Ministerio Público sostiene que acusación contra Jean Alain tiene 34 líneas de imputación

El Ministerio Público reiteró que cuenta con elementos probatorios para sustentar las 34 líneas de imputación incluidas en la acusación por presunta corrupción administrativa contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros acusados.

El órgano acusador sostiene que la investigación documentó una estructura que habría operado durante la gestión de Rodríguez Sánchez en la Procuraduría General de la República (PGR), con acciones que, según la acusación, estuvieron dirigidas a la sustracción de recursos públicos, lavado de activos y utilización de la institución para fines ajenos a sus funciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, el expediente contempla la presunta sustracción y desfalco de más de RD$ 6,000 millones en perjuicio del Estado. La institución también afirma que el caso reúne una cantidad de líneas de investigación que considera inusual en procesos de corrupción administrativa debido a la diversidad de hechos que atribuye a los acusados.

El Ministerio Público señala a Rodríguez Sánchez como principal acusado y sostiene que habría encabezado una conducta planificada para obtener recursos de manera ilícita y construir una carrera política. También lo acusa de utilizar la estructura institucional de la Procuraduría para esos fines y de ordenar acciones que habrían incluido la destrucción de archivos institucionales.

Las afirmaciones forman parte de la posición del Ministerio Público dentro del proceso judicial y deberán ser sometidas al debate y valoración de los tribunales. La responsabilidad penal de Rodríguez Sánchez y de los demás imputados no puede considerarse establecida hasta que exista una decisión judicial definitiva.

Líneas de investigación y acciones delictivas

El Ministerio Público recordó que la magnitud de los actos de corrupción se refleja en el récord de líneas de investigación documentadas por los equipos de fiscales, las cuales abarcan desde extorsión y sobornos hasta sabotaje informático.

En ese sentido, enumeró las principales líneas de investigación integradas en la acusación:

1.      Comité de Compras y Contrataciones: utilización del Comité de Compras y Contrataciones  como instrumento para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, así como mecanismo de extorsión y manipulación de procesos. Se comprobó que eran falsas decenas de actas del Comité.

2.   Estafa en suministro de alimentos: contratación fraudulenta para proveer a recintos penitenciarios y centros de menores, afectando a más de 27,000 privados de libertad. A través de un entramado de empresas que eran controladas por el acusado Rolando Rafael Sebelén, cuñado de Jean Alain Rodríguez Sánchez.

3.   Maniobras fraudulentas con documentos: falsificación, superposición digital de firmas y sellos para simular actas de sesiones que nunca se celebraron.

4.   Destrucción masiva de archivos: acciones sistemáticas de trituración de documentos públicos de compras ejecutadas en julio y agosto de 2020, con el objetivo de ocultar actos ilícitos.

5.   Contratación fraudulenta del laboratorio de ADN (Inacif): esquema de falsedad y soborno que resultó en la adquisición de equipos inservibles, con pérdidas millonarias para el Estado.

6.   Plan de Humanización: uso indebido del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario (incluyendo el CCR La Nueva Victoria) para captar sobornos millonarios y lavar activos a través de múltiples empresas contratistas. (Se montó un absoluto esquema de corrupción en el que se asignaban las obras con la obligación de entregar sumas millonarias en efectos y a través de empresas y la gran parte en efectivo).

7.    Recepción de información privilegiada y pagos por bienes no entregados para canalizar soborno (AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella).

8.   Desfalco mediante boletos aéreos (Global Tours & Travel): adquisición de pasajes y hospedajes con fines personales y políticos, encubiertos mediante facturas falsas.

9.   Fraccionamiento de contrataciones con fines ilícitos para cobro de soborno: subdivisión sistemática de compras para favorecer a empresas específicas (eludiendo las licitaciones públicas).

10. Financiamiento ilícito de carrera política (CEI-RD y PGR): desvío de presupuesto, nómina e instalaciones públicas para propaganda y proselitismo del Movimiento Político Renovación.

11. Lavado de activos a través de testaferro (sede del Movimiento Renovación): Adquisición de la sede política utilizando prestanombres y pagos en efectivo (US$1,268,500) para ocultar al beneficiario real.

12. Estructura de propaganda y acoso (“Granja de Bots”) financiada con dinero de la corrupción: creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y ejecutar campañas de descrédito contra periodistas y líderes de opinión.

13. Pago masivo de “botellas” a cambio de la devolución del salario: contratación de empleados fantasmas obligados a devolver entre el 85% y el 90% de su salario para destinar esos fondos a financiar la granja de bots.

14. Contratación irregular de asesores internacional (“Los Tequilas”): contratación irregular de asesores mexicanos, pagados mediante entrega en efectivo, transferencias internacionales y sobornos, con el propósito de fortalecer la carrera política del acusado.

15. Línea de sustracción de fondo para pago de asesores de comunicación Pública, S.L.: desvío de millones de pesos para consultorías políticas carentes de productos institucionales verificables.

16. Simulación de capacitaciones institucionales para encubrir pagos por asesoría de imagen y manejo de crisis política: (Desarrollo, Individuo & Organización).

17. Desfalco y fraude en la subasta PSBI-01-2019, de bienes incautados: Disposición irregular, tasación fraudulenta y retención ilegal de bienes incautados en beneficio del acusado, utilizando testaferro.

18.  Desfalco en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados: desfalco millonario mediante cheques emitidos sin fundamento y alteraciones de contratos días antes del cambio de gestión gubernamental.

19. Desvío de evidencias (armas de fuego): sustracción y uso irregular de armas incautadas y no devueltas a la cadena de custodia oficial.

20. Asignación ilícita de bienes incautados: explotación para beneficio personal de inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas, usando sociedades de carpeta.

21. Sobrevaluación en antropología forense: manipulación de informes técnicos para favorecer a suplidores en la compra ilícita de equipos para el Inacif con fondos de cooperación internacional.

22. Estafa en servicios de transporte: creación de múltiples contratos simulados de alquiler de vehículos para apropiarse de fondos públicos.

23. Creación de necesidades ficticias para monopolizar servicios de impresión y desviar decenas de millones de pesos. (Caso ACBS Servicios S.R.L.).

24. Recepción de sobornos (Displa y TRANSFA): estructura de extorsión a proveedores a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos retenidos.

25. Desvío de materiales, sustracción de materiales de construcción adquiridos institucionalmente para ser utilizados en propiedades privadas.

26. Desvío y uso ilícito de bloqueadores de señal (anti-drones): Compra irregular de equipos de seguridad con fondos públicos para uso en eventos políticos y sustracción para el patrimonio personal.

27.  Maquinaria de soborno y estafa: uso de los recursos de la institución para exigir el pago de soborno de manera compulsiva, en algunos casos con amenazas y chantajes contra los beneficiarios por adjudicaciones fraudulentas.

28. Fraude inmobiliario: sobrevaloración millonaria en la compraventa de un solar, cuyos fondos ilícitos se usaron para la compra de un apartamento privado.

29. Sabotaje informático y borrado de base de datos: eliminación de bases de datos, uso de software de espionaje, ataques de ransomware simulados y desvío de contrataciones tecnológicas.

30. Adquisición y equipamiento fraudulento de una Villa en Casa de Campo y un yate, utilizando dinero de soborno.

31. Destrucción e intento de destrucción de miles de documentos y de pruebas, con el objetivo de evitar la persecución y favorecer organizaciones criminales.

32. Adquisición y equipamiento fraudulento de un local para oficina, superior a los sesenta millones de pesos (RD$60,000,000.00).

33. Declaración jurada y enriquecimiento ilícito: ocultamiento masivo de patrimonio (yates, inmuebles, obras de arte) y sobrevaloración de activos para justificar un enriquecimiento desproporcionado.

34. Lavado de activos corporativos: uso de decenas de sociedades fachada e inoperantes para legitimar recursos ilícitos derivados de los actos de corrupción.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso inquebrantable de procurar sanción ante los tribunales contra esta monumental red que generó un daño institucional, económico y moral incalculable al Estado dominicano, así como su deber constitucional de garantizar la recuperación del patrimonio sustraído.