La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió hoy que la organización paramilitar Antigua Orden Dominicana no tiene autoridad alguna como para arrogarse el llamado con tintes de ultimátum que lanzó a los haitianos residentes en Santo Domingo Este (SDE) para que abandonen el municipio en un plazo de diez días.
"Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada, sino es la autoridad a través de los debidos procesos que tiene que agotar. Los llamados lo hace la autoridad; la autoridad que está reflejada en materia constitucional y legal en el orden jurídico nacional, a través de las instituciones que representan las mismas, declaró Raful a los periodistas tras la reunión semanal de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.
Cualquier aviso en torno a las políticas migratorias debe ser dado por las autoridades correspondientes, en este caso y en orden de jerarquía por el presidente de la República, el Ministerio de Interior y Policía y las instancias bajo sus órdenes: la Policía Nacional y la Dirección General de Migración (DGM), reiteró.
La instancia paramilitar Antigua Orden Dominicana, organización uniformada a la que se le atribuye una falsa bandera nacionalista y patriótica, se atribuyó competencia para dar un ultimátum a la población haitiana indocumentada del SDE, especialmente de Katanga de Los Mina, donde recientemente fue asesinado un adolescente presuntamente por dos haitianos.
Los funerales del menor Nauriel Nizael Medina Pérez, de 14 años de edad, fueron aprovechados por estos paramilitares para emitir su ultimátum, desautorizado hoy por la titular del Ministerio de Interior y Policía.
En República Dominicana impera "un estado de derecho, institucionalidad que garantiza los derechos de todas las personas residentes en el territorio dominicano. Cualquier llamado lo tienen que hacer las instituciones correspondientes. Eso se llama institucionalidad y es lo que queremos seguir reforzando para que las personas que viven en el país puedan tener muchos más derechos al momento de solicitar cualquier requerimiento”, reiteró la ministra.
“El presidente de la República ha sido categórico: el respeto de los derechos humanos como principio de las políticas migratorias. Trabajamos constantemente, incluso monitoreando y evaluando las acciones de nuestros agentes migratorios y policiales; se han duplicado los esfuerzos en ese sentido para poder subsanar cualquier situación que pueda perjudicar la integridad de un ser humano, como manda la Constitución dominicana”, indicó Raful asimismo en respuesta a la preocupación expresada reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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