El Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la sentencia que redujo las condenas de varios procesados y absolvió a uno de los imputados en el caso Operación Gavilán, relacionado con una red acusada de borrar y modificar antecedentes penales en los sistemas informáticos de la institución.
El órgano persecutor considera que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional realizó una interpretación inadecuada de la ley al modificar las condenas de 10 años de prisión que habían sido impuestas en primera instancia.
La decisión fue adoptada por los jueces Daneira García Castillo, July Tamariz y Pedro Nolasco, quienes acogieron de manera total o parcial los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados.
El Ministerio Público recordó que, en 2025, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había condenado a 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos del sector público a Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño.
En el caso de Peña Cedeño, la sentencia de primera instancia también establecía una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.
Así quedaron las condenas tras la apelación
Con la nueva decisión, Luis Peña Cedeño fue condenado a dos años de arresto domiciliario, además del pago de una multa de RD$40,000.
Mientras tanto, Pilar Yrenes Medina Trinidad recibió una pena de cinco años, de los cuales tres deberán cumplirse en arresto domiciliario y los dos restantes quedarán suspendidos condicionalmente.
La misma modalidad fue aplicada a José Ramón Quezada Carmona, quien también fue condenado a cinco años, distribuidos en tres de arresto domiciliario y dos de suspensión condicional.
Ambos deberán pagar multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público.
Durante el período de suspensión de las penas, Medina Trinidad y Quezada Carmona deberán cumplir determinadas condiciones, entre ellas mantener informado al tribunal sobre su domicilio, abstenerse de viajar al extranjero y no portar ni tener armas.
La corte advirtió que, en caso de incumplir las reglas establecidas, los condenados deberán cumplir íntegramente las penas suspendidas.
Por otra parte, el tribunal acogió el recurso de apelación presentado por Víctor Gilberto Mercedes Gómez y dispuso su absolución, descargándolo de responsabilidad penal en el proceso.
Ante estas modificaciones, el Ministerio Público informó que recurrirá la sentencia en casación, por considerar que la decisión del tribunal de alzada no aplicó correctamente las disposiciones legales.
Otros condenados en la Operación Gavilán
El proceso judicial también incluyó acuerdos homologados por el tribunal de primera instancia, mediante los cuales otros implicados recibieron condenas con modalidades de arresto domiciliario y suspensión condicional.
Entre ellos figura Mártires Rosario Reyes, condenado a siete años, distribuidos en tres años y seis meses de arresto domiciliario y un período igual de suspensión condicional.
Asimismo, Alfredo Mirambeaux recibió una condena de ocho años, de los cuales seis corresponden a arresto domiciliario y dos a suspensión condicional.
Por su parte, Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco fueron condenados a seis años cada uno, divididos en tres de arresto domiciliario y tres suspendidos.
También fue condenado Domingo Julio Santana a cinco años, bajo una modalidad que combina arresto domiciliario y suspensión condicional de la pena.
En el proceso se dispuso, además, la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, conforme a las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El tribunal de primera instancia también absolvió a Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona.
¿En qué consistía la red desmantelada mediante la Operación Gavilán?
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la estructura criminal se dedicaba a alterar, modificar y eliminar antecedentes penales de personas registradas en las bases de datos de la Procuraduría General de la República.
Según la acusación, los integrantes de la red realizaban estas operaciones mediante accesos ilícitos a los sistemas informáticos, a cambio de pagos en efectivo, depósitos y transferencias bancarias.
Las maniobras permitían eliminar o modificar fichas y registros judiciales, incluidos impedimentos de salida, con el propósito de beneficiar a personas interesadas en ocultar sus antecedentes.
El órgano acusador sostiene que estas alteraciones facilitaron la obtención de documentos y pasaportes, además de permitir que algunos beneficiarios evadieran controles migratorios y judiciales.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes informáticos y financieros, pruebas materiales, documentos oficiales y evidencias digitales para sustentar la acusación.
La Operación Gavilán, puesta en marcha en 2023, permitió desarticular la presunta estructura dedicada a manipular registros penales, uno de los casos de ciberdelincuencia y corrupción investigados dentro del sistema de justicia dominicano.
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