada a la falta de información sobre enfermedades prevenibles.
Onpeco señaló que, de acuerdo con datos oficiales citados por la entidad, siete de cada diez dominicanos fallecen por enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, trombosis cerebral y neumonía, muchas de ellas asociadas a la obesidad y al sobrepeso.
“Ante esa realidad, la información clara en el punto de compra no es un tema comercial, sino una herramienta de prevención”, indicó la organización.
Durante 2025, colectivos como Dominicana Saludable, integrado por sociedades médicas de Cardiología, Neumología, Nutrición y Pediatría, junto a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Onpeco, desarrollaron una labor de abogacía técnica y ciudadana en respaldo a la resolución. En noviembre de ese año se celebró un evento nacional sobre el tema con el Mispas como anfitrión.
No obstante, al iniciar 2026, Onpeco denunció que la resolución fue remitida al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, lo que calificó como un conflicto de intereses al tratarse de una regulación enfocada en advertir riesgos nutricionales.
“Cuando la salud pública se sienta en la misma mesa que el negocio, la norma tiende a diluirse”, expresó la entidad.
Onpeco recordó que la salud pública es un derecho constitucional y que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y a la información.
En ese sentido, llamó formalmente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a devolver el reglamento al Ministerio de Salud Pública para su aprobación y publicación, así como a establecer un cronograma de implementación del etiquetado frontal de advertencia nutricional (EFAN), acompañado de campañas educativas y mecanismos de supervisión.
“Cada mes de retraso significa más consumo desinformado, más enfermedades prevenibles, más muertes evitables y más gasto para las familias dominicanas”, concluye el comunicado.
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